El Ing. Hugo Pastore, vicepresidente de la CAPECO, expresó su preocupación por el alcance del Reglamento (UE) 2023/1115, donde se establecen criterios para la comercialización y exportación de materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.

“Lo que hoy está pretendiendo la UE es de cumplimiento prácticamente imposible”, afirmó en entrevista con el canal GEN.

En tal sentido, explicó que esta normativa restringe el envío de productos que hayan sido producidos en áreas que sufrieron deforestación, ya sea legal o ilegal, posterior a diciembre del 2020.

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Pastore señaló que existen dificultades para aplicar esta disposición a rajatabla, teniendo en cuenta que en los silos la produccion se mezcla, por lo que no es posible mantener separados los productos de distintos orígenes. “Esto se vuelve una imposición porque la Unión Europea dice que no se pueden mezclar productos de lugares que cumplen y que no cumplen”, agregó.

A su criterio, la aplicación del Reglamento 1115 de la UE debe adaptarse a la realidad de nuestro país, puesto que varias exigencias no se ajustan a la normativa vigente. “¿Qué quieren, que le pongamos un candado al Chaco y que lo convirtamos en un museo? En eso no estamos de acuerdo”.

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Asimismo, enfatizó que en la actualidad se encuentra vigente una ley que permite el cambio de uso de suelo en la Región Occidental bajo estrictas normas ambientales, las cuales permiten el desarrollo del Chaco a través de la producción.

“Llevar esto a la práctica requiere tiempo”, aseguró Pastore. Por ello, el pedido que realizan desde el gremio es el de una gradualidad para su adecuada implementación, a fin de ajustar los plazos para un alto nivel de cumplimiento.

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Mercosur insistirá en acuerdo con la Unión Europea: "Lo que hoy pretende la UE es algo imposible".

📞Ing. Hugo Pastore, vicepresidente de la CAPECO.

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— GEN (@SomosGEN) January 25, 2024

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.