Melissa Lucio, estadounidense de origen mexicano, se encuentra desde 2008 en el corredor de la muerte y está previsto que el 27 de abril sea ejecutada en Texas, EE.UU, por la muerte de su hija, Mariah, de dos años de edad. Durante más de 14 años, Melissa, que podría ser la primera mujer de ascendencia latina en ser sentenciada a muerte en este estado, ha mantenido su inocencia.

Un jurado del condado de Cameron, Texas, la acusó de matar a golpes, en 2007, a Mariah. Pero abogados y activistas defienden que la pequeña tenía una discapacidad física leve que le provocaba inestabilidad al caminar y era propensa a tropezarse.

Según su versión, la niña se cayó por unas escaleras cuando la familia hacia una mudanza. Sin embargo, dos días después, se echó una siesta y no despertó. Sus padres llamaron al servicio de emergencias 911 al ver que no respiraba.

Varios documentos presentados avalan que el médico forense determinó que la pequeña sufrió un “traumatismo craneoencefálico” a causa de la caída.

Tenemos menos de 40 días para detener su ejecución y necesitamos tu ayuda. Si estás en Texas, comunícate con el gobernador ahora: 210-972-9442 #SalvemosAMelissa https://t.co/Gpmkl5khh4

— The Innocence Project (@innocence) March 22, 2022

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Tanto la defensa como ‘The Innocence Project’ –organización que busca exonerar a presos condenados injustamente– denuncian que el estado de Texas no presentó ninguna evidencia que estableciera que Melissa, de 53 años, abusó de Mariah o de alguno de sus otros hijos.

“Miles de páginas de los registros del Servicio de Protección Infantil demuestran que Melissa nunca fue violenta con ninguno de sus 12 hijos”, explica en un comunicado la organización, que pide la detención urgente de su ejecución.

“Interrogatorios coercitivos”

Según la ONG, Melissa fue condenada en base a unos “interrogatorios coercitivos” y “en presencia de detectives armados” que, sin investigar las causas de las lesiones de la niña, “inmediatamente llegaron a la conclusión de que había sido asesinada”.

“Dijo lo que los investigadores querían escuchar para detener las preguntas”, destaca el texto, que recuerda que “las confesiones falsas bajo coerción son una de las causas principales de condenas injustas”.

Melissa, que nació en Lubbock, Texas, sufrió abusos por parte de dos miembros de su familia cuando tan solo tenía seis años y su vida ha estado marcada por repetidas agresiones sexuales y violencia doméstica.

Los abogados de Melissa Lucio promovieron hoy una solicitud de clemencia al gobernador de Texas, Greg Abbott.

Melissa es la primera mujer hispana condenada a pena de muerte en Texas. Su ejecución está programada para este 27 de abril por un delito que nunca ocurrió. pic.twitter.com/R54Er6RTwH

— Red Inocente (@InocenteRed) March 22, 2022

“Estudios científicos sociales han demostrado que los sobrevivientes de abuso sexual y violencia doméstica, como la señora Lucio, son más vulnerables a producir confesiones falsas bajo tales condiciones coercitivas”, agrega el texto.

También destaca que el entonces fiscal de Cameron Armando Villalobos buscó en el caso de Melissa una “victoria” para ser de nuevo elegido y en la actualidad cumple una sentencia de 13 años de cárcel por soborno y extorsión.

Una vida de abusos

En el momento de la muerte de su hija, Melissa tenía 12 hijos –entre los 2 y 15 años de edad– y estaba embarazada de gemelos, que dio a luz en prisión y fueron entregados en adopción.

“El nuevo fiscal de distrito de Texas, los tribunales, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, y el gobernador [de Texas, Gregory Wayne] Abbott deben realizar una revisión significativa del caso de inocencia de Melissa”, señala la organización.

Asimismo, hace hincapié en la necesidad de investigar “las tácticas coercitivas utilizadas en el interrogatorio y las circunstancias trágicas, pero accidentales que resultaron en la muerte de Mariah, antes de que ocurra una injusticia irreversible”.

La defensa, que tiene nuevas pruebas, presentó una solicitud de clemencia que ha sido firmada por unos 90 legisladores, entre ellos, cuatro miembros del jurado que se han retractado de la decisión que tomaron.

Según los datos del Registro Nacional de Exoneraciones de EE.UU., casi una de cada tres mujeres exoneradas fueron condenadas injustamente por lastimar a niños u otros seres queridos a su cargo y casi el 70 % fueron condenadas injustamente por delitos que nunca ocurrieron.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó la paralización temporal del juicio, que se celebra desde principios de marzo en San Isidro (al norte de la capital, provincia de Buenos Aires), “para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”.

La suspensión, que en su consecuencia más extrema podría derivar en la anulación del juicio actual, tiene que ver con el presunto ingreso de cámaras a las audiencias.

Desde la segunda audiencia está prohibido filmar las instancias judiciales, por lo que la Fiscalía deberá investigar ahora si se violó esta norma y si la magistrada Julieta Makintach tiene algún tipo de relación con el supuesto incumplimiento.

Además, en la audiencia del martes, se presentaron dos pedidos de recusación contra Makintach: uno por la presunta connivencia con los documentalistas y otro por parcialidad. Ambos serán resueltos por el tribunal de tres jueces dentro de una semana.

“Estoy convencida de mi imparcialidad, voy a dar las explicaciones del caso”, aseguró Makintach al finalizar la audiencia.

Las recusaciones fueron presentadas por las defensas de dos de los siete profesionales de la salud que enfrentan este juicio por eventual homicidio con dolo, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, “El Diez” falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, municipio en la provincia de Buenos Aires.

Maradona, ganador del Mundial de México-86 con la selección argentina e ídolo en clubes como el Boca Juniors local, el Nápoles italiano y el FC Barcelona entre otros, murió por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes.

De ser hallados culpables, los imputados arriesgan entre 8 y 25 años en prisión. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte. Todos defienden su inocencia.

- “Empezar todo de cero” -

Los abogados querellantes, Diego Baudry y Fernando Burlando, presentaron la denuncia pidiendo que se investigue la situación en torno al presunto documental, acusando la posible comisión de varios delitos penales.

Estos serían “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato en caso de haberse afectado el deber de imparcialidad, tráfico de influencias y, eventualmente, cohecho”, sostiene la denuncia a la que accedió la AFP.

Al final de la audiencia de este martes, Makintach expresó su deseo que todas las partes sean informadas de la investigación resultante. “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo.

Y no descartó dejar el tribunal por su propia cuenta. “En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte”, advirtió la jueza.

Las opiniones fueron diversas sobre el futuro del juicio en caso de que Makintach deje su lugar. Entre las opciones se baraja agregar un nuevo juez y continuar como hasta ahora, proseguir con un solo magistrado o retirar a los tres jueces, según comentaron a la AFP varios abogados defensores y querellantes.

Todas las partes compartieron la preocupación de tener que reiniciar el proceso. Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora médica de la internación domiciliaria de Maradona, Nancy Forlini, dijo durante la audiencia que “si se aparta a la doctora Makintach, hay que empezar de cero”.

A lo largo del proceso, en cual hasta ahora declararon más de 40 testigos y una de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

Varios testigos lo describieron como escenario lúgubre para una internación domiciliaria y afirmaron que Maradona era atendido en un cuarto sucio, desordenado y sin equipos médicos adecuados.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

La declaración se produjo después de que el actual presidente Donald Trump se dijera sorprendido el lunes de que el cáncer de su predecesor y adversario político no hubiera sido informada desde “hace tiempo”, lo que avivó las teorías de un encubrimiento.

La oficina de Biden anunció el domingo que el exmandatario de 82 años había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, que se había extendido a los huesos, poco después de que se le hubiera encontrado un nódulo en la glándula prostática.

“La última prueba PSA (de antígeno prostático específico) conocida del presidente Biden fue en 2014”, dijo un vocero de Biden en un comunicado a enviado a la AFP.

“Antes del viernes, el presidente Biden nunca había sido diagnosticado con cáncer de próstata”, aseguró.

El cáncer de próstata, el más común entre los hombres, puede detectarse en sus primeras etapas mediante análisis de sangre que miden una proteína llamada antígeno prostático específico, o PSA.

Sin embargo, los tests anuales de PSA a partir de los 70 años no se recomiendan para todos los casos. La enfermedad a veces pasa inadvertida o bien se desarrolla rápidamente, según especialistas consultados por la AFP.

Las dudas sobre la salud de Biden lo persiguieron durante su campaña de reelección el año pasado, que terminó abandonando, y se han reavivado en las últimas semanas, antes de la publicación de un libro que detalla lo que se describe como su deterioro físico.

Biden expresó el lunes su gratitud por las muestras de “amor y apoyo” recibidas tras el diagnóstico.

Fuente: AFP

El felino, que llevaba pequeños paquetes con 235 gramos de marihuana y 67 gramos de crack (piedra de cocaína) fijados con tela adhesiva, fue atrapado en el muro perimetral de la prisión del cantón caribeño de Pococí, según el Ministerio de Justicia.

Los “agentes de la Policía Penitenciaria de la cárcel de Pococí lograron rescatar a un gatito que traía pegado en su cuerpo dos paquetes con droga”, indicó esa cartera en un comunicado.

Un video compartido por el ministerio muestra a un guardia encaramado en la reja para atrapar al gato de color blanco con manchas negras.

Luego se ve al pequeño animal sobre una mesa de la prisión, donde los vigilantes le retiran los paquetes con la droga.

“Gracias a las rápidas acciones” de los guardias “se logró atrapar al felino y quitarle los paquetes, evitando así que estos llegaran” a los presos, dijo el ministerio.