“Sin tener en cuenta el fondo, el Tribunal suspende administrativamente la decisión del tribunal de distrito” que favoreció a Kate Cox, una mujer de 31 años cuyas complicaciones en el embarazo amenazan su fertilidad y su vida, según informó el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, en inglés) que representa a Cox en la demanda. El CRR difundió una copia de la decisión del tribunal.

El fiscal general del estado, Ken Paxton, había presentado el jueves un pedido ante la Corte Suprema texana para dejar sin efecto la autorización judicial que horas antes había recibido Kate Cox de parte de la jueza de distrito Maya Guerra Gamble, para poder interrumpir su embarazo.

Cox, de 31 años, madre de dos hijos y residente en Dallas, supo que su tercer bebé en camino tiene trisomía 18, una condición genética que podría ocasionar un aborto espontáneo o una corta sobrevivencia del menor. Según sus médicos, el embarazo amenaza incluso su vida. Ella aún quiere ser madre y volver a embarazarse. Si sobrevive, su fertilidad puede verse afectada, dice su demanda.

La Corte Suprema precisó que el pedido de Cox seguirá en el tribunal para su evaluación pero que por ahora la suspensión se aplica también a Justin, esposo de Kate, y a la doctora Damla Karsan, quien auscultó a Kate y se ofreció a atenderla en el procedimiento. Las leyes de Texas también sancionan a quienes colaboren con el aborto.

“Si bien todavía esperamos que el Tribunal finalmente rechace la solicitud del estado y lo haga rápidamente, en este caso tememos que una justicia demorada sea una justicia denegada”, dijo Molly Duane, abogada principal del CRR.

“Estamos hablando de atención médica urgente. Kate ya tiene 20 semanas de embarazo. Esta es la razón por la que las personas no deberían de rogar por atención médica en un tribunal de justicia”, agregó.

El CRR reclama porque las excepciones médicas al aborto en Texas para cuando la vida de la madre está en riesgo no son claras y dejan a los doctores con las “manos atadas”. Por eso pidieron la intervención judicial.

La jueza Maya Guerra Gamble había dicho en el fallo que “la idea de que la señora [Kate] Cox desea desesperadamente ser madre y que esta ley podría hacer que pierda esa capacidad, es impactante y sería un error judicial [no conceder su solicitud]”.

– Consecuencias –

El caso de Cox es el primero de este tipo desde que en junio de 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo Roe v. Wade, que garantizó durante medio siglo a nivel federal el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.

Kate ha tenido que ir cuatro veces de emergencia al hospital en el último mes, debido a complicaciones en su salud, según sus abogados.

Tras conocer el fallo de la juez Guerra Gamble el jueves, Paxton envió cartas a hospitales advirtiéndoles de las consecuencias “civiles y penales” que podrían sufrir si practicaban un aborto en sus instalaciones.

El fiscal ha calificado a la jueza de “activista” y que abusó de su función al considerar que Cox califica para una excepción médica. Su despacho consideró “subjetivas” las recomendaciones de la doctora Karsan para la realización de un aborto.

Los médicos de Texas hallados culpables de realizar abortos ilegales se enfrentan a hasta 99 años de prisión, multas de hasta 100.000 dólares y la revocación de su licencia.

El abogado del CRR, Marc Hearron, dijo el jueves que Paxton trata de “derribar el sistema legal” para que Kate y mujeres con casos similares “sigan sufriendo”.

El CRR también lidera una demanda en nombre de 20 mujeres a las que se les negó el aborto en Texas pese a que tuvieron complicaciones severas de salud. En algunos casos sus hijos nacieron muertos o sobrevivieron pocas horas tras nacer. Quienes pudieron, viajaron a abortar fuera de Texas.

El caso también está en la Corte Suprema de Texas, que debe pronunciarse sobre si fija con claridad las excepciones al aborto y bloquea algunas prohibiciones.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

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Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

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“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.