El doctor Jorge Querey, médico de cabecera de Fernando Lugo, explicó que el paciente continúa su esquema regular de recuperación y que, la internación de semanas atrás fue más bien preventiva, ante la sospecha de problema más grave, que finalmente fue descartado.

“Antes de todo esto él ya había finiquitado ir a un centro de rehabilitación de Cuba y esa invitación fue reiterada, entonces, iremos a hacer el chequeo anual allá y eventualmente ver qué proponen”, explicó Querey, en un contacto con el canal Gen-Nación Media.

Contó que, pese a la gravedad del accidente cerebrovascular y de las pocas expectativas que se tenían al principio, Lugo se encuentra mucho mejor, incluso en la socialización familiar.

Lugo sufrió un accidente cerebrovascular el 22 de agosto del 2022, cuando se encontraba en su oficina del Congreso Nacional.

De allí fue retirado en silla de ruedas y, posteriormente en una ambulancia que lo llevó a un hospital, donde permaneció internado en coma inducido. Su pronóstico era crítico y, para muchos, fue un milagro que haya sobrevivido.

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Más tarde fue a la Argentina, donde continuó internado en una clínica en la que, también realizaba rehabilitación y, tiempo durante el cual, no volvió a hablar de manera pública.

Durante las elecciones generales del 2023, su nombre fue incluido como el número uno en la lista del Frente Guasu, pese a que su condición le impedía desarrollar una vida normal.

Tanto la chapa de Euclides-Querey como la de Alegre-Núñez se atribuían el apoyo de Lugo para los comicios, pero la realidad es que, Lugo nunca se manifestó públicamente a favor de ninguno.

Finalmente, los resultados de las generales fueron catastróficos para ambos, incluso para el propio Frente Guasu, que, de 8 representantes en el Senado, se quedó con apenas uno (la senadora Esperanza Martínez).

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Luis Benítez y Alfonso Peña, directores de Yacyretá por la margen derecha e izquierda, respectivamente, junto con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Argentina, Daniel González, el día de hoy suscribieron el “Acuerdo Operativo de la EBY”.

Se trata de un documento de suma importancia para la entidad compartida por Paraguay y Argentina, ya que permitirá ordenar la operación y el flujo financiero de la binacional.

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Uno de los aspectos claves de este acuerdo es la fijación de una tarifa única de USD 28 por megavatio/hora como retribución por la energía generada y comercializada por la EBY.

De igual manera, se destaca la definición de aspectos operativos que permitirán a ambos sistemas contar con mayor previsibilidad en el despacho de cargas para abastecer las demandas.

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Este acuerdo, a su vez, allana el camino para la reactivación de las obras en el brazo Aña Cuá, fundamentales para ampliar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica.

Desde la Presidencia de la República celebraron la firma del acuerdo entre ambas partes, afirmando que el mismo representa “un avance que fortalece la equidad en la distribución de los beneficios energéticos entre Paraguay y Argentina”.

Para el abogado Ricardo Preda, la Contraloría General de la República tiene toda la facultad de solicitar la intervención de un municipio, amparándose en la ley 317 del año 1994 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o municipales”.

“No hay mucho margen para la interpretación. Sin lugar a dudas, la Contraloría tiene la facultad de solicitarle al Poder Ejecutivo que inicie los trámites de intervención”, explicó el abogado Preda en conversación con Universo 970.

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Dijo además que en el caso de la Junta Municipal es la que no puede pedir una intervención sin un dictamen previo de la Contraloría.

Asimismo, sostuvo que la falta de transparencia es una puesta en peligro de irregularidad en la gestión y que en el caso de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, el pedido de intervención es una decisión plenamente jurídica por parte de la Contraloría.

“La Contraloría si detecta un delito, hace el reporte de hecho punible. Lo que acá pide es que se intervenga porque hay una situación fuera de control y se detectaron irregularidades que pueden poner en riesgo el patrimonio”, subrayó.

Agregó que no hace falta llegar al perjuicio patrimonial, sino que basta con el hecho de poner en riesgo el patrimonio.

La fiscal Gladys González imputó por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa y transgresión a la Ley de Armas a Juan Manuel Bogarín Domínguez.

Este sujeto se encuentra acusado de intentar asesinar a su expareja, Isabel Margarita Dávalos, y a su novio, Alexis Javier Rodríguez Paredes, aparentemente motivado por los celos y el despecho.

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El hecho se registró en el año 2023, en jurisdicción del barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby. En aquella oportunidad, Bogarín había interceptado a la pareja cuando estaba a punto de llegar a su vivienda.

Tras descender de un vehículo con un arma de fuego, este sujeto intentó disparar contra la humanidad de la mujer, quien en ese momento iba con un bebé en brazos. Por fortuna, la pistola se trabó y no logró dispararse.

Esta situación fue aprovechada por Dávalos y Rodríguez, quienes huyeron rápidamente hasta su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde fueron interceptados.

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Decidido a continuar con su plan, Bogarín persiguió a las víctimas mientras continuaba intentando disparar, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado.