Omar Gabriel Barrientos y Layla Melani Rivero acudieron el martes 7 de febrero de urgencia con su bebé de 21 días a un hospital en Ciudad Evita, en Argentina, sin saber que vivirían la peor pesadilla de sus vidas.

Su hija falleció, y sus padres no solo fueron acusados de asesinarla, sino también de presunto abuso sexual. Ahora la autopsia ha demostrado que la recién nacida sufrió una “asfixia mientras era amamantada”.

El abogado de la pareja, Miguel Ángel Racanelli, explicó a la prensa que prepara una denuncia contra el personal médico del Hospital Balestrini por ofrecer “información errónea”, pues sus responsables de pediatría y neonatología denunciaron que la pequeña presentaba lesiones parecidas a las de un abuso sexual.

[#YAQPA] 🗣️ Los acusaron de matar y violar a su hija, pero son inocentes.

Reviví la nota completa a Gabriel Barrientos y Layla Rivero, padres de Alison, beba de 21 días que falleció en La Matanza, y al abogado de la pareja, Miguel Ángel Racanelli, en
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— Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) February 14, 2023

La denuncia también es contra la Policía por “tortura física y psicológica” durante el periodo de detención de los padres.

“La nena tenía falta de oxígeno porque tenía una cardiopatía congénita que le causó una muerte cerebral. Tenía sangre en las fosas nasales y la boquita porque le fallaron los pulmones. Eso dice la autopsia y el informe del Cuerpo Médico Forense de Junín”, aseveró.

Racanelli también aseguró que denunciará a la dirección del hospital por decir a los medios de comunicación que hubo un abuso sexual.

“La peor tragedia”

Mientras, los padres relataron en una entrevista con Radio con Vos el calvario que pasaron. “Mi hija estaba mal (…) mi pareja me levantó a los gritos. Yo no entendía nada. Traté de asistir a mi hija (…) y salí hacia el hospital”, relató.

Barrientos explicó que ingresaron en el hospital “por una cosa” y salieron “por otra”. “Sin informarnos nada, ni cuando nos llevaron al calabozo (…). Al rato que nos separan, me comentan la peor tragedia, lo peor que me podrían haber dicho, que falleció mi nena, estando preso”, comentó el padre.

Y continuó: “Tanto en el hospital como la comisaría la pasé muy mal. No se lo deseo a nadie. Tanto yo como mi pareja la pasamos muy mal. Fue de terror. Maltrato físicamente y verbalmente en todos los sentidos que te imagines”.

El padre de la bebé explicó que estuvo detenido cinco días y  durante dos jornadas le prohibieron beber agua y comunicarse con sus familiares. “Me decían: ‘A este hay que cortarle la …’ y ahí es cuando yo sospechaba que había pasado algo. Decían ‘este es un abusador”, relató.

“No pudimos despedirla”

Por su parte, su mujer, Layla Melani Rivero, contó que sufrió ataques verbales y físicos. “¿Vos sabés por qué estás detenida? Es porque tu bebé fue abusada”, explicó que le decían.

“En todo momento querían que yo me pusiera en contra de él (…) Jamás me puse en contra de él porque sabía que no había hecho nada (…) Yo conozco a mi pareja. Tenemos 10 años juntos y tres hijos más. Jamás, jamás pasó nada. Yo decía que no en todo momento, porque sabía que no”, contó.

Rivero explicó que la pusieron con las reclusas y le pegaron una paliza “entre 15 y 20 tipas”. “Es lo peor que me pasó en la vida, es mi primera vez en una comisaría, ensuciaron nuestro nombre por todos lados. Ahora salir a la calle me da miedo porque yo no sé cómo van a reaccionará la gente al vernos”, comentó.

Y concluyó: “No pudimos despedirla. No pudimos darle un último beso como padres. Es todo una pesadilla”.

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.

Este miércoles salió a la luz una nueva grabación de un accidente sucedido a comienzos de marzo, en el que un camión de carga estuvo a punto de caer a un río desde un puente en la ciudad estadounidense de Louisville, en Kentucky.

Presentaron las imágenes ante un tribunal que revisa el caso y fueron grabadas por una cámara de la cabina del vehículo afectado, que se estrelló contra la barandilla del puente Clark Memorial y quedó colgando. Su conductora, Sydney Thomas, perdió el control y se desvió luego de que una camioneta que iba por el carril contrario se saliera y chocara de frente a toda velocidad contra el camión que conducía.

Socorristas tuvieron que descender desde el puente para rescatar a Thomas, de 26 años, que estuvo atrapada en la cabina, que pendía a más de 30 metros sobre el río Ohio. El semirremolque que transportaba quedó encajado entre las vigas del puente y evitó que el camión cayera al agua.

De acuerdo con la Policía de Louisville, el accidente involucró a cuatro vehículos. Según registros judiciales, Trevor Branham, de 33 años, fue acusado por haber provocado el accidente. En el material audiovisual se puede ver que este hombre, tras el volante de una camioneta Chevrolet, se desvía del camino para evitar a otro automotor que estaba detenido y cruza a la vía contraria antes de impactar contra el camión de Thomas.

Branham acudió este miércoles a la audiencia preliminar, donde el video fue presentado como prueba de su culpabilidad, y recibió cuatro cargos por poner en peligro sin razón a una persona. También fue acusado de conducir con una licencia suspendida.