Al salir de la Fiscalía luego de una audiencia de dos horas y media, detractores del mandatario izquierdista lanzaron huevos contra el vehículo oficial que lo trasladaba.

Vestido con una llamativa casaca roja, el presidente de 52 años se presentó ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una causa relacionada con la destitución el 20 de julio del ministro del Interior Mariano González.

La Fiscalía sospecha que con la abrupta salida González, quien estuvo apenas dos semanas en al frente de la cartera de Interior, Castillo buscó impedir la designación de un equipo especial de la policía para ubicar a dos miembros de su entorno prófugos de la justicia.

Castillo, quien no puede ser juzgado pues goza de inmunidad, también fue convocado para responder sobre un presunto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú y en el marco de una investigación por supuestamente liderar una red de corrupción.

El abogado presidencial, Benji Espinoza, precisó que Castillo no respondió a las preguntas de los fiscales cogiéndose a su derecho a guardar silencio y que se limitó a hacer una declaración negando las imputaciones que le formula la Fiscal de la Nación.

“El presidente ha respondido (a la Fiscal de la Nación) que cuando se tengan todos los elementos (de las seis causas en su contra) va a dar las explicaciones que quieran”, dijo a la prensa el abogado.

Según el defensor, “el presidente ha proclamado su inocencia y luego, cuando vinieron las preguntas, negó los cargos”.

Castillo explicó luego a un grupo de simpatizantes que lo esperaba en la sede del Ejecutivo que “hemos ido a decirle a la Fiscal de la Nación que no solo las rechazo, niego rotundamente estas falsas acusaciones que se vienen dando”.

La Fiscalía abrió seis pesquisas contra Castillo, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.

En tanto, su esposa Lilia Paredes había sido citada por el mismo caso en una sede judicial pero a último momento se suspendió la audiencia, dijo su abogado.

A la primera dama se le imputan los delitos de organización criminal y lavado de activos, como parte de la presunta red que encabeza su esposo, según la fiscalía, que cursó una solicitud para prohibirle salir del país por 36 meses.

– “Cuentos e historietas” –

“Cuando estamos coordinando para sacar adelante este país tenemos que estar citados a otros sitios (Fiscalía) para ir a declarar cosas que se fabrican, historietas y cuentos”, dijo recientemente Castillo, en un intento por relativizar las investigaciones y el interés mediático que despiertan.

Castillo ha declarado dos veces en la Fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.

La primera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado.

Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

Yenifer Paredes, de 26 años, cuñada de Castillo, cumple desde hace una semana 30 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos, al sur de Lima, bajo cargo de integrar la “organización criminal liderada por el señor presidente de la República”, según el fiscal Jorge García Juárez.

En sus más de 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.

Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la Fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, debido a sus fueros.

Las imputaciones de supuesta corrupción al más alto nivel de gobierno no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018, y del centrista Martín Vizcarra en 2020.

Como Castillo, ambos exmandatarios tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.