En lo que va de semana, España registró 129.098 nuevos contagios de COVID-19 y la incidencia acumulada se sitúa en 537,3 casos por cada 100.000 habitantes, 169,3 puntos más en cinco días, por lo que más que duplica el riesgo extremo (250 casos), según informó este viernes el Ministerio de Sanidad.

MAS CASOS Y MÁS HOSPITALIZADOS

Este incremento incesante de casos de covid se refleja ya en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos (uci), si bien en las primeras semanas de esta nueva ola las hospitalizaciones se mantuvieron estables, al afectar sobre todo a población joven, menos vulnerable ante el virus.

Desde el lunes, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (uci) creció del 7,8 % hasta el 9,5 % y la de las camas regulares de hospital pasó del 3 % al 4,2 %.

Según Sanidad, la pandemia suma en las últimas 24 horas 31.060 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total de infectados a 4.100.222 desde el comienzo de la pandemia y los fallecidos ascienden a un total de 81.096.

El grupo de jóvenes de entre 20 a 29 años sigue concentrando la mayoría de las nuevas infecciones con una incidencia de 996 casos, aunque desciende la transmisión en ese grupo respecto a la semana pasada, y el segundo grupo con más contagios es el de 12 a 19 años, con una incidencia de 837,6 casos, y también va en descenso.

VUELVEN LOS TOQUES DE QUEDA

Con la pandemia desbocada, sobre todo entre los más jóvenes, vuelven los toques de queda (restricciones a la movilidad) de madrugada, sobre todo, para evitar las reuniones masivas que provoca el ocio nocturno.

Desde esta madrugada no se podrá circular, salvo casos especiales, por la mayor parte de Cataluña (noreste), incluida Barcelona, su capital y segunda ciudad de España, después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa región autorizara esta medida, que solicitó el Gobierno catalán.

Este toque de queda se aplicará hasta el próximo 23 de julio, prorrogable otras dos semanas, ante la “penosa” situación de los índices de contagio y al entender el tribunal que supone una restricción y no una suspensión de derechos fundamentales.

Esta región es la más afectada en España en estos momentos, con una incidencia acumulada de 1.160 casos -más del doble de la media española- y cada vez con más pacientes en los hospitales, hasta llegar al 26 % de ocupación en las camas de uci.

Esta medida ya se aplica en municipios de la Comunidad Valenciana (este), y desde hoy también en las zonas más afectadas de Cantabria (norte), entre ellas su capital, Santander, mientras que otras regiones también plantean establecer toques de queda de madrugada.

En cada una de ellas se tienen que pronunciar los tribunales de esos territorios, ya que el Gobierno español mantiene que por ahora no es necesario extender la medida al conjunto del país.

Estos toques de queda autorizados llegan después de que el pasado miércoles, el Tribunal Constitucional de España declarara inconstitucional el confinamiento establecido en el primer estado de alarma declarado por el Gobierno en marzo de 2020 al inicio de la pandemia, al entender que para suspender esos derechos de movilidad es necesario un estado de excepción, lo que ha provocado una fuerte polémica en el país.

LIMITAR EL OCIO NOCTURNO

Dado que la pandemia está afectando sobre todo a los más jóvenes, las autoridades tratan de frenar las aglomeraciones que provocan el ocio nocturno, y donde no hay toque de queda se están tomando otras medias, como la prohibición de venta de alcohol por la noche, en el caso de las Islas Baleares (Mediterráneo).

El objetivo es tratar de frenar los llamados “botellones”, encuentros masivos de jóvenes al aire libre, que se reúnen para beber y bailar.

Otra opción es la que tomó Galicia (noreste), que exigirá una prueba diagnóstica negativa para acceder a todos los locales de ocio nocturno.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.