El centro habilitado operará de 7 a 17 horas, y ofrecerá servicios de psicología, psiquiatría y trabajo social, así como un sistema de referencia y contrarreferencia coordinado por la Secretaría Departamental de Salud.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó la importancia de este proyecto en el marco de la iniciativa nacional SUMAR, enfocada en la prevención, deshabituación y disminución del consumo de sustancias.

En sus declaraciones subrayó: “Este centro es un paso fundamental en nuestro compromiso por abordar las adicciones y la salud mental de manera integral. Trabajando en equipo, desde el gobierno central hasta las autoridades locales, podemos hacer una diferencia significativa en la vida de las personas y familias afectadas”.

La ministra también hizo hincapié en la necesidad de descentralizar los servicios de salud mental y adicciones, reconociendo la realidad de los recursos limitados en términos de especialistas. “Con solo 150 médicos psiquiatras para todo el país, necesitamos estrategias innovadoras para brindar atención adecuada a quienes la necesitan”, afirmó la Dra. Barán. “Estamos trabajando en la formación de profesionales de la salud en áreas comunitarias y en la expansión de servicios descentralizados para garantizar un acceso equitativo a la atención”.

La apertura de este centro representa un paso hacia la construcción de una red integral de servicios de salud mental y adicciones, enfocada en las necesidades de las personas y comunidades. La ceremonia de habilitación fue presidida por el gobernador del Departamento de Central, Ricardo Estigarribia, y contó también con la participación del presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, Dr. Raúl Latorre, así como diputados de Central, y autoridades departamentales.

La propuesta de reducir a 40 horas la carga de trabajo semanal (8 horas menos que en la actualidad) ha generado un amplio debate en diversas esferas, teniendo en cuenta el drástico cambio que representaría para la fuerza laboral del país.

El especialista en empleo, Enrique López Arce, expresó su posición respecto a este proyecto de ley -que se encuentra en estudio en el Congreso- y afirmó que la reducción de horas laborales podría tener un impacto significativo, sobre todo en las microempresas en Paraguay.

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“Si se reduce la cantidad de horas semanales de trabajo, es posible que estas empresas no puedan pagar a sus empleados, lo que podría llevar a un aumento de la informalidad y el desempleo”, sostuvo.

En Paraguay, existen alrededor de 600.000 personas trabajando en microempresas (que poseen de 2 a 5 trabajadores). Bajar la cantidad de horas laborales podría ser un desafío para las mismas, ya que podrían no tener la capacidad para absorber los costos adicionales, refirió.

A su vez, también podría tener un impacto negativo en la competitividad de las empresas locales y, por consiguiente, en la economía del país, ya que las mismas podrían perder oportunidades de crecimiento y desarrollo, a su criterio.

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López Arce enfatizó la importancia de considerar la realidad laboral de Paraguay antes de implementar cambios en la cantidad de horas semanales de trabajo. “Las políticas laborales deben ser diseñadas para promover la formalidad y la competitividad de las empresas, mientras se protegen los derechos de los trabajadores”, manifestó a HOY.

Su propuesta es emular el ejemplo de Chile e implementar la disminución de las horas de trabajo por sectores. Para ello, cree oportuno sacar un “sello de empresas” que trabajan 40 horas semanales y luego ir avanzando en ciertas empresas que tengan posibilidad de adoptar esta medida.

La aprobación de esta iniciativa se dio en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la sesión ordinaria del martes pasado.

El legislador proyectista, Roberto González, pide informes al ministerio en cuestión acerca del “ciberataque” ocurrido días atrás contra varios sitios web de instituciones públicas de nuestro país.

Por medio del documento se solicita describir el tipo de ataque (e.g. ransomware, ataque de denegación de servicio, etc.), y su nivel de severidad (si fue por infiltración, desplazamiento lateral por escalamiento de privilegios - detalles técnicos de la forma); etc.

Asimismo, el diputado exige conocer la cantidad de instituciones afectadas, con un listado de aquellas que fueron comprometidas con el ataque.

Por otra parte, requiere detallar las consecuencias del hecho, incluyendo la posible afectación a servicios públicos; la exposición de datos sensibles; y cualquier otra disrupción significativa.

Por último, el congresista pide conocer las acciones que el MITIC, y otras entidades del Estado, han asumido para contener el ataque y mitigar sus efectos, con la finalidad de restaurar la normalidad de los servicios.

Se estableció un plazo de 15 días para la remisión de estos informes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional.

El pasado 10 de mayo tomó estado público una grave infracción cometida por un ómnibus del transporte público sobre la Ruta D067 - Av. Gral. Eugenio A. Garay (ruta que une Luque y San Lorenzo).

Se trata de un colectivo perteneciente a la Línea 2, con chapa BBN 003, el cual fue captado circulando en contramano a la altura de Laguna Grande.

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Un automovilista logró filmar la irresponsable acción cometida por el chofer del bus, quien reaccionó de manera furibunda al ser increpado por este hecho, según se aprecia en el video.

La Patrulla Caminera este viernes informó sobre la retención de esta unidad, en jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo, en un procedimiento que estuvo a cargo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El inspector Édgar Sosa indicó al canal NPY que, luego de la viralización del video en redes sociales, decidieron tomar intervención para interceptar y demorar el vehículo.

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El conductor (cuya identidad aún no trascendió) incurrió en la que es catalogada como una “falta gravísima” y se expone a una sanción de 20 jornales (poco más de G. 2.100.000), la cual será aplicada de manera individual.

El colectivo permanecerá en calidad de depósito en la base de Guardia Delta 2 de la Caminera, situada frente al campus de la UNA, a expensas de lo que disponga más adelante el Juzgado de Faltas.