El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se tomó un total de 109.385 muestras y que, del total de resultados positivos, 1.113 permanecen hospitalizados y otros 3.108 ya fueron dados de alta.

Durante este miércoles, el presidente Martín Vizcarra suspendió su habitual presentación diaria por televisión, en la que también responde preguntas de la prensa previamente seleccionadas, para mantener reuniones con sus ministros para determinar las próximas medidas que se tomarán para enfrentar el impacto de la epidemia.

BEBÉ CON CORONAVIRUS

Este miércoles se informó del primer caso de un recién nacido que fue contagiado a través de la placenta por su madre, quien es una paciente asintomática, y ambos son atendidos en el hospital de la ciudad selvática de Moyobamba, capital de la región norteña de San Martín.

El sistema de seguridad social Essalud señaló que brinda “atención oportuna” al bebé, quien permanece en situación estable, luego de que su madre llegara desde el distrito de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja.

El bebé nació por cesárea durante la madrugada de este miércoles “con estrictas medidas de bioseguridad”, tras lo cual fue sometido junto a su madre a la prueba rápida para detectar la enfermedad, que dio positivo, por lo que también se les hará la prueba molecular.

MAYOR CANTIDAD DE CASOS

La últimas cifras mostraron un incremento de 1.172 casos y 24 fallecidos en las últimas horas en el país, aunque se mantuvo la tasa de mortandad de la enfermedad en 2,2 %.

Al respecto, el gerente central de Essalud, Óscar Ugarte, declaró al Canal N de televisión que “hay que entender que hay mayor cantidad de casos porque ahora hay mayor cantidad de pruebas” que se hacen a los ciudadanos.

Sostuvo que esta medida se tiene que aplicar para evitar que haya un “subregistro” de la enfermedad en el país, ya que esta epidemia puede desarrollarse durante cinco o seis meses.

“Hay que prepararnos para que la curva epidémica pueda ser más o menos de esta magnitud, apenas hemos terminado el primer mes, si bajamos la guardia esto puede crecer mucho más”, advirtió.

PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Por otra parte, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que el Ejecutivo está trabajando en un plan para dinamizar “rápidamente” la inversión pública y privada, siempre en coordinación con el sector sanitario.

“Estamos trabajando en el marco de las facultades que nos han delegado, en planes reactivadores de la inversión pública y privada”, declaró a la emisora Radio Exitosa.

Alva adelantó que sectores claves del país que están siendo muy golpeados, como el turismo, “más que una reactivación va a requerir una reconstrucción”, por lo que el Gobierno no escatimará esfuerzos para que se pueda superar esa situación.

SITUACIÓN EN LAS REGIONES

Precisamente, durante la jornada, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se reunió mediante una videoconferencia con los integrantes del consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Según la información oficial, esta reunión buscó articular acciones para implementar en las regiones las medidas dispuestas por el Ejecutivo ante la emergencia por el COVID-19, entre ellas fortalecer la vigilancia epidemiológica en las regiones.

También se evaluaron medidas económicas para atender a las zonas rurales del país y el primer ministro recibió información sobre los principales obstáculos que enfrentan los gobiernos regionales para mitigar el impacto de la epidemia.

Durante la reunión con el consejo directivo de la ANGR, que integran los gobernadores de Piura, Huánuco, Pasco, Ancash, Amazonas, Ucayali y Tumbes, Zeballos reiteró el compromiso del Gobierno de “sumar esfuerzos para preservar la salud y la economía de los ciudadanos”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.