Joven sufre brutal golpiza y acusa a sus expatrones de contratar a ‘matones’

Una mujer fue brutalmente golpeada mientras iba para entregar un pedido en la zona de Yby Pytã, departamento de Canindeyú. Uno de los autores fue detenido, aunque dos horas después volvió a recuperar su libertad.

Liz Mariela Ocampos (27) fue víctima de un aparente intento de homicidio en la noche del viernes en el distrito de Yby Pytã.

La misma se encontraba llevando un pedido para un cliente cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

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Según su relato, los desconocidos le cerraron el paso y uno de ellos descendió del biciclo, propinándole una brutal golpiza sin motivo aparente.

Por fortuna, Ocampos logró zafarse y escapar de sus agresores, dirigiéndose nuevamente a su domicilio. La misma quedó con serios hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo.

Coincidentemente, agentes policiales se encontraban realizando un patrullaje por la zona y lograron detener a uno de los presuntos autores de la agresión. Se trata de Édgar Chaparro Díaz (21), quien fue reconocido por la víctima en la comisaría.

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Dos horas después de su detención, el sujeto -quien cuenta con antecedentes penales- fue nuevamente puesto en libertad por disposición del fiscal Nestor Narváez. El mismo alegó que se trata de un hecho de lesión leve y por ello debe dirimirse en el ámbito privado.

La víctima acusa a sus exjefes de haber contratado a estos matones para atacarla, ya que supuestamente se habrían molestado porque dejó de trabajar con ellos para abrir su propio negocio, según manifestó al canal C9N.

Condenan a extitular de Petropar de la era Marito por corrupción en pandemia

El Tribunal de Sentencia dictó una condena de cuatros años de cárcel para la extitular de Petropar, Patricia Samudio, por el caso de agua tónica. Su esposo José Costa Perdomo fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, por actuar en complicidad en el escandaloso robo cometido en pandemia.

Para Samudio recibió cuatro años de cárcel por lesión de confianza, y su marido, tres años y nueve meses de prisión, por lesión de confianza en carácter de cómplice, tal como había solicitado la Fiscalía en el juicio.

El perjuicio patrimonial fue de 346.600.000 monto adjudicado a la empresa Solu Medic que, a su vez, transfirió ese dinero a José Perdomo, quien utilizó el dinero para el pago de una deuda personal.

La licitación para la compra de agua tónica, como supuesto aliado contra el Covid-19 fue una de las excusas utilizadas para concretar este gran negociado mientras miles de familias estaban en zozobra por la pandemia.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza Gloria González señaló que la pareja condenada no reconoció los hechos a pesar a las pruebas, no pidió perdón, y además por mucho tiempo estuvo en rebeldía.

“Está superprobado que fue desviado dinero público, porque se saldó una cuenta, un pagaré, del señor Perdomo. Es escandaloso, no es un caso más de corrupción, porque se dio en un contexto de la pandemia. Se murieron 19.800 paraguayos. Se jugó con la salud y economía. Mientras la gente se moría, se fraguó este hecho con el único fin de enriquecerse”, arremetió la magistrada.

Más de 500 nuevos linces reforzarán seguridad en el país

En Central y en otros departamentos se instalarán los 507 nuevos egresados del Grupo Lince, quienes forman parte del plan que busca fortalecer la seguridad en las calles.

La ceremonia de egreso del “Curso en Operaciones Tácticas Motorizadas” se realizó este miércoles en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), con 507 nuevos agentes que desde este momento están disponibles para dar cobertura a las zonas necesarias.

“Voy a trabajar incansablemente para desplegar una red de protección social que permita a los paraguayos tener oportunidades”, anunció el presidente Santiago Peña, durante el acto en el que, además, expresó sus condolencias por el fallecimiento de las personas arrastradas por el raudal en Luque.

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Los flamantes efectivos capacitados para operaciones de alta peligrosidad serán distribuidos en Central y en otras cabeceras departamentales.

PLAN DE SEGURIDAD

La capacitación de estos policías para integrar el Grupo Lince forma parte del plan que tiene el Gobierno para reforzar la seguridad a nivel país, comenzando por las áreas más conflictivas.

Además de la formación de estos agentes, parte de este plan de seguridad son los operativos Veneratio, Dakovo, Ignis y otros que involucraron a las fuerzas del orden.

A esto se suma la instalación de una subbase de la Fuerza de Tarea Conjunta en Canindeyú, con la meta de contrarrestar a los grupos criminales organizados que operan en la zona.

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Inseguridad en Alto Paraná: motochorros perpetran dos millonarios asaltos en 24 horas

Motochorros perpetraron dos importantes asaltos en las últimas 24 horas en la zona de Alto Paraná, generando pérdidas millonarias para las víctimas, una de ellas una estudiante brasileña.

La inseguridad sigue acechando en el departamento de Alto Paraná, pese al último refuerzo de agentes dispuesto desde la Policía Nacional a raíz de la ola de asaltos en esta región del país.

En las últimas 24 horas, se registraron dos importantes asaltos perpetrados por delincuentes motorizados, los cuales generaron pérdidas millonarias a las respectivas víctimas.

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Uno de ellos se registró el día lunes sobre la avenida República de Chile de Ciudad del Este, teniendo como protagonista a una estudiante brasileña, identificada como Thaise Gabriele Araujo Borges, de 28 años.

La joven fue despojada de la suma de 6.000 reales (equivalente a G. 8.500.000, al cambio actual), dinero que iba a ser destinado a pagar sus cuotas en la universidad, siendo autores de este golpe dos motochorros.

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El segundo atraco se registró en la mañana de ayer a la altura del Km 51 de la Ruta PY07, en jurisdicción de la ciudad de Hernandarias, teniendo como víctimas a dos repartidores de la empresa Brumado S.A.

Los empleados de la firma, Jorge Ruben Ibarrola López (27) y Jorge Luis Benítez Rolón (44), fueron interceptados por tres sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. A punta de arma de fuego, los obligaron a entregar la suma de G. 5 millones, además de un cheque por valor G. 966.500 y un teléfono celular.