Osório José Lopes Júnior, de 43 años, se presentaba como un pastor evangélico y llevaba un ostentoso tren de vida en Brasil: se trasladaba con guardaespaldas en helicópteros y coches de lujo, mientras exigía pagos a sus fieles.

A los incautos los cazaba en las iglesias y en las redes sociales, donde tiene decenas de miles de seguidores en cuentas que desde hace días están desactivadas.

Operação Falso Profeta: presa rede criminosa que abusava da fé alheia, induzindo fiéis a investirem em falsas operações financeiras. Mais de 50 mil vítimas, mais de 150 milhões em movimentação financeira. Saiba mais: https://t.co/Jg5c2wFT8W pic.twitter.com/ngZSpvvnht

— PCDF – Polícia Civil (@pcdf_oficial) September 20, 2023

Las investigaciones de la Operación ‘Falso Profeta’, lanzada esta semana y para la que se movilizaron cerca de 100 agentes, sitúan a Osório como el líder de una banda integrada por decenas de pastores que llevó a cabo estafas financieras contra más de 50.000 personas dentro y fuera del país.  

Tras un día desaparecido, en el que su defensa alegó que “se encontraba de luna de miel”, la Policía le ubicó el jueves escondido en un rancho familiar, en el estado de Tocantins.

Le acompañaba un miembro de su seguridad personal. El pastor, que no se resistió al arresto, es investigado por blanqueo de capitales, falsedad ideológica, evasión fiscal y fraude realizado a través de medios cibernéticos.

Ese mismo día, en el estado de Santa Catarina, María Aparecida Gomes Barbosa, una pastora de 63 años muy próxima a Osório, fue detenida en la vivienda de su hija. La religiosa presuntamente se encargaba de la administración de la red criminal, coordinaba los grupos sociales y ayudaba a los líderes a atraer inversiones.

Falsas operaciones y proyectos humanitarios

Utilizando su condición de autoridades religiosas, en los templos los criminales incentivaban a los fieles a invertir su dinero en falsas operaciones financieras o en proyectos humanitarios que no existían.

A cambio, les prometían retornos astronómicos. Por ejemplo, decían a sus devotos que, por una inversión de 25 reales (unos cinco dólares), podían recibir un “octillón” de reales, una cifra ridículamente alta.

Pero todavía iban más allá. Garantizaban que el negocio contaba con la autorización del exministro de Economía Paulo Guedes y utilizaban en las presentaciones, sin autorización, los logos del Banco Mundial y del Banco do Brasil para dar credibilidad a su esquema.

Operação Falso Profeta: Pastor Osório José Lopes Júnior é o suposto líder de golpistas que fizeram mais de 50 mil vítimas. Grupo prometia lucro de até 1 octilhão de Reais… 😂😂😂😂😂😂 R$ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000… Trechos da reportagem exibida no Fantástico. pic.twitter.com/UarwjoZwx0

— 🅱🆁🆄🅽🅾 🅰🅻🅴🅽🅲🅰🆁 (@Brunocomunika) September 20, 2023

Alto nivel de sofisticación

El nivel de sofisticación era enorme y crearon entidades jurídicas fantasmas para simular instituciones financieras digitales con importante capital declarado.

Los criminales invocaban para convencer a sus víctimas, la mayoría evangélicas, una teoría conspiratoria, ‘Nesara Gesara’, que hace referencia a una serie de reformas económicas propuestas en los años 90 en EE.UU., y que nunca fueron presentadas en el Congreso.

Integrada por unas 200 personas, la banda movilizó 156 millones de reales (unos 30 millones de dólares) en cinco años y creo 40 empresas pantalla y más de 800 cuentas bancarias sospechosas.

A Osório le detuvieron en 2018 y después fue puesto en libertad. En aquel entonces, el pastor fue señalado por estafar a un grupo de creyentes en Goianésia, en el estado de Goiás.

En 2022, el Ministerio Público de Sao Paulo le denunció por malversación de fondos mediante fraude electrónico y alertó que el ‘pastor’ publicaba videos en las redes utilizando pasajes bíblicos para atraer a sus víctimas y realizar estafas financieras.

En su canal de YouTube, donde ha publicado cientos de vídeos, se presenta como un religioso intocable.

“La estafa puede ser considerada una de las mayores jamás investigadas en Brasil, ya que se encontraron víctimas de diferentes clases sociales y ubicadas en casi todas las unidades de la federación”, afirmó Leonardo de Castro, coordinador del Departamento de Combate a la Corrupción y al Crimen Organizado.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.