“La corrupta administración Biden informó a mis abogados que fui acusado, aparentemente por el bulo de las cajas”, escribió en su red Truth Social en una primicia histórica, ya que es el primer expresidente estadounidense o en ejercicio en enfrentar cargos federales.

El Departamento de Justicia no confirmó de inmediato el anuncio de Trump.

Su abogado Jim Trusty dijo a CNN que su cliente fue acusado con siete cargos incluyendo la retención deliberada de documentos, lo que viola la ley de Espionaje, así como falso testimonio, obstrucción de la justicia y un cargo por conspiración.

Sin embargo, los detalles precisos de los cargos no fueron revelados. Personas familiarizadas con el caso dijeron a The New York Times que el cargo por conspiración se relacionaba con el de obstrucción a la justicia.

En su publicación, Trump, que aspira a conseguir la candidatura del Partido Republicano para las presidenciales de 2024, aseguró que fue convocado a presentarse ante un tribunal federal de Miami el martes.

“Nunca creí que algo así pudiera sucederle a un expresidente de Estados Unidos”, escribió.

Trump, que cumplirá 77 años la próxima semana, ha negado de manera repetida cualquier conducta irregular.

Trump ya era el primer expresidente o presidente en ejercicio inculpado de un crimen -por el pago, previo a las elecciones, hecho a una estrella porno para guardar silencio sobre una relación con él- en un caso llevado adelante por el fiscal del distrito de Manhattan.

En un comunicado, la campaña de Trump arremetió contra lo que califica como un “abuso de poder sin precedentes” y pidió que se desestime la acusación.

Trump “ha sido desde hace mucho la mayor amenaza y el principal blanco político para Joe Biden y para el corrupto Partido Demócrata”, reclamó la campaña en un comunicado.

– “Día oscuro” –

El investigador especial Jack Smith, nombrado por el fiscal general Merrick Garland, revisa los archivos clasificados que Trump guardaba en su residencia de Mar-a-Lago luego de dejar la Casa Blanca.

Una ley de 1978 obliga a los presidentes estadounidenses a transmitir el conjunto de sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.

El año pasado, Trump entregó 15 cajas con unos 200 documentos clasificados. Sin embargo, la policía federal consideró que el exmandatario no había entregado todo lo que tenía. En agosto de 2022, el FBI encontró unos 11.000 documentos tras allanar la casa de Trump.

Interrogado por la AFP el jueves por la noche sobre los cargos, el portavoz de Smith, Peter Carr, dijo: “declinamos hacer comentarios”.

En un video publicado luego de dar a conocer la acusación en su contra, Trump reiteró su inocencia y destacó la inculpación como una forma de interferencia en las elecciones por parte de un Departamento de Justicia utilizado “como arma” por la administración de Joe Biden.

“Vienen por mí porque ahora lideramos las encuestas por un amplio margen contra Biden”, dice Trump en el video. “Nuestro país se va al diablo y ellos vienen por Donald Trump… No podemos dejar que esto siga”, agregó.

Jim Jordan, congresista aliado y presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que era “un día triste para Estados Unidos”, lamentó.

“Hoy es de hecho un día oscuro para Estados Unidos. Es inconcebible para un presidente acusar al candidato líder que se le opone”, expresó también el jefe republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

“Yo, y cada estadounidense que crea en el Estado de derecho, apoya al presidente Trump”, agregó.

– Más problemas legales –

Algunos legisladores demócratas hablaron tras la extraordinaria revelación.

La acusación contra Trump “es otra afirmación del Estado de derecho”, dijo Adam Schiff, representante en la Cámara Baja.

“Por cuatro años actuó como si estuviera por encima de la ley”, agregó Schiff. “Pero debe ser tratado como cualquier otro que rompe las leyes. Y hoy ha sido así”.

Los investigadores han registrado intentos de obstruir su labor para recuperar los documentos y conseguir el video de una cámara de seguridad en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, donde guardaba los archivos.

“No sé nada sobre eso. Todo lo que sé es esto: todo lo que hice fue correcto”, dijo el expresidente el 1 de junio en un evento organizado por la cadena Fox News.

Sin embargo, Trump ha admitido abiertamente que se llevó y guardó los documentos. Sus abogados le recomendaron decir que se llevó estos archivos sin darse cuenta, en medio de una salida caótica de la Casa Blanca.

Smith también investiga el papel de Trump en el ataque al Capitolio en 2021 por parte de una turba de seguidores del magnate. Además, fiscales del estado de Georgia buscan determinar si trató de anular ilegalmente los resultados locales de las presidenciales de 2020.

El rotativo francés tuvo acceso a un documento transmitido por el Banco de Palestina a “algunos socios internacionales”, en el que describe robos espectaculares, como el que ocurrió en su principal sucursal en Ciudad de Gaza.

Empleados de la agencia constataron el 16 de abril “que se había realizado un agujero en el techo de la cámara acorazada”, explica el diario, añadiendo que “los delincuentes se hicieron con casetes de cajeros automáticos” que contenían el equivalente a 3 millones de dólares en séqueles israelíes.

El día siguiente, el 17 de abril, “grupos armados equipados con explosivos entraron de nuevo en el edificio”, hicieron explotar una cubierta de cemento y se llevaron el equivalente a 30 millones de dólares “en diferentes divisas”, añade el rotativo.

La mayor sucursal del centro de Ciudad de Gaza fue atacada el 18 de abril por un “comando” de hombres que dijeron responder a “las más altas autoridades de Gaza”, una fórmula que, según el periódico, corresponde a Hamás. En ese ataque, se llevaron séqueles por un equivalente a más de 36 millones de dólares.

Hamás, en guerra contra Israel, gobierna Gaza desde 2007.

El Banco de Palestina, fundado en 1960, es la principal institución financiera de Gaza.

La Autoridad Monetaria Palestina, un organismo independiente que supervisa el sistema financiero en los territorios palestinos, afirmó a AFP que tenía previsto emitir una declaración sobre el asunto el sábado.

Fuente: AFP

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

• Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
• Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
• Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA