El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.

Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.

En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer “recibió ventajas ilícitas” del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.

El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen “serios indicios” de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas.

En otro informe entregado hoy, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó “obstaculizar investigaciones” y “dejó de comunicar a las autoridades” sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.

Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante.

En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.

Esas grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.

En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.

En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.

Si fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, todo eso quedaría en nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al Supremo a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.

El actual mandato presidencial lo inició el 1 de enero de 2015 Dilma Rousseff, quien fue destituida por irregularidades fiscales el año pasado y sustituida por Temer, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente.

En caso de que la Fiscalía finalmente denuncie a Temer, será la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder sea acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

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Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

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“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.