La muerte por lo menos de treinta presos la noche del sábado en la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del nororiental estado de Río Grande do Norte, levantó una vez más la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días.

El más reciente motín, que duró más de catorce horas y terminó cuando la Policía Militarizada irrumpió en el presidio para retomar el control, se produjo pocos días después de que el Gobierno y varios organismos han intensificado sus acciones y planes para contener la crisis y evitar más masacres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves al Gobierno de Brasil “acciones concretas” contra la violencia en sus cárceles, tras la muerte de mas de un centenar de personas en sucesos ocurridos en centros de detención de los estados de Amazonas y Roraima (norte) y Paraiba (nordeste).

La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío esta semana de la Fuerza Nacional, un cuerpo de elite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que solicitasen el apoyo federal.

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucia Antunes, pidió también el jueves durante un encuentro con los titulares de los tribunales regionales un “esfuerzo concentrado” a los estados del país para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos.

El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció el mismo jueves que el “mayor problema” de las cárceles del país “es la corrupción”.

El Gobierno se ha comprometido con un presupuesto de 135 millones de dólares a instalar “dos escáneres” en todas las cárceles y a construir cinco prisiones federales, con el objeto de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales.

Justo esta semana, el secretario de Justicia y Ciudadanía de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, denunció que los estados hacen acuerdos con los presos para evitar rebeliones.

Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) señalaron que el 65 % de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas.

Además de las precarias condiciones de las cárceles, el hacinamiento ha sido una preocupación constante de los responsables del sistema carcelario.

Con 622.000 presos, lo que supone un 67,3 % más de su capacidad, Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia.

El presidente de Brasil, Michel Temer, quien este domingo en su cuenta de la red social Twitter manifestó que está “acompañando” la situación en Río Grande do Norte, afirmó esta semana que las bandas criminales “preocupan” a la nación “como un todo” porque se rigen por su propias reglas, las cuales están “fuera del Estado”.

La crisis del sector penitenciario comenzó el primer día del año con un motín en una cárcel de Manaos, capital de Amazonas, en el que 56 presos murieron; siguió con otra rebelión en un centro de detención rural de la misma ciudad con cuatro más y continuó en Boa Vista, capital de Roraima, con al menos 33 detenidos muertos.

Otros dos cuerpos más fueron encontrados en la misma cárcel de Boa Vista, aunque al parecer estaban ya enterrados desde días antes del motín, y dos reclusos murieron también a comienzos de año en una rebelión en una cárcel de Paraiba, cifra que aumentó con las muertes del sábado en Río Grande do Norte.

El episodio en Manaos supuso la segunda mayor masacre en la historia carcelaria de Brasil tras la ocurrida en 1992 en una casa de detención de Sao Paulo, conocida como Carandiru, en la que murieron 111 reclusos después de la intervención de la Policía Militarizada para retomar el control del ahora extinto presidio.

Esa matanza, de acuerdo con las investigaciones, se produjo por el enfrentamiento entre internos del Primer Comando de la Capital (PCC), que concentra sus operaciones en Sao Paulo, y Familia del Norte (FDN), de la región amazónica y vinculada al Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal del Río de Janeiro.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

Puede interesar: Inflación de diciembre fue de 0,3%, según informe del BCP

Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

Lea también: Sanear las cuentas heredadas de la era Abdo, prioridad económica para el gobierno

“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.