Desde la irrupción de la pandemia en el país hace un año, esta región fronteriza con Paraguay ha sido objeto de polémica en reiteradas ocasiones por sus medidas extremas para frenar el avance del coronavirus, que van desde el cierre de las fronteras provinciales durante meses hasta la creación de precarios centros de aislamiento para los enfermos y los casos sospechosos de covid-19.

“Lo que está habiendo en Formosa desde hace ocho meses son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, vinculadas al decreto que habilita el aislamiento obligatorio”, cuenta a Efe por videoconferencia Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

REGRESO AL CONFINAMIENTO ESTRICTO

Lo que terminó por minar la paciencia de cientos de formoseños fue el regreso a la fase uno del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) en la capital provincial, decretado el pasado 4 de marzo tras la detección de 17 casos de coronavirus en la ciudad.

La medida, que se extenderá hasta el próximo 18 de marzo, abarca varios tipos de restricciones, como la prohibición de circular sin permiso, la suspensión del transporte interurbano y el cierre de todas las actividades laborales salvo las consideradas esenciales, como la salud o las fuerzas de seguridad.

Como respuesta, cientos de personas salieron a las calles en los últimos días para exigir un “diálogo” con las autoridades provinciales y así poder trabajar, en una provincia con un 42,4 % de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

“Todos los que necesitan trabajar estamos súper mal, ya no podemos vivir con esta situación (…). Lo que estamos pidiendo es trabajar para poder cubrir todas las deudas que estamos teniendo”, relata a Efe Pablo Siddig, integrante de la agrupación Comerciantes Unidos de Formosa.

La dura represión policial marcó la primera jornada de protestas hace una semana, con balas de goma, camiones lanzando agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

“Mi esposa recibió gas lacrimógeno, balas de goma… Mis empleados, todos, todos recibieron balas de goma, hasta balines metálicos en la cabeza, que a uno se lo tuvieron que sacar con una pinza”, comenta Siddig sobre unas revueltas que se saldaron con decenas de personas detenidas.

Tras esa jornada de disturbios, las manifestaciones prosiguieron de forma pacífica durante toda la semana, incluyendo una pequeña protesta el martes frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional.

LA RESPUESTA POLÍTICA

En declaraciones al canal televisivo C5N, el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que el método para encauzar esta situación “no es ni la manifestación violenta ni la represión del Estado”, aunque avaló la decisión de imponer la cuarentena que decretó el gobernador de Formosa, el también peronista Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, quien defiende sus medidas en pro de la salud y critica el ataque mediático en su contra.

“El gobernador me dijo que la actitud de los manifestantes fue particularmente violenta, que quisieron ingresar a la casa de Gobierno… Hay que ser cuidadoso. Pido a todos los formoseños recuperar la paz social”, aseguró Fernández, agregando que la situación sanitaria de Formosa es delicada por su cercanía con Paraguay, país que está viviendo “una escalada de los contagios impresionante”.

Con todo, las principales figuras opositoras han criticado con dureza lo sucedido en Formosa, como es el caso del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que en un tuit tildó de “inaceptable” el accionar policial y pidió una respuesta al Gobierno nacional.

Asimismo, la presidenta de la opositora Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, acudió personalmente a las manifestaciones de la capital formoseña, en donde se le vio disfrazada de presidiaria.

“No hay represión que valga, no hay palazo que valga, lo que tiene que hacer es retroceder el gobernador (Gildo Insfrán)”, subrayó Bullrich en declaraciones al canal TN.

POLÉMICAS MEDIDAS PARA FRENAR EL CORONAVIRUS

La represión policial también levantó críticas entre las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, cuya directora ejecutiva de Argentina, Mariela Belski, califica de “irrazonables” y “excesivas” las últimas restricciones en la provincia.

“En otras provincias no se han tomado estas medidas tan extremas. Las de Formosa son absolutamente extremas”, asevera Belski a Efe por videoconferencia.

Aunque esta no es la primera vez que el organismo denuncia las decisiones de las autoridades formoseñas, caracterizadas por la implantación de medidas muy duras para contener la propagación del coronavirus.

El pasado noviembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la provincia que autorizase el ingreso de miles de ciudadanos varados durante meses, una normativa que el máximo tribunal definió como una “restricción de derechos”.

Otra de las disposiciones más polémicas fue la obligación de permanecer en centros de aislamiento a personas con síntomas leves o inexistentes de covid-19, los cuales, en opinión de Amnistía Internacional, presentaban condiciones “absolutamente insalubres”.

“Hay gente que estuvo más de 45 días encerrada sin ningún tipo de justificación”, señala Mariela Belski a propósito de unos lugares que están dejando de usarse para aislar a los pacientes.

En cualquier caso, la dirigente de Amnistía Internacional Argentina se muestra “medianamente optimista” en cuanto a la posibilidad de que mejoren las condiciones de los formoseños, las verdaderas “víctimas” de todas estas controversias.

“Cuando denunciamos la situación de los centros de aislamiento, el Gobierno intervino y lo resolvió, ¿por qué no voy a pensar que no van a hacer lo mismo ahora? (…). El costo para el Gobierno nacional (de las restricciones formoseñas) es muy alto”, subraya Mariela Belski.

Formosa es, con diferencia, la provincia menos afectada por el coronavirus en Argentina, con 1.428 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

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Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

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“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.