El gobierno estadounidense invertirá 486 millones de dólares en el desarrollo y la distribución a gran escala de un tratamiento contra el covid-19 del laboratorio británico AstraZeneca, que está en la última fase de ensayos clínicos, anunció el lunes el gigante farmacéutico, publica hoy el portal Infobae con información de AFP.

El medicamento, denominado de momento AZD7442, es una combinación de dos anticuerpos de larga duración derivados de pacientes convalecientes de covid-19, descubiertos por el centro médico de la Universidad de Vanderbilt y de los que AstraZeneca obtuvo la licencia en junio.

Con una inversión de casi 500 millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos contribuirá al desarrollo y distribución de 100.000 dosis para finales de 2020 y podrá adquirir un millón más en 2021, anunció el laboratorio en una comunicación a la bolsa de Londres.

“Este acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos ayudará a acelerar el desarrollo de nuestra combinación de anticuerpos de larga duración que tiene el potencial de proporcionar un efecto inmediato y duradero tanto en la prevención como en el tratamiento de las infecciones por COVID-19”, dijo Pascal Soriot, director ejecutivo de AZ. “Evaluaremos la combinación de anticuerpos en diferentes entornos, desde la profilaxis, el tratamiento ambulatorio hasta la hospitalización, con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables”, añadió.

Este fármaco “avanza rápidamente en los ensayos de fase 3”, añadió el grupo.

Para esta última fase se realizarán dos ensayos “en Estados Unidos y en otros lugares” en los que participarán “6.000 adultos para la prevención de la enfermedad” y “ensayos adicionales en unos 4.000 adultos se centrarán en el tratamiento de las infecciones” por el nuevo coronavirus, precisó.

AztraZeneca, que en paralelo está desarrollando con la Universidad de Oxford una fórmula de vacuna contra el covid-19 considerada como una de las más prometedoras, había anunciado a finales de agosto el inicio de la fase 1 de su fármaco AZD7442, ya fue financiado por el gobierno de Estados Unidos con 25 millones de dólares.

Sin embargo, los ensayos de la vacuna de este laboratorio continúan paralizados en Estados Unidos, tras la interrupción a inicios de septiembre por la enfermedad “inexplicada” de un participante. Un comité independiente analizó el caso y determinó que no se trataba de un efecto secundario de la vacuna, lo que permitió reanudar los estudios en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, India y Japón, pero no en territorio norteamericano.

Según la empresa, continúa trabajando con los organismos reguladores de EEUU “para facilitar el examen de la información necesaria para tomar una decisión sobre la reanudación de los ensayos”.

La OMS ha identificado 35 “vacunas candidatas” actualmente en ensayos clínicos con humanos en todo el mundo. Nueve ya están en la etapa final o a punto de entrar en ella. La Agencia Europea de Medicamentos (AEM) estima “que se podría tardar al menos hasta principios de 2021 para que una vacuna contra el covid-19 esté lista para su aprobación y disponible en cantidades suficientes” para su uso en todo el mundo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.