En la inédita audiencia de dos días, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres.

Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron en fila a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de sus parientes.

En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios y cinco magistrados del tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta el miércoles escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los crímenes.

“Les pido limpiar el nombre de nuestros familiares (…) eran campesinos trabajadores, no como los tildaron de subversivos, de guerrilleros, de matones”, reclamó Eduvina Becerra, pareja de José Ortega, un agricultor que vivía a unos 300 kilómetros de Ocaña antes de ser asesinado.

Sus abogados, delegados de la ONU y la OEA, y decenas de personas guardaban silencio ante el macabro relato durante la audiencia.

El coronel Rubén Castro reconoció la existencia de una “banda criminal al interior” de sus hombres “creada con el único fin de incrementar” las bajas a “como diera lugar”. El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de “gente buena”.

Conocidos como “falsos positivos”, los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes como parte del acuerdo de paz que desarmó en 2017 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel.

– Práctica “sistemática” –

En medio del llanto de las víctimas, los acusados dieron nombres y detalles sobre la manera en la que asesinaron a sus allegados, la mayoría hombres entre 25 y 35 años.

El general Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 que hace presencia en la línea fronteriza, es el uniformado de mayor rango a comparecer en la histórica audiencia de dos días.

Durante su ejercicio, los diez imputados dieron órdenes “sin las cuales la conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada”, dijo en su intervención la magistrada Catalina Díaz.

La JEP determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un cuartel ubicado en la entrada del pueblo de unos 100.000 habitantes, y motivada por una “política institucional del ejército de conteo de cuerpos” para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.

“El ejército nos estaba engañando, nos mataron a nuestros compañeros”, “hermanos”, “hijos”, alegó Sandra Barbosa, hermana de Javier Peñuela, a quien quisieron hacer pasar como guerrillero del ELN.

El tribunal de paz identificó dos modalidades de “falsos positivos”: Una consistió en llevar jóvenes engañados a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos. En la segunda, las víctimas fueron campesinos retenidos a la fuerza en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo, que ostenta la mayor cantidad de narcocultivos del mundo.

Según testimonio de habitantes de Ocaña conocidos por la AFP, el ejército alardeaba constantemente por su supuesto éxito y la morgue del pueblo no daba abasto para recibir los cadáveres.

A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, detalló la magistrada Díaz. De acuerdo al tribunal, más de 6.400 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008, de los cuales 402 fallecieron en esta zona fronteriza.

El coronel Castro reconoció haberle transmitido a su subalternos las “políticas” de “los diferentes escalones del mando”, señalando al entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, de quien la exigencia por mostrar bajas “siempre fue repetitiva”. Montoya también se somete a la JEP desde 2018 sin aceptar responsabilidad alguna.

El tribunal de paz juzga los peores crímenes del conflicto de medio siglo que dejó más de nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.

Los magistrados de la JEP determinarán las penas de los exmilitares, luego de analizar sus testimonios y contrastarlos con sus investigaciones.

Las víctimas tendrán 15 días para manifestarse sobre las actuales audiencias y luego se conocerán las sentencias, informó la justicia de paz.

Gran parte de los ‘falsos positivos’ ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), quien sostiene que se trató de actos aislados.

En 2021, la JEP imputó a ex altos mandos de las FARC por el secuestro de al menos 21.000 personas. La cúpula rebelde también deberá hacer un reconocimiento público.