El tribunal “lo condena a la pena de 128 meses de prisión” y al pago de una multa de 19 millones de dólares, según la sentencia, de 306 páginas.

La jueza del caso, Baloísa Marquínez, también condenó a otras cuatro personas con penas de cinco a ocho años de cárcel, mientras que otros 10 acusados fueron absueltos.

“Todos sabemos que me quieren condenar por intereses políticos, soy inocente, todo mi dinero aportado es lícito y fue demostrado, no tengo relación alguna con dinero ilícito, lo que quieren es inhabilitarme”, contestó Martinelli en la cuenta de Twitter de su partido, Realizando Metas (derecha).

“No quieren que sea tu presidente (pero) voy a seguir luchando por ti y tu familia hasta volver a ser presidente de Panamá”, añadió Martinelli en un video en el que aparece sentado detrás de un escritorio con la bandera panameña.

La fiscalía primera contra la delincuencia organizada había solicitado contra Martinelli la pena máxima de 12 años de cárcel por comprar en 2010, con dinero del Estado, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América.

Se ha probado la comisión de una conducta punible en el delito de blanqueo de capitales”, afirmó el fiscal Emeldo Márquez.

Sin embargo, la defensa de Martinelli anunció que recurrirá el fallo.

“Esperamos que esto sea corregido en segundo instancia, agotaremos todos los recursos legales“, declaró en conferencia de prensa Carlos Carrillo, uno de los abogados del expresidente.

Tanto Martinelli como sus seguidores aseguran que todo se trata de una “persecución política” para evitar que pueda presentarse a las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 2024.

– Fallo histórico –

Según la acusación, la compra de la editorial se realizó a través de un complejo esquema de sociedades donde varias empresas depositaron un total de 43,9 millones de dólares.  

Ese dinero provenía del pago de comisiones, de hasta un 10% sobre el contrato original, en obras de infraestructura durante el gobierno de Martinelli, quien adquirió la empresa con parte de esos fondos, según la acusación.

La sentencia ordena ahora “el comiso a favor del Estado” de las acciones de la Editora Panamá América y de sus instalaciones.  

“Es un fallo de enorme importancia porque rompe con la tradición de impunidad que ha sido la seña de identidad de la justicia panameña, cuando de gran corrupción se refiere”, dijo a la AFP Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional.

El expresidente fue juzgado del 23 de mayo al 2 de junio por este caso, conocido como “New Business” (nombre de una de las sociedades utilizadas para la trama).

“Es un fallo histórico, es la primera vez en la historia de Panamá que un empresario, expresidente y político relevante es condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales y corrupción”, señaló a la AFP el director del diario Metro Libre, James Aparicio.

Martinelli, dueño de una cadena de supermercados, ganó las elecciones de 2009 con un discurso contra la corrupción, aunque al final de su mandato más de una decena de sus ministros fueron detenidos por varios escándalos. 

El exmandatario, extraditado en 2018 desde Estados Unidos, fue absuelto en 2021 en un juicio por presunto espionaje a opositores.

En enero de 2023, Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país de Martinelli y su familia directa por “actos de corrupción significativos”.

– Clave para las elecciones-

El expresidente, de 71 años, tiene en agosto otro juicio por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Pese a todo, Martinelli lidera varias encuestas electorales y ya ha realizado los trámites burocráticos para inscribir su candidatura electoral al frente del partido Realizando Metas.

“Ningún fallo judicial en esta instancia puede ni debe afectar la candidatura presidencial de Martinelli”, afirmó el abogado Carrillo.

Sin embargo, una sentencia en firme sí podría dar al traste con las intenciones de Martinelli.

“Muchas de las personas que estaban ya acariciando la posibilidad de apoyarlo hoy tienen que estar cuestionándose si apostar a Martinelli no sería una mala apuesta”, dijo a la AFP la dirigente de la organización de la sociedad civil, Movimiento Independiente (Movin), Annette Planells.

Que Martinelli pueda o no competir por la presidencia es “determinante” porque es “un personaje clave, que influye en toda la política, incluyendo otros partidos”, agregó a la AFP, la investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, Claire Nevache.

Fuente: AFP

El juicio por la muerte del “Diez” fue suspendido este martes por una semana para investigar si una de los tres jueces del caso, Julieta Makintach, colaboró en el ingreso de cámaras a las audiencias para la producción de un documental sin aprobación de las partes.

“Sí, hubo”, dijo una fuente vinculada a la investigación que pidió anonimato al ser consultada por los allanamientos informados por la prensa local.

El viernes Fernando Burlando, abogado querellante, dijo que el juicio debe reiniciarse porque “nada de lo que se hizo sirve”, tras conocer detalles de los allanamientos que, presuntamente, demuestran la culpabilidad de Makintach, en una entrevista con la emisora local Radio Con Vos.

Sostuvo que pedirá recusar y someter a juicio político a Makintach, y evalúa hacerlo con los otros dos jueces. “¿Me vas a decir que en este tribunal no sabían qué estaba pasando?”, gritó en la entrevista.

“No ofició de jueza, ofició de actriz”, afirmó, tras conocerse videos en medios nacionales -presuntamente del allanamiento- que muestran a Makintach frente a una cámara de filmación en tribunales.

- Juicio mediático -

El juicio, iniciado el 11 de marzo, busca determinar la responsabilidad del equipo médico de Maradona en su muerte.

Se lleva a cabo en un tribunal en San Isidro, al norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca de donde residía el astro del fútbol cuando falleció el 25 de noviembre de 2020.

La policía allanó la noche del jueves dos productoras audiovisuales y cuatro domicilios particulares, detalló la fuente.

Uno de los domicilios está vinculado a una mujer señalada por una de las defensas como realizadora del documental y que asiste al juicio cotidianamente, según el diario La Nación.

Makintach la identificó como “amiga de la infancia”, y negó el vínculo de ella misma o su amiga con un documental, en declaraciones a diferentes medios nacionales.

La jueza enfrenta tres recusaciones de dos defensas: una rechazada y apelada y las otras dos por resolverse el próximo martes cuando se reanude el juicio, en riesgo por este escándalo.

Maradona falleció por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica semanas atrás.

Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente y por la que pueden pasar entre 8 y 25 años en prisión. Una octava acusada será juzgada en otro proceso.

Durante el juicio la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó la potestad de la Universidad de Harvard para matricular a extranjeros, amenazando el futuro de miles de estudiantes y los valiosos recursos que inyectan a la institución.

Pero Harvard presentó una demanda y la jueza Allison Burroughs, del tribunal federal de Massachusetts, prohibió este viernes “a la administración Trump implementar la revocación de la certificación SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio)”.

La medida del gobierno queda suspendida hasta una audiencia judicial preliminar el 29 de mayo.

Más de un cuarto de los alumnos de Harvard son extranjeros.

El presidente Trump está furioso con Harvard, de donde han salido 162 premios Nobel, por rechazar su exigencia de que se someta a supervisión en materia de admisiones y contrataciones.

Para el mandatario, la universidad es un foco de antisemitismo e ideología liberal progresista.

Su administración ya amenazó con revisar 9.000 millones de dólares de financiación gubernamental a Harvard, congeló una primera partida de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales, y deportó a un investigador de la Facultad de Medicina de esa universidad.

Harvard pedía a la justicia “detener la acción arbitraria, caprichosa, ilegal e inconstitucional del gobierno”.

La pérdida de estudiantes extranjeros podría resultar costosa para Harvard, que cobra decenas de miles de dólares anuales en matrícula.

Fuente: AFP

Elias Rodriguez, de 31 años, lanzó esa consigna cuando la policía se lo llevaba después del ataque el miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital, afirmó la fiscalía en un documento judicial.

“Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza”, dijo a los agentes.

El hombre de Chicago hizo una comparecencia inicial en la corte el jueves después de ser acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y asesinato de funcionarios extranjeros.

Si se le declara culpable, podría recibir la pena de muerte.

Las autoridades investigan el tiroteo “como un acto de terrorismo y como un crimen de odio”, afirmó a los periodistas Jeanine Pirro, fiscal federal interina para el Distrito de Columbia.

“Sospecho que a medida que avancemos (...) se agregarán más cargos”, añadió. Se fijó una audiencia preliminar para el 18 de junio.

Los crímenes ocurrieron frente al museo judío, a 1,6 kilómetros de la Casa Blanca, cuando se celebraba un acto para jóvenes profesionales y personal diplomático.

Israel identificó a las víctimas como Yaron Lischinsky, un ciudadano israelí, y Sarah Lynn Milgrim, una empleada estadounidense de la embajada. Dijo que eran una pareja que planeaba casarse.

El tiroteo provocó indignación internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, culpó por el hecho a las críticas europeas hacia su país por la intensificación de su ofensiva en Gaza.

Existe, según él, “una línea directa que conecta la incitación antisemita y antisraelí con este asesinato”.

“Esta incitación también es realizada por líderes y funcionarios de muchos países y organizaciones internacionales, especialmente de Europa”, acusó.

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores francés, Christophe Lemoine, calificó estas palabras de “escandalosas” e “injustificadas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citó “el terrible precio del antisemitismo” y condenó la “incitación salvaje contra el Estado de Israel”.

Poco después del tiroteo, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en las redes sociales que este fue claramente un ataque antisemita.

- “Asesinos en masa” -

El ataque se produjo días después de que el museo recibiera una subvención para reforzar la seguridad.

Todo ello en un contexto de creciente antisemitismo tras la devastadora campaña militar israelí en Gaza a raíz de un ataque del grupo islamista Hamás en octubre de 2023 en Israel, donde mataron a 1.218 personas y secuestraron a otras 251, según datos del Estado hebreo.

Las tensiones han aumentado en Estados Unidos y muchos otros países por la represalia israelí contra Hamás que causó al menos 53.762 muertos en Gaza, según los datos del Ministerio de Salud del gobierno del movimiento palestino que la ONU considera fiables.

Reino Unido y Francia, que han intensificado sus críticas a las operaciones de Israel, condenaron el asesinato, así como Alemania y Emiratos Árabes.

Pero Netanyahu acusó el jueves a Francia, Reino Unido y Canadá de envalentonar a los milicianos, al decir que “quieren que Israel se retire y acepte que el ejército de asesinos en masa de Hamás sobreviva, se reconstruya y repita la masacre del 7 de octubre”.

- “El antisemitismo” -

Rodriguez fue visto caminando fuera del museo. Se acercó a sus víctimas, que estaban de espaldas a él, y disparó 21 veces, según se lee en documentos judiciales.

Tiroteó varias veces a la pareja cuando ya estaban en el suelo y abrió fuego contra Milgrim mientras ella intentaba alejarse.

Testigos contaron que el personal de seguridad al principio confundió al hombre con una víctima y le permitió entrar al museo, donde fue consolado por los transeúntes.

“Lo hicieron sentar. ‘¿Estás bien? ¿Te dispararon? ¿Qué pasó?’ Y él respondió: ‘¡Que alguien llame a la policía!’”, declaró a la prensa Yoni Kalin, quien se encontraba en el sitio.

Lischinsky era investigador en la embajada israelí, mientras que Milgrim trabajaba para el departamento de diplomacia pública, según sus perfiles de LinkedIn.

El jueves un grupo de personas se congregó en el museo para cantar y rezar.

“Obviamente la guerra es horrible”, declaró a la AFP Gil Livni. “(Pero) el antisemitismo, lo siento todos los días (...). Personas que pensé que eran mis amigas demuestran que son antisemitas. Se ha convertido en la norma”.

Hadar Susskind, presidente y director ejecutivo del grupo New Jewish Narrative, describió el momento como “increíblemente doloroso... esta no puede ser la respuesta”.

Fuente: AFP