“Los números están literalmente fuera de serie, cuando restan al menos tres meses de temporada activa de incendios forestales”, dijo Michael Norton, del Departamento de Recursos Naturales de Canadá.

Las previsiones meteorológicas para las próximas semanas apuntan a temperaturas por encima de las medias estacionales en muchas regiones del país, en el oeste y también en el norte de Quebec, actualmente la región más afectada por los incendios.

Con 9 millones de hectáreas ya arrasadas, lo que representa, 11 veces la media de la última década, el récord anual absoluto que data de 1989 ya ha sido superado con creces.

Un total de 677 incendios estaban activos el viernes (con 13 nuevos focos descubiertos en el día), y 386 sin control.

Unas 155.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en algún momento desde principios de mayo debido a la amenaza del fuego, la cifra más alta en 40 años.

“No es exagerado decir que la temporada de incendios de 2023 es y seguirá siendo un récord en muchos aspectos”, agregó, pues la perspectiva apunta a que el número de incendios se mantenga por encima del promedio durante todo el verano.

El fuego golpea ambos lados del país al mismo tiempo y zonas que no están acostumbradas a los incendios se están viendo también afectadas. Uno solo de los incendios forestales en el norte de Quebec arrasó más de un millón de hectáreas.

“Evacuaciones, mala calidad del aire y alertas de calor extremo: estamos descubriendo los efectos del cambio climático en toda su realidad”, lamentó el ministro de Salud, Jean-Yves Duclos.

La situación ha obligado a las autoridades a solicitar cooperación internacional a un nivel sin precedentes para apoyar a los 3.800 bomberos canadienses desplegados en el terreno, que cuentan también con el soporte de las Fuerzas Armadas canadienses.

En total, más de 3.000 bomberos extranjeros de Nueva Zelanda, Chile, Costa Rica, México, España, Corea del Sur, etc,  están trabajando duro para hacer frente a estos megaincendios que aún podrían mantenerse activos durante meses.

Safina Namukwaya tachó de “milagro” el nacimiento de sus gemelos el miércoles en un centro médico de la capital, Kampala, donde había recibido un tratamiento de fertilidad.

“Es un logro extraordinario”, dijo a la AFP el doctor Edward Tamale Sali, que siguió el embarazo y el parto.

Añadió que la madre y los bebés, una niña y un niño, siguen en observación, pero están en buen estado de salud.

“No hay forma de expresar mi alegría en este momento”, dijo Namukwaya, que vive en una zona rural a unos 120 kilómetros al oeste de Kampala.

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La mujer ya había tenido una primera hija en 2020 tras varios años de intentos infructuosos, que le valieron el apodo de “mujer maldita”.

Con su primer marido, fallecido en 1992, no tuvo hijos.

Su actual pareja, al que conoció cuatro años después, no asistió al parto.

“Quizá no esté contento de que haya dado a luz a gemelos (…) por miedo a las responsabilidades que eso puede conllevar”, declaró Namukwaya.

A mediados de la década de 1970, las dictaduras militares del Cono Sur se unieron para perseguir y eliminar a disidentes de izquierda ( y de otras corrientes democráticas) más allá de las fronteras nacionales, como parte de un plan secreto conocido como “Operación Cóndor”.

Cientos de personas fueron asesinadas bajo este programa de terror estatal apoyado por Estados Unidos, en el que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, sin contar las miles de víctimas de esas dictaduras en sus propios territorios.

En el 50º aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende y puso en el poder al general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, repasamos la guerra encubierta que Chile y otros países libraron contra la izquierda.

La mayoría de los asesinados y secuestrados por la Operación Cóndor fueron detenidos en Argentina, donde muchos militantes de izquierda chilenos, paraguayos y uruguayos se exiliaron antes de que la presidenta María Estela Martínez de Perón fuera derrocada en 1976.

En un garaje de Buenos Aires, militares argentinos y uruguayos detuvieron y torturaron a cientos de disidentes de varios países.

Guyana ve el referéndum como un caso de anexión y pidió a la Corte Internacional de Justicia el 14 de noviembre que detuviera partes de la votación. El tribunal no ha emitido una decisión, pero incluso si falla en contra de Venezuela, el gobierno de Maduro tiene la intención de celebrar las elecciones el domingo.

El área de 61.600 millas cuadradas (159.500 kilómetros cuadrados) representa dos tercios de Guyana. Sin embargo, Venezuela siempre ha considerado a Esequibo como propio porque la región estaba dentro de sus fronteras durante el período colonial español, y durante mucho tiempo ha disputado la frontera decidida por árbitros internacionales en 1899, cuando Guyana todavía era una colonia británica.

El compromiso de Venezuela de perseguir el reclamo territorial ha fluctuado a lo largo de los años. Su interés volvió a despertarse en 2015, cuando ExxonMobil anunció que había encontrado petróleo en cantidades comerciales frente a la costa de Esequibo.

El último capítulo de la disputa ha sembrado la ira entre los residentes de la zona, la mayoría de los cuales son indígenas, contra el gobierno de Guyana. La información sobre el referéndum les ha llegado principalmente a través de publicaciones inexactas en las redes sociales que sólo han creado confusión entre los guyaneses.

“Nos sentimos abandonados como pueblo de esta tierra. No se está haciendo nada por nosotros en este momento”, dijo Michael Williams, un líder indígena de la aldea de Annai en Esequibo. “El gobierno (…) sólo viene cuando quiere nuestros votos. Ahora bien, existe esta disputa. Nadie está aquí para decirnos: ‘Estos son los problemas’. Esto puede llegar. Preparémonos para ello. Estamos negociando. Esperamos lo mejor.’ Nadie vendrá a decirnos eso”.

La frontera en disputa fue decidida por árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos representó a Venezuela en el panel en parte porque el gobierno venezolano había roto relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

Los funcionarios venezolanos sostienen que los estadounidenses y los europeos conspiraron para engañar a su país y arrebatarles la tierra y argumentan que un acuerdo de 1966 para resolver la disputa anuló efectivamente el arbitraje original. Guyana , el único país de habla inglesa en América del Sur, sostiene que el acuerdo inicial es legal y vinculante y pidió a la corte mundial en 2018 que lo dictamine como tal.

Los votantes venezolanos tendrán que responder el domingo si “están de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a la ley”, el límite de 1899 y si apoyan el acuerdo de 1966 “como único instrumento legal válido” para llegar a una solución.