Del lunes 22 al viernes 26 de enero se desarrolló la denominada Operación “Moisés Bertoni” con el propósito de erradicar cultivos ilegales de marihuana dentro de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.

Esta reserva, ubicada en el departamento de Canindeyú, posee una extensión de 64.405 hectáreas y es administrada por la Fundación Moisés Bertoni, que tiene a su cargo su cuidado y conservación.

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Como parte de las tareas de combate al narcotráfico, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público llevaron a cabo diversas incursiones en este sitio, con apoyo de guardias forestales.

El informe final concluye con un saldo de 34 hectáreas de plantaciones de marihuana destruidas, divididas a su vez en 13 parcelas. Las mismas se encontraban en etapa de crecimiento.

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De igual manera, se incautó un total de 40 kilogramos de semillas de cannabis y se desmantelaron 5 campamentos precarios que fueron montados por los traficantes en la zona.

Desde la SENAD y la Fiscalía proseguirán con diversas acciones en la Reserva Mbaracayú, en el marco de la lucha contra grupos criminales que utilizan la región para plantar marihuana al margen de la ley.

En entrevista con el canal GEN, el presidente de Petropar, William Wilka, destacó el enorme impacto social que representa este adelanto para el sector agrícola de la región.

“Estamos realmente muy contentos de haber empezado bastante temprano. Esto genera una reactivación económica inmediata para la zona y para todos nuestros trabajadores, combinando un efecto económico en cadena que beneficia tanto a la economía directa como a la indirecta que se desarrolla alrededor de esta industria”, expresó Wilka.

El inicio anticipado responde a un compromiso directo asumido por la administración de la estatal con las familias cañicultoras, quienes en años anteriores habían manifestado su preocupación ante la incertidumbre de la comercialización de su materia prima.

El titular de la petrolera llevó tranquilidad al sector productivo al asegurar que toda la materia prima disponible en las fincas tiene mercado asegurado. “Nosotros desde un principio nos habíamos comprometido a que ellos tengan la tranquilidad de que toda la caña que produzcan y cosechen pueda ser entregada al 100% en nuestra planta, independientemente de dónde pudiésemos llegar a moler", ratificó.

Al ser consultado sobre los detalles técnicos de la molienda actual, Wilka precisó que toda la producción actual se está sosteniendo exclusivamente con la fábrica antigua, la cual fue puesta a punto de manera minuciosa para soportar la carga de este año.

Por el contrario, las obras del cuestionado nuevo tren de molienda de la planta de Troche se encuentran completamente al margen de esta zafra. El presidente de Petropar confirmó que dicha infraestructura moderna todavía no está operativa debido a que el proyecto sigue trabado en el ámbito legal.

“Esa parte todavía no está operativa porque está sujeta a una medida cautelar que sigue vigente“, puntualizó Wilka.

No obstante, adelantó que la asesoría jurídica y técnica de la petrolera estatal se encuentra analizando diferentes alternativas legales y administrativas en paralelo.

El Instituto de Previsión Social se comunica exclusivamente a través de los canales autorizados y no a través de cuentas de su plantel médico ni de quienes fingen pertenecer a él.

En tal sentido, se detectó una cuenta de Instagram identificada con el usuario Dr_Derlisleon, que se presenta como gerente de salud de IPS, colocando la cuenta oficial del Instituto de Previsión Social.

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También coloca un link de acceso directo a su número de Whatsapp, el cual puede representar un peligro para quienes ingresen, pues quien está detrás es un usurpador de identidad.

Se recomienda a los asegurados no responder mensajes, no compartir datos personales y mucho menos hacer transferencias de dinero.

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El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) encabezó un riguroso operativo en Ciudad del Este, donde las autoridades asistieron a 42 niños y adolescentes que pernoctaban en las calles. La intervención surgió tras denuncias previas y un seguimiento coordinado con la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

Las fiscalizaciones también abarcaron puntos estratégicos en Itapúa, Villarrica, Caazapá y Caaguazú. Estas intervenciones nacen del Programa PAINI, que busca proteger específicamente a las familias de pueblos originarios, garantizando los derechos de la niñez y la adolescencia indígena, con estricto respeto a su identidad cultural.

Las autoridades derivaron a los menores de edad a centros de cuidados específicos para su resguardo inmediato. Según la licenciada Paola Martínez, las madres, en la mayoría de los casos, exponen a sus hijos a condiciones infrahumanas en la vía pública. El protocolo activa el trabajo conjunto entre el Ministerio de la Defensa Pública, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Un caso testigo en Alto Paraná aceleró las medidas judiciales. Una madre de pueblos originarios recibió una advertencia formal de la Defensa Pública en abril. Ante la reincidencia y la persistencia de las mismas condiciones de riesgo, las instituciones procedieron al rescate de los niños para garantizar su seguridad.

La ciudadanía dispone de la línea gratuita 147 Fonoayuda para reportar y denunciar casos de vulneración de derechos de menores de edad.