En una inusual declaración conjunta, publicada en la cuenta de Twitter de Lula, los jefes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal rechazaron los “actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos la tarde de ayer en Brasilia”.

“Convocamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia en nuestra patria“, afirmaron.

Los representantes de los poderes públicos de Brasil se reunieron la mañana de este lunes en el Palacio de Planalto, donde Lula prevé despachar durante la jornada pese a que el predio fue uno de los vandalizados, con ventanas rotas y algunas oficinas destrozadas.

Además de la sede de gobierno, la de la Corte Suprema y del Congreso fueron tomadas el domingo durante casi cuatro horas por miles de seguidores del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro, que exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo que asumió el primero de enero.

Los incidentes protagonizados por los bolsonaristas, a los que Lula llamó “fascistas fanáticos”, recordaron los ataques al Capitolio en Washington hace dos años, llevados a cabo por simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Bolsonaro.

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CAMPAMENTOS DESMANTELADOS

Los actos del domingo fueron condenados al unísono por la comunidad internacional, desde los gobiernos de Estados Unidos y Francia hasta Rusia y China.

“Me sorprendió lo que veo y lo que vi. Pero debo decirles que confío en Brasil. Confío en instituciones resilientes. Y estoy absolutamente convencido de que Brasil enfrentará esta situación con la responsabilidad adecuada“, expresó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Las autoridades brasileñas lanzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables de los disturbios, que dejaron más de 300 detenidos, y a sus eventuales financiadores.

Además de empezar las labores de limpieza en el corazón de la democracia brasileña, la mañana del lunes también fueron desmantelados campamentos de bolsonaristas que desde hace dos meses exigían una intervención militar para impedir el regreso de Lula al poder.

El despeje respondió a una orden de un juez de la Corte Suprema para desocupar totalmente “en 24 horas” esas estructuras, levantadas frente a cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.

Al menos 1.200 bolsonaristas que estaban en una acampada en Brasilia, de la que salieron buena parte de los atacantes del domingo, fueron arrestados, según medios brasileños.

También se estaban desarmando campamentos instalados en Rio de Janeiro y Sao Paulo, considerados por el flamante gobierno como “incubadoras de terroristas”, constataron periodistas de la AFP.

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FUERZAS DEL ORDEN, EN LA MIRA

Lula, que en el momento de los hechos estaba en Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por inundaciones recientes, ha cuestionado la respuesta de las fuerzas del orden, objeto de críticas por su reacción tardía y poca preparación en Brasilia.

“Hubo, diría yo, incompetencia, mala voluntad o mala fe de las personas que cuidan de la seguridad pública del Distrito Federal“, afirmó entonces, antes de volver a Brasilia.

Desde la noche del domingo, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes suspendió por 90 días de sus funciones al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien acababa de presentar sus disculpas por “las fallas” de seguridad.

La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la “responsabilización de los involucrados” en los ataques.

“No hizo falta seguridad, había policías. Faltó que ellos actuaran, para no dejarlos hacer lo que hicieron. Fue una invasión“, dijo Pedro Sabino Rapatoni, un asistente administrativo de 21 años en Brasilia.

Además de denunciar un “gesto antidemocrático” como “nunca se había hecho en la historia” de Brasil, Lula responsabilizó a los “discursos” de Bolsonaro por haber “estimulado” a los “vándalos fascistas”.

En un tuit, Bolsonaro, que partió a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, condenó los “saqueos e invasiones de edificios públicos”. Además, calificó las acusaciones de su sucesor de “infundadas”.

La marea humana irrumpió en los edificios con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas y la camiseta de la selección de fútbol, símbolos de los que buscó apropiarse el bolsonarismo.

Los daños en los edificios, tesoros de la arquitectura, son considerables.

Una pareja británica ha encontrado un pozo secreto de 200 años de antigüedad con más de ocho metros de profundidad debajo de su casa, informó este viernes Daily Mail.

Después de comenzar trabajos de remodelación en su propiedad, que compraron durante la pandemia en el condado de North Yorkshire, Victoria Ellington, de 36 años, y su esposo Andrew, de 40, descubrieron el pozo que todavía contenía agua cristalina.

Well, would you look at that! Couple stunned to find secret 200-year-old well that goes 27ft underground after they started renovating their cottage https://t.co/Fk6Dn29o6l pic.twitter.com/ISeu5x5Z4m

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 26, 2024

En lugar de rellenar el hoyo, los dueños decidieron aprovechar la estructura, la cubrieron con un cristal y la convirtieron en un ‘pozo de los deseos’. Para ello, hicieron una ranura en el vidrio e instalaron luces en las paredes del agujero.

“Planeábamos ampliar la casa y construir una vivienda familiar, pero los cimientos empezaron a hundirse y supimos que algo pasaba”, contó Victoria.

“[Andrew] simplemente me envió una foto y dijo: ‘Dios mío, ¿has visto esto?’”, continuó la mujer, añadiendo que “se puede ver hasta el fondo” y tras varios intentos de medirlo, calculan que el agujero tiene unos ocho metros de profundidad.

Al terminar las reformas de la vivienda este mes, Victoria asegura que “el pozo la hace un poco diferente”. “Cuando lo vi quedé totalmente impresionada y cada vez que lo veo me encanta”, añadió.

Un hombre identificado como Francisco Aurélio Rodrigues de Lima disparó cuatro veces y decapitó este martes a su excompañero de trabajo Francisco Mizael Souza da Silva, cuidador del hospital Instituto Dr. José Frota, ubicado en el centro de la ciudad de Fortelaza, en el estado de Ceará (Brasil), informan medios locales.

Suspeito de balear e decapitar funcionário de hospital tem prisão preventiva decretada, em Fortaleza#g1ce https://t.co/zrSGEabrs9

— g1 Ceará (@g1ceara) April 24, 2024

De acuerdo con el informe policial, Rodrigues de Lima entró en el hospital usando el sistema de reconocimiento facial y llevó a cabo el crimen con un arma de fuego —resultando herido de bala también otro empleado—, tras lo cual decapitó a Souza da Silva y se dio a la fuga. Al cabo de unas horas, fue detenido en la localidad de Aquiraz.

El secretario estatal de Seguridad Pública, Samuel Elanio, explicó que el motivo del crimen habría sido los celos del sospechoso hacia su pareja, quien trabajaba con la víctima mortal. El fallecido tenía una hija de seis años y su esposa estaba embarazada.

Asimismo, detalló que el autor de los hechos, que cuenta con antecedentes por desacato y una orden de protección en su contra, “ya había anunciado varias veces que iba a hacer algo así”. El atacante guarda prisión preventiva desde este miércoles.

La nueva normativa, que también se aplica a las centrales de gas que se construyan en el futuro, está respaldada en tecnologías de captación de carbono, todavía poco utilizadas, pero por las que la administración de Biden apuesta fuertemente.

Son anuncios “enormes” que “nos hacen avanzar en nuestra lucha contra la crisis climática”, afirmó Ali Zaidi, asesor climático del presidente demócrata que se presenta a la reelección.

“El sector energético tiene hoy más herramientas que nunca para reducir su contaminación”, añadió.

La generación de electricidad representa alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, lo que lo convierte en el segundo sector emisor después del transporte.

Según las nuevas normas, las centrales de carbón que tengan previsto seguir funcionando después de 2039 tendrán que captar el 90% de sus emisiones de CO2 a partir de 2032.

Las nuevas centrales de gas más grandes también tendrán que equiparse para capturar el 90% de su CO2 de aquí a 2032.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) propuso hace un año la normativa que se aprobó con algunos cambios tras una consulta pública obligatoria.

La normativa final ya no incluye las centrales de gas existentes, que ahora estarán sujetas a una norma separada. Y la fecha en la que las centrales de carbón tendrán que capturar su CO2 se ha retrasado de 2030 a 2032.

- “Histórico” -

Hasta ahora, no existía ninguna norma federal que limitara las emisiones de las centrales de carbón existentes. Según la EPA, estas centrales representan la mayor fuente de emisiones del sector energético.

La normativa debería evitar la emisión de casi 1.400 millones de toneladas de CO2 de aquí a 2047, lo que equivale a las emisiones anuales de 328 millones de vehículos, argumentó la EPA.

Se trata de “una de las herramientas más eficaces jamás desarrolladas para reducir las emisiones nocivas para el clima del sector energético”, reaccionó la organización Sierra Club.

“Es histórico”, declaró a la AFP Margie Alt, directora de la Campaña de Acción por el Clima, una coalición de una decena de organizaciones ecologistas.

La administración de Biden “habrá hecho más por el clima que ninguna otra”, aseguró.

No se impone a las empresas ninguna tecnología para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, pero la EPA sostiene que la mejor opción será la captación y almacenamiento de CO2, que permite retener este gas en lugar de liberarlo a la atmósfera.

Sin embargo, según la Agencia Internacional de la Energía, actualmente solamente existen en el mundo unas 40 instalaciones de captura de CO2 para procesos industriales o generación de electricidad.

La organización 350.org considera que estas tecnologías aún no han demostrado su eficacia y que, de hecho, lo que debería reducirse es el número de plantas de este tipo.

- Normativa “extrema” -

El congresista republicano de Texas Chip Roy afirmó por su parte que la EPA está “matando la generación fiable de electricidad”.

El grupo America’s Power, que representa a la industria del carbón, calificó la nueva norma de “extrema e ilegal”.

Podría ser impugnada en los tribunales, y el exmandatario Donald Trump ya ha anunciado su intención de revertirla si es elegido presidente en noviembre.

El jueves, la EPA también anunció otras tres normativas relativas a las centrales de carbón, destinadas a reducir sus emisiones de metales tóxicos (mercurio, níquel, etc) y la contaminación de sus vertidos al agua y las cenizas de carbón.

En la última década se han cerrado en Estados Unidos numerosas centrales de carbón. Al mismo tiempo, ha aumentado la producción de electricidad a partir de energía solar y eólica, así como de centrales de gas.

Sin embargo, en 2023, alrededor del 60% de la producción eléctrica de Estados Unidos procederá de centrales de gas (43%) o carbón (16%), según la Agencia de Información Energética estadounidense, seguidas de las renovables (21%) y la nuclear (18%).

Fuente: AFP