La industria, casi única de Estados Unidos, ha vuelto a ser objeto de atención esta semana después de que la Corte Suprema se negó a bloquear una ley de Texas que permite a los ciudadanos de a pie demandar a cualquiera que ayude a las mujeres a acceder al aborto.

Activistas y políticos han expresado su alarma por la ruptura del alto tribunal con 50 años de protecciones del acceso al aborto en todo el país.

“En efecto, (Texas) ha delegado en los ciudadanos del estado la tarea de cazar recompensas, ofreciéndoles premios en efectivo por perseguir civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en una mordaz disensión a la decisión del máximo tribunal.

Los activistas que temen que la reforma haga metástasis vieron una señal cuando la campaña del Derecho a la Vida de Texas, que dispuso de líneas telefónicas de información para que la gente denuncie anónimamente a los infractores, indicó que esperaba “replicar este éxito en todo el país”.

Sus preocupaciones se confirmaron cuando la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue una de las primeras en sugerir que adoptaría la misma idea en su propio estado.

La caza de recompensas se extendió por todo el mundo desde la Edad Media, pero en la actualidad se encuentra casi exclusivamente en Estados Unidos y Filipinas.

Tristan Cabello, historiador especializado en la cultura y la política de Estados Unidos, declaró a la AFP que la caza de recompensas es una profesión “profundamente arraigada en la psique estadounidense (…) que apela a los ciudadanos más conservadores de Estados Unidos”.

La gran mayoría de los cazarrecompensas se ganan la vida acorralando a fugitivos a cambio de una parte de la fianza. Argumentan que prestan un servicio público sin generar gasto público.

– “Casi antiestadounidense” –

Pero la ley del aborto de Texas ha reavivado el debate sobre un trabajo que puede desencadenar la existencia de personas que actúan como policías “freelance” y cuyos métodos suelen estar protegidos de la supervisión local.

El presidente Joe Biden dijo a periodistas en la Casa Blanca el viernes que la nueva norma de Texas era una ley de “justicieros” que “parece ridícula, casi antiestadounidense”.

En 2017, dos cazadores de recompensas murieron en un tiroteo en un concesionario de automóviles de Greenville, Texas, junto con el fugitivo para el que fueron contratados.

Ninguno de los dos llevaba chaleco antibalas y no habían llamado por teléfono para avisar al negocio que iban a ir.

Es difícil encontrar cifras fiables sobre el número de cazarrecompensas en Estados Unidos, pero la organización Professional Bail Agents of the United States estima el número en 15.000, mientras que la National Association of Fugitive Recovery Agents afirma que el sector detiene a 30.000 fugitivos al año.

Los cazadores de recompensas, sus relaciones con la policía y las normas que siguen son una especie de zona gris, regulada por un mosaico de requisitos desconcertantes que varían mucho según el estado.

No existe una guía de cómo hacerlo y la mayor parte de la literatura sobre el tema se compone de las memorias autopromocionadas de sus practicantes más destacados, como la estrella de la telerrealidad estadounidense Duane Chapman, alias “Dog the Bounty Hunter”, de 68 años.

Los derechos de los cazarrecompensas siguen estando definidos por una sentencia del Tribunal Supremo de 1872, según la cual los ciudadanos que persiguen a fugitivos no están sujetos a las normas constitucionales que se aplican a los “agentes estatales”, como los policías.

– Casos civiles falsos –

En algunos estados casi no hay regulación. Otros permiten el uso “necesario” de la fuerza a los cazarrecompensas que conducen imponentes todoterrenos con las ventanillas tapadas y van armados hasta los dientes, con pistolas, porras, spray de pimienta y esposas.

En unos pocos estados existe una prohibición total o bien se exigen diversos niveles de experiencia y formación, así como la comprobación de antecedentes.

El exfiscal adjunto estadounidense Ken White, quien litigó en casos civiles y penales durante décadas, ve el peligro de la ley de Texas no en su tendencia a exponer a la gente a cazadores de recompensas imprudentes, sino en la oportunidad que presenta para que mojigatos chismosos acosen a sus vecinos.

“Puede que no consigan una condena, pero conseguirán que seas arrestado y detenido y hacerte pasar por el sistema y hacer de tu vida un infierno hasta que tu caso sea desestimado o seas absuelto”, dijo.

“La ley está deliberadamente calculada para abrumar a cualquiera que la derecha piense que está relacionado con el aborto con un litigio caro y abrumador en el que el mero proceso es destructivo”.

Michele Goodwin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, dice que la disposición será especialmente dura para las mujeres negras, quienes en números desproporcionadamente altos son usuarias de los servicios de aborto.

“Ya han sufrido vigilancia policial, detenciones injustas, acusaciones y sentencias desiguales”, dijo.

“Ahora, esto es una capa adicional [de desigualdad] en sus vidas”.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

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Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

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“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.