El líder del cártel de Sinaloa, la más poderosa organización de narcotráfico según EE.UU., no testificó durante su proceso, que se alargó once semanas hasta el pasado febrero, pero hoy sí hizo una declaración ante el juez Brian Cogan antes de que le impusiera la dura sentencia que se esperaba.

Guzmán, de 62 años, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión, tal como pedía la Fiscalía, y también se le ha impuesto la confiscación de unos 12.600 millones de dólares en compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas.

Sobre su encarcelamiento estos 30 meses dijo: “Ha sido una tortura física y mental, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida”.

“Cuando fui extraditado (en enero de 2017) esperaba un juicio justo donde mi fama no fuera determinante para administrar justicia, pero pasó lo contrario”, afirmó hoy el narcotraficante, hallado culpable el pasado febrero de 10 cargos, el principal de ellos mantener una empresa criminal de manera continuada.

El capo también recordó al juez que, tras concluir el proceso, un miembro del jurado cuya identidad se desconoce aseguró en una entrevista con el diario digital Vice que algunos desoyeron las órdenes del juez de no comentar o leer sobre el caso en periódicos o redes sociales.

“Ya que el Gobierno me enviará a una cárcel donde se olvidarán de mi nombre, tomo la oportunidad para decir que aquí no hubo justicia”, subrayó en español el Chapo, que aseguró vivir “una tortura” bajo las extremas condiciones del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en el que lleva dos años y medio.

En una rueda de prensa posterior, los abogados defensores de Guzmán, que solicitaron por aquel motivo un nuevo juicio, denegado por el magistrado, indicaron que están tramitando la apelación de la sentencia y calificaron el proceso de “espectáculo”.

“Ha habido problemas significativos relacionados con la moción para un nuevo proceso, la extradición, la reducción de los contrainterrogatorios… que nunca he visto en 28 años. Nunca se me había limitado tanto como en este caso pero lo entiendo, esto fue un espectáculo”, afirmó el letrado Jeffrey Lichtman.

El letrado ironizó sobre la multa millonaria que se le ha impuesto a su cliente y dijo que es “una ficción, parte del espectáculo” y que el Gobierno de EE.UU. primero “tiene que cobrar el primer dólar” de unos activos que duda que Guzmán posea, ya que las autoridades los buscan desde “hace décadas”.

Lichtman se refirió también a la “maldición” que sufre la mujer del Chapo, Emma Coronel, “no solo como esposa sino como madre de sus dos queridas hijas, que son inocentes” y que “no han podido abrazar a su padre en años” debido a las altas medidas de seguridad de la prisión neoyorquina.

El abogado elevó el tono al revelar que otros compañeros de profesión le recomendaron “proteger” su carrera y dijo “que le jodan a eso, estoy aquí para proteger los derechos constitucionales, lo siento si ofendo a alguna gente pero estoy aquí para hacer mi trabajo”.

De cara a la reclusión del Chapo en el penal de máxima seguridad ADX Florence, cercano a Denver (Colorado), donde se espera que pueda pasar el resto de sus días, Lichtman sentenció: “Pueden enterrar a Joaquín Guzmán bajo toneladas de metal en Colorado y hacerlo desaparecer, pero nunca se desharán del hedor de este veredicto”.

“Ninguna persona sensata que analice los hechos de los casos contra Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal”, dijo el mandatario en un comunicado, en el que calificó las acusaciones de “error judicial”.

La medida seguramente provocará nuevos custionamientoas sobre la independencia del sistema judicial estadounidense, especialmente en momentos en que el presidente electo Donald Trump, que asumirá el 20 de enero, ha nombrado a colaboradores leales al frente del FBI y el propio Departamento de Justicia.

El hijo de Biden fue hallado culpable a comienzos de este año de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma, lo que es considerado un delito grave, y también aceptó su culpabilidad en otro juicio por fraude fiscal.

Biden había dicho en repetidas ocasiones que no intervendría en los problemas legales de su hijo, de 54 años.

“Dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso cuando vi cómo mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta”, zanjó el mandatario demócrata en la declaración de este domingo.

“Los cargos en sus casos se dieron justo después de que varios de mis opositores políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección”, agregó.

“Creo en el sistema de justicia, pero como he luchado con esto, también creo que la política infectó este proceso e indujo a un error judicial”, añadió el presidente.

En una declaración a los medios estadounidenses, Hunter Biden, quien ha luchado contra la adicción a las drogas, aseguró nunca dará “por sentada la clemencia” que se le otorgó y que dedicará la vida que ha “reconstruido” a “ayudar a quienes todavía están enfermos y sufriendo”.

- Acuerdo fallido -

Los presidentes de Estados Unidos han convertido en tradición utilizar los indultos para ayudar a familiares y otros aliados políticos.

Bill Clinton indultó a su medio hermano por antiguos cargos de posesión de cocaína y, durante su primer mandato, Trump perdonó al padre de su yerno por evasión fiscal, aunque en ambos casos ambos ya habían cumplido sus penas de prisión.

Hunter Biden se declaró culpable en un juicio por evasión fiscal en septiembre, y se enfrentaba a hasta 17 años de cárcel. Por la acusación separada de posesión de armas, afrontaba 25 años de prisión.

La revelación de las dos sentencias estaba prevista para mediados de diciembre.

Sus abogados han sostenido que Hunter fue llevado ante la justicia únicamente por ser hijo del presidente.

El hombre pagó los impuestos atrasados, así como las multas impuestas por las autoridades, e incluso llegó a un acuerdo de culpabilidad que lo habría mantenido fuera de la cárcel, aunque el pacto se vino abajo a último minuto.

Su caso ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado de la familia Biden, especialmente durante este año electoral en el que los republicanos han denunciado que Hunter Biden fue tratado con demasiada indulgencia.

Fuente: AFP

Tras una enorme pancarta inicial en la que se leía “Mazón, dimisión”, en referencia al presidente regional valenciano, el conservador Carlos Mazón, “cerca de 100.000 personas” marcharon por el centro de la ciudad, según datos de la Delegación del Gobierno (prefectura) en Valencia.

“Tu negligencia es nuestra desgracia” o “solo el pueblo salva al pueblo” eran algunos de los lemas que se leían en esta protesta convocada por organizaciones locales y sindicales en la capital de la región más afectada por las destructivas riadas, donde hace unas semanas ya participaron 130.000 personas en otra masiva marcha.

“¿Qué falló? Incompetencia. Por eso estamos aquí, porque hay mucho incompetente al que se le está pagando” el sueldo, explicó a la AFP Raquel Ferrandis, una profesora de 55 años de Paiporta, uno de los epicentros del desastre, que portaba una pancarta en memoria de la madre de una amiga fallecida durante la catástrofe.

Las lluvias torrenciales que cayeron el 29 de octubre desembocaron en un violento torrente de agua y lodo que desbordó varias localidades del oeste y el sur de Valencia, arrasando viviendas, locales y decenas de miles de autos a su paso.

La tragedia, cuyas huellas siguen todavía muy presentes un mes después, dejó 230 muertos -222 de ellos en la región valenciana- y cuatro desaparecidos, además de millonarios daños materiales.

“Estoy muy indignada”, afirmaba Maribel Peralta, una profesora de 62 años que portaba una pancarta contra el presidente regional, a quien muchos afectados acusan de falta de anticipación y competencia en la gestión de la emergencia.

“La gente que lo ha perdido todo, a ver cómo vive. La gente que ha perdido el negocio, a ver cómo vive. Las ayudas no llegan”, agregaba esta vecina de Valencia que también había acudido a la masiva primera marcha del 9 de noviembre.

En aquella protesta, celebrada en plena conmoción tras el desastre, los manifestantes ya pidieron la salida de Mazón -quien ha descartado de momento dimitir-, y lanzaron reproches igualmente a la gestión por parte del gobierno central de Pedro Sánchez, quien también recibió críticas este sábado por no haber sido más contundente.

Fuente: AFP

Orsi dijo que “la mayor parte de la reunión” con Lula estuvo dedicada a analizar la “situación y las posibilidades” del Mercosur para sellar el acuerdo que negocia con la Comisión Europea en medio del rechazo férreo de varios países del bloque, como Francia.

“Como Mercosur y como región somos optimistas en la posibilidad de seguir estrechando lazos con otras regiones y fundamentalmente con Europa”, afirmó el uruguayo a periodistas tras el encuentro en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña.

Fue una “conversación entre amigos”, añadió Orsi, del izquierdista Frente Amplio, que realiza su primer viaje al exterior desde su victoria electoral el domingo.

Lula recordó su buena relación con los expresidentes uruguayos de izquierda Tabaré Vázquez y José “Pepe” Mujica, según una nota de la presidencia brasileña.

El avance de esas negociaciones con la UE será discutido la semana que viene en la 65ª cumbre del Mercosur, en Montevideo, a la que asistirá Lula.

Orsi también estará en la cita del bloque suramericano invitado por el mandatario saliente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

La elección de Orsi, delfín de Mujica, representó el regreso de la izquierda al poder en Uruguay tras cinco años de gobierno de centroderecha.

En Brasil es visto como un aliado de Lula en la región, en contraposición al mandatario ultraliberal argentino Javier Milei.

Orsi y Lula conversaron sobre temas sociales así como “los desafíos del Mercosur y la convicción de que Uruguay es muy importante para Brasil”, según un comunicado del equipo del presidente electo uruguayo.

Los términos del pacto entre los 27 países de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercado Común del Sur, se acordaron en 2019, pero varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, lo rechazan, bajo presión de sus sectores agrícolas.

Fuente: AFP