Se trata del proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a ampliar las funciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta al Departamento del Alto Paraná, y en particular en un radio de acción de 100 km., desde el Puente de la Amistad dentro del territorio nacional por un plazo de seis meses”.

Es proyectista del documento el diputado Guillermo Rodríguez, quien indicó que la inseguridad es la extensión “grosera y generalizada de la criminalidad”, que pone en peligro todo el orden público y privado en el Alto Paraná, en particular; y en el Paraguay, en general.

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“Nos hallamos inmersos en la inseguridad pública; creo que la Fuerza de Tarea Conjunta podría constituirse en una respuesta inmediata para la situación que aqueja a nuestro departamento y a la zona que fuera la tercera potencia comercial del mundo en sus mejores temporadas”, refirió.

Agregó que se necesita un sistema de políticas, procedimientos y acciones a ser desarrollados, exclusivamente, por el Estado para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna.

“En este sentido, el estamento militar podría ser de muchísima ayuda por su capacidad logística, talentos humanos, experiencia y funcionalidad para coayudar en la tarea de seguridad interna”, remarcó.

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El documento aprobado establece que la ampliación territorial de las funciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta, deberá abarcar las zonas urbanas y suburbanas de Ciudad del Este, Pdte. Franco, Hernandarias y Minga Guazú.

Cabe mencionar que a instancias de este mismo legislador, la Cámara de Diputados ya había aprobado otro pedido de declaración, en el mismo sentido que el actual.

En ese entonces, fue aprobado el proyecto “Que insta al Poder Ejecutivo a declarar en estado de emergencia en seguridad pública y ciudadana al Departamento de Alto Paraná”.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.