La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín presentó acusación contra cinco hombres que habrían perpetrado delitos ambientales mediante la explotación irregular de una cantera en Minga Guazú y solicitó la apertura de juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz.

Se trata de Roberto Merardo Almirón Acha, César Miguel Almirón Acha, Arnaldo Ramón Quisama Feltes, César Emanuel Almirón Acha y Josías Ramón Quisama Cuyua, quienes quedaron a cargo de la Justicia.

Los citados enfrentan proceso por hechos punibles previstos y penados en la Ley 716/16 referentes a “los que eluden las obligaciones legales de medidas de mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas”, “se requerirá evaluación de impacto ambiental para los proyectos de obras o actividades públicas o privadas”, “extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos”, “producción de riesgos comunes, explosión mediante materiales explosivos u otros agentes, avalanchas”.

Según antecedentes, el 21 de agosto de 2017, Roberto Merardo, celebró un contrato con King Tai Chang para la explotación de la cantera, quien en ese entonces tenía una licencia ambiental. Sin embargo, no fue renovado y el contrato quedó sin efecto.

Pero posteriormente, los hoy imputados se pusieron de acuerdo con la explotación, elaboración, extracción, procesamiento y comercialización de piedras en forma clandestina, pues no tenían ninguna autorización del propietario.

El Ministerio Público inició las investigaciones en julio de 2023, tras la denuncia de King Tai Chang, dueño del inmueble explotado, situado en el km 26, lado Monday, distrito de Minga Guazú. Una comitiva fiscal se constituyó en el lugar y constató que los encausados estaban en plena actividad. Incluso el conductor de un camión que se encontraba en el sitio se dio a la fuga al percatarse de la presencia de los intervinientes.

Un técnico ambiental dictaminó en su oportunidad, que el área en cuestión constituye el sitio donde se desarrollaba la extracción de piedras. Había maquinarias pesadas, rastros de desprendimientos que fueron efectuados con explosivos y otros vestigios que daban cuenta de que los trabajadores apeligraban sus vidas, dado que se desempeñaban sin ninguna medida de seguridad, pues no contaban con equipos de protección.

La Fiscalía constató igualmente que no hay registro de declaración de impacto ambiental, así como tampoco informe de auditoría de cumplimiento del plan de gestión ambiental.  El denunciante sí cuenta con una declaración de impacto ambiental, pero los trámites ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) se realizaron hasta la obtención de ese registro, no así los demás requerimientos que avalen la explotación de la cantera intervenida.

Tras recopilar los elementos de sospecha, la Fiscalía Especializada inició la investigación en su momento y presentó imputación contra las cinco personas involucradas en los delitos ambientales. Finalmente, tras completarse el plazo establecido por el Juzgado se formuló la acusación correspondiente.

En el punto dos del orden del día de la sesión ordinaria de la fecha, la Cámara Alta tratará el proyecto aprobado y remitido por Diputados el 17 de diciembre pasado, que otorga la nacionalidad paraguaya honoraria en carácter póstumo a Elisa Alicia Lynch y dispone el traslado de la urna que contiene sus restos al Panteón de los Héroes.

La propuesta había sido presentada por los diputados Rocío Abed y Rodrigo Gamarra, quienes, en la exposición de motivos alegan que, en la persona de Elisa Lynch, se encarnan todas las virtudes de la auténtica mujer paraguaya

Nacida en Cork, Irlanda, en 1831, conoció a Francisco Solano López, en ese entonces, de 27 años de edad. Juntos tuvieron siete hijos, de los cuales, dos fallecieron en la guerra, entre ellos, Juan Francisco, más conocido como Panchito López, quien murió en la batalla de Cerro Corá, al frente de un escuadrón que tenía como fin defender a su familia.

De la misma manera murió su esposo, el mariscal Francisco Solano López, en 1865. Se le atribuyó la frase: “Muero por mi patria”.

Según la recolección de datos que expone el proyecto, madame Lynch presenció, junto a sus hijas, cómo pateaban los cuerpos de su marido y su hijo, quitándole orejas y trozos, con tal de llevarse un pedazo de “O dictador do Paraguai”

Sin embargo, Lynch tuvo el coraje de presentarse ante el comandante de Correa da Cámara y pedirle la entrega de los cuerpos, que finalmente fueron enterrados a metros de allí.

Le atribuyen haber organizado el funcionamiento de los hospitales y de dirigir personalmente la atención de los heridos, además de la provisión de alimentos y asistencia. Antes del periodo bélico impulsó el London Karape.

Sus restos fueron repatriados a Asunción en 1961 en un buque insignia de la Armada Paraguaya. El recibimiento fue con honores. La intención era llevarla al Panteón de los Héroes, pero como no llegó a casarse, la Iglesia católica no admitía que estuvieran juntos en un oratorio.

Finalmente se construyó un panteón en el Cementerio de la Recoleta, durante el gobierno de Alfredo Stroessner.

El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, María Luz Martínez y Karina Cáceres condenó a 16 personas, en su mayoría barras bravas de Luque, por narcotráfico.

Uno de los procesados es José Antonio Balboa, conocido como El Español y El líder, no precisamente por ser cabeza de una barra organizada, sino también de un esquema de comercialización de drogas entre hinchas de fútbol.

Balboa deberá pasar 12 años en prisión por ser el principal cabecilla de la banda que cayó durante el operativo denominado “Juego Sucio” en el 2020.

El operativo habia desarticulado una mega red que comercializaba drogas en el departamento Central. Se estima que distribuían alrededor de 300 mil dosis de cocaina al mes.

Durante el proceso, el Ministerio Público realizó más de 14 allanamientos en busca de más implicados en el esquema.

En el documento, firmado por Emiliano Rolón Fernández, se insta a autoridades a “respetar el debido proceso” de las investigaciones y evitar la filtración de informaciones. 

Para el abogado Ricardo Preda, esta medida no buscaría amordazar a los agentes fiscales, aunque resaltó que el fiscal general debería hacer una aclaración sobre su disposición.

Según su interpretación, el agente fiscal -en su relación con la prensa- no puede presentar al imputado como culpable, pero sí puede señalar objetivamente cuáles son las decisiones que toma con relación a una investigación. 

En entrevista con radio Ñanduti, el especialista expresó que un agente fiscal no puede dar detalles de la investigación, como por ejemplo que va a realizar algún allanamiento. “La prensa puede hacer uso de otras herramientas para buscar la información. Esta disposición aplica solamente a quienes están bajo la potestad disciplinaria del fiscal general”,  comentó.

“No hay ninguna colisión entre lo que establece el Código Procesal Penal, la circular -que es un recordatorio de lo que dice la Ley-, y la actuación de los agentes fiscales. “Me parece bien que haya ese recordatorio, pero el fiscal debe informar si los medios requieren sobre una causa, siempre respetando los elementos, como por ejemplo no presentar a un investigado como culpable o revelar elementos comprometedores de la investigación”, comentó la fiscal Teresa Sosa. 

EN CONTRA

Sin embargo, otros especialistas cuestionaron el tenor de la circular. “Así cómo fue presentada esta circular, hay como una suerte de orden de no hablar con la prensa. Lo que va a ocurrir es que se manejen las causas con total discreción. La corrupción tiene tierra fértil cuando hay secretismo”, mencionó el abogado Ezequiel Santagada.

A su vez, la abogada Alejandra Peralta Merlo indicó que “es un retroceso gigantesco a todo este proceso de transparencia. Es sumamente grave que en este país está haciendo metástasis por todos lados con la corrupción”.

Mediante la circular N.º 7, el fiscal general Emiliano Rolón insta a los funcionarios del Ministerio Público a que “observen las reglas del debido proceso instalado en la Constitución Nacional y en el sistema de ritual penal”.

En su inciso a establece que “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”.

El inciso b habla del carácter de las actuaciones y recuerda que “la etapa preparatoria no será pública para lo terceros...”. 

En el inciso c refiere que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimientos de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”.

Y en el inciso d recuerda que el incumplimiento de la obligación será considerad falta grave.