La fiscalía general de la Corte de Justicia de la República (CJR), competente para investigar delitos cometidos por los miembros del gobierno en el ejercicio de sus funciones, anunció la imputación tras más de nueve horas de interrogatorio.

La actual funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también contará ahora con el estatuto más favorable de “testigo asistido”, previo a una eventual inculpación, por “abstención voluntaria de combatir un siniestro”, según esta fuente.

“No dejaré que ensucien la acción del gobierno (…) cuando hemos hecho tanto para preparar nuestro país a una crisis sanitaria mundial que aún dura”, dijo la exministra al llegar en la mañana al tribunal junto a su abogado Eric Dezeuze.

La CJR, que ha recibido unas 14.500 demandas, abrió una investigación en julio de 2020 por la gestión de la crisis por Buzyn, por su sucesor Olivier Véran y por el ex primer ministro Edouard Philippe.

Esta médica de profesión estaba al frente de la cartera de Salud cuando empezaron a aparecer las primeras noticias sobre un virus detectado en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019.

Sin embargo, a mediados de febrero de 2020, abandonó el cargo para ser la candidata oficialista a alcaldesa de París tras la renuncia de Benjamin Griveaux por la filtración de un video de carácter sexual.

Aunque el 24 de enero de 2020 aseguró que “los riesgos de propagación del coronavirus eran bajos”, tras su derrota en la elección municipal reconoció sus temores cuando era ministra sobre la epidemia que se avecinaba.

“Cuando abandoné el ministerio, lloraba porque sabía que la ola del tsunami estaba ante nosotros”, dijo al diario ‘Le Monde’ el 17 de marzo, el primer día de aplicación de un estricto confinamiento en Francia.

Sus declaraciones, confirmadas en junio de 2020 cuando ante diputados franceses dijo haber alertado del potencial “peligro” a la presidencia francesa y al primer ministro, provocaron una oleada de indignación.

La corte decidió abrir la investigación tras admitir demandas sobre la falta de equipos de protección para sanitarios y población al inicio de la crisis o sobre los cambios de criterio respecto al uso de mascarillas.

¿Chivo expiatorio?

La primera ministra de Solidaridad y Salud del presidente francés, Emmanuel Macron, se convierte en la primera responsable imputada en Francia en este caso, siete meses antes de la elección presidencial.

Pese a las críticas iniciales a la gestión del covid, especialmente por la falta de mascarillas, y las minoritarias protestas contra el pasaporte sanitario, la confianza en la acción del gobierno parece mejorar.

Según un sondeo reciente de ELABE para la cadena BFMTV, la preocupación de los franceses sobre la crisis se encuentra en uno de sus niveles más bajos de la pandemia, en un 57%.

Y la confianza en la gestión de Macron sube 3 puntos hasta el 37%, una popularidad superior a la de sus predecesores en el tramo final de mandato, según otro sondeo ELABE para Les Échos y Radio Classique.

El caso de Buzyn sirve, sin embargo, de ariete contra el gobierno cuando la carrera electoral se acelera y, especialmente, contra el mandatario francés, que todavía no confirmó si optará a un segundo mandato.

“Me cuesta creer que sólo un ministro, un poco el fontanero de turno en este caso, tenga que rendir cuentas y no afecte también (….) al presidente de la República”, dijo el diputado izquierdista Alexis Corbière.

Para Sacha Houlié, del partido de Macron, cuando un político “comete errores”, “los primeros jueces son los electores”, sino “se corre el riesgo de paralizar la acción política” y crear un “tribunal popular”.

Desde el inicio de la epidemia, Francia registró más de 6,8 millones de contagios confirmados y la muerte de 115.362 personas por covid-19, según cifras de las autoridades sanitarias hasta el jueves.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

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Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

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“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.