En esa reunión del Consejo de Seguridad, Japón pedirá “una nueva resolución” para sancionar al régimen de Pyongyang, según fuentes diplomáticas citadas por la agencia Kyodo.

En respuesta a las tres pruebas realizadas con anterioridad por Pyongyang en 2006, 2009 y 2013 el Consejo de Seguridad ya impuso fuertes sanciones al país que limitan de forma estricta sus transacciones internacionales y agudizan su aislamiento económico.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que si se confirma que efectivamente se ha realizado la prueba supondría una clara violación de las resoluciones de la ONU, mientras que EEUU adelantó que en ese caso responderá “apropiadamente”.

“Continuaremos protegiendo y defendiendo a nuestros aliados en la región, incluida la República de Corea (Corea del Sur), y responderemos apropiadamente a todas y cada una de las provocaciones de Corea del Norte”, dijo hoy el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, condenó “enérgicamente” el nuevo ensayo nuclear norcoreano, y aseguró que su país dará una “firme respuesta” ante lo que considera una “grave amenaza” para su seguridad que no va a “tolerar de ninguna manera”.

Abe habló a los medios poco antes de las 04.00 GMT, media hora después de que el régimen de Pyongyang anunciara por su televisión estatal haber realizado su primera prueba con una bomba nuclear de hidrógeno.

“Viola claramente las resoluciones del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas y es un desafío grave contra las medidas que estamos llevando a cabo para lograr la desnuclearización mundial”, insistió el primer ministro nipón.

Abe aseguró que Japón, que recientemente fue designado país miembro no permanente del Comité de Seguridad de la ONU, estrechará su cooperación con Estados Unidos, Corea del Sur, China y Rusia “para tomar medidas integrales”.

Corea del Sur “condena enérgicamente a Corea del Norte por llevar a cabo una cuarta prueba nuclear en una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad”, expresó por su lado el Ministerio de Exteriores de este país en un comunicado.

Seúl se ha comprometido a cooperar con Estados Unidos y otros países para dar las respuestas necesarias, entre ellas ampliar las sanciones que la ONU ya impone a Corea del Norte por sus anteriores ensayos atómicos y de misiles.

La presidenta surcoreana, Park Geun-hye, convocó una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, mientras que las fuerzas armadas elevaron el nivel de alerta de las tropas y extremaron la vigilancia.

China rechazó con firmeza el ensayo atómico norcoreano, y pidió al régimen de Pyongyang que mantenga su compromiso con la desnuclearización de la península coreana.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, anunció que Pekín llamará a consultas a un representante norcoreano, sin detallar si sería el embajador.

Asimismo leyó una declaración en la que, además de expresar la repulsa de su Gobierno, aseguró que “China no sabía nada” con antelación al ensayo.

El tono de esta declaración es el más duro mostrado en mucho tiempo por China hacia Corea del Norte, que tiene en Pekín a su principal apoyo político y económico, pero la relación bilateral está muy lejos de pasar por su mejor momento.

“China cumplirá sus obligaciones internacionales y trabajará con la comunidad internacional para hacer realidad el objetivo de la desnuclearización de la península coreana”, añadió.

Francia, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, también reclamó “una reacción fuerte de la comunidad internacional”, en lo que aparece claramente como un primer paso para endurecer las sanciones contra el régimen norcoreano.

El presidente francés, François Hollande, calificó de “inaceptable” la prueba nuclear y reclamó “una reacción fuerte de la comunidad internacional”.

En Taiwán, el presidente Ma Ying-jeou, convocó una reunión de seguridad al más alto nivel para tomar medidas y pidió a las unidades de seguridad nacional que sigan muy de cerca la situación, dada la relativa cercanía de la isla a Corea del Norte.

Por último, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pidió a Corea del Norte que se involucre de nuevo en un diálogo con la comunidad internacional y ponga fin a su “comportamiento ilegal y peligroso”.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 2,15%, hasta los 87,07 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 dólares por barril.

Los analistas siguen divididos sobre la cantidad de petróleo que logra atravesar el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán multiplican sus declaraciones, afirmando cada uno controlar este paso estratégico.

“Actualmente, desconocemos con exactitud la cantidad de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz”, señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Sin embargo, para los expertos de Eurasia Group, lo que sí es seguro es que “los flujos clandestinos que transitan por Ormuz están aliviando la presión” sobre el mercado.

Un número creciente de buques cisterna opta por cruzar este paso con sus transpondedores AIS apagados, unos dispositivos que permiten la localización de los buques.

Bjarne Schieldrop, analista de SEB, cree que “diariamente transita mucho más petróleo de lo que se pensaba”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que “casi 9 millones de barriles diarios” salen actualmente del Golfo a través del estrecho de Ormuz, una estimación que supera con creces la de muchos analistas.

La perspectiva de flujos de petróleo significativos se ve agravada por la expectativa de una demanda menor que la prevista.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles que prevé para 2026 una caída del consumo mundial de petróleo de 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en un año.

Su estimación anterior proyectaba una disminución menor, de 1 mb/d.

La mayoría de las proyecciones prevén que este año el evento, que eleva las temperaturas y aumenta las lluvias, tenga una magnitud excepcional.

Los estados de emergencia regirán en 607 de unos 1.800 municipios peruanos con el fin de “proteger la seguridad alimentaria”, según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La mayoría de municipios se encuentra en zonas andinas y amazónicas del país.

La norma obliga a las autoridades locales a coordinar con el gobierno para desplegar acciones que reduzcan el “muy alto riesgo existente sobre la población, la agricultura y la ganadería”, así como acciones de respuesta y rehabilitación.

Perú ya había declarado a inicios de julio en estado de emergencia a unos 800 municipios, principalmente costeros, ante el “peligro inminente” de intensas lluvias por El Niño.

La presidenta derechista Keiko Fujimori, que lleva 15 días en el poder, anunció el lunes la conformación de una comisión de ministros y altas autoridades para agilizar obras y acciones de prevención frente a la emergencia climática.

Fujimori recorre esta semana regiones costeras donde el gobierno emprendió trabajos para limpiar cauces de ríos y evitar desbordes.

La última vez que El Niño golpeó Perú fue en 2023, con inundaciones y deslizamientos que causaron 99 muertos.

Más de 9,3 millones de peruanos se encuentran expuestos a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos asociados a El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Fuente: AFP.

El gobierno determinó “hacer uso uso de la emergencia económica”, señaló el mandatario, quien asumió el 7 de agosto con la consigna de no crear más tributos pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado.

De la Espriella también anunció ante la prensa la creación de un fondo para atender a las víctimas del sismo, con “aportes nacionales e internacionales” para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías, así como los cinco aeropuertos que se vieron afectados por el terremoto.

Reiteró que habrá subsidios de arrendamiento y para el pago de servicios públicos de los afectados.

El balance hasta ahora es de 265 fallecidos, 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas. Las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud de 7,4 son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

“Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total en recursos de tesorería y un presupuesto público desfinanciado”, dijo el mandatario.

El grueso de las medidas de la emergencia solo se conocerán cuando el gobierno publique el decreto.

Sin embargo, su finalidad práctica, de acuerdo con la Constitución, es crear nuevos impuestos sin que deban ser aprobados por el Congreso. La medida podrá estar vigente por un periodo máximo de 90 días.

Fuente: AFP.