Trump recibió en la Casa Blanca a una quincena de padres, cuyos hijos fueron asesinados por indocumentados, para recuperar uno de los temas que más destacó en su campaña electoral y que funciona con su base de votantes: la idea de que la inmigración irregular está relacionada con el auge de la criminalidad.

“No descansaremos hasta que nuestra frontera esté segura y nuestros ciudadanos estén a salvo”, subrayó Trump, rodeado de 15 personas que sostenían en sus manos fotos de sus familiares fallecidos, todas ellas firmadas por el presidente.

Trump quiso contrastar el sentimiento de la pérdida de esos estadounidenses con el sufrimiento supuestamente temporal de las familias indocumentadas que se han visto separadas en la frontera desde abril, como consecuencia de la política de la Casa Blanca.

“Estos son los ciudadanos estadounidenses permanentemente separados de sus seres queridos. La palabra en la que tienen que pensar es ‘permanentemente’. No están separados un día o dos. Están permanentemente separados”, insistió Trump.

El mandatario no mencionó explícitamente el alejamiento de más de 2.300 niños de sus padres en la frontera, pero sí arremetió contra los medios de comunicación por cubrir ciertas cosas y no dar importancia a las víctimas de delitos cometidos por indocumentados.

“(Los medios) no hablan de la muerte y destrucción que causa la gente que no debería estar aquí”, denunció.

Tres de los quince familiares de víctimas presentes en el acto repitieron también que la separación de sus hijos es “permanente”, al contrario que la de las familias divididas en la frontera.

“Yo soy una inmigrante legal. No arrastré a mi hijo a través de desiertos y más allá de fronteras. No lo puse en peligro”, afirmó en el acto Sabine Durden, cuyo hijo Dominic murió en un accidente de tráfico en el que estuvo implicado un indocumentado.

Desde su campaña electoral, Trump ha citado los casos de asesinatos perpetrados por indocumentados como una presunta prueba de que la inmigración irregular aumenta la criminalidad en el país, pese a que las estadísticas oficiales no corroboran esa tendencia.

Según datos del censo de EE.UU. de entre 1980 y 2010, los hombres inmigrantes de entre 18 y 49 años tienen entre la mitad y una quinta parte menos de probabilidades de ser encarcelados por haber cometido un crimen que los nacidos en el país.

Con su vuelta a ese tema, Trump parecía querer justificar su política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal, que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, algo que antes no se hacía y que originó la separación de los niños de sus padres cuando estos eran privados de libertad.

Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado el miércoles a ordenar que su Gobierno frenara esa división de las familias en la frontera, y que en cambio mantuviera juntos a los niños con sus padres o familiares en centros de detención.

Este jueves, Trump pidió además a su Ejecutivo que actúe para reunir con sus progenitores a los menores que han sido separados de ellos, y supuestamente unos 500 niños ya han sido reunificados, según fuentes oficiales citadas por varios medios.

Sobre el papel, el Gabinete de Trump mantiene su política de procesar a quienes entren ilegalmente al país, pero hay un debate abierto en la Casa Blanca sobre si se debe dejar de hacerlo para no agotar los recursos judiciales, informó hoy The New York Times.

Las cortes federales de inmigración tenían en mayo un retraso administrativo de 700.000 casos, y en algunos tribunales, la espera media para una audiencia de deportación es de más de 1.400 días, según un recuento de la Universidad de Syracuse (Nueva York).

Mientras, los tres centros de detención de familias que opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están casi llenos, por lo que el Gobierno evalúa alojar temporalmente a 20.000 niños inmigrantes en bases militares del Pentágono.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

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Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

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“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.