Solamente esta semana se realizaron cinco allanamientos en Asunción, con el resultado de la incautación de 90 tragamonedas. Los operativos se realizan de forma conjunta entre la Conajzar y la comuna capitalina y así, en cada ciudad que corresponda.

“Esa proliferación de las máquinas notamos en los 17 departamentos del país, en los 200 municipios. Además de ser clandestina la explotación, también cometen un hecho punible con hasta cinco años de cárcel”, comentó el presidente de Conajzar, Carlos Liseras, en contacto con el canal Gen-Nación Media.

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Apuntó también al daño mayor que es la adicción generada en los niños, quienes se convierten en jugadores compulsivos, incapaces de resistir el deseo de apostar y de conseguir dinerito o monedas de donde sea.

La Ley 6903/22 y el Decreto Reglamentario de diciembre del 2023 prohíben terminantemente que menores de edad puedan jugar con las máquinas tragamonedas. También establece la total prohibición de que las máquinas tragamonedas estén en la vía pública, en despensas, quioscos, ferreterías, al aire libre o cualquier lugar público.

“Estamos para ir a los 17 departamentos de la República, pero es difícil porque la ley dice que los municipios son los que tienen que otorgar los permisos”, recordó Liseras. Sobre el punto, lamentó que las notas remitidas a las municipalidades sobre la orden de iniciar los operativos no tuvieron respuesta en mucho de los casos.

Sin embargo, anunció que insistirán en los procedimientos a nivel país y que, incluso esperan contar con el acompañamiento de la Fiscalía.

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La reunión estuvo convocada y encabezada por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, en conjunto con el rector de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, el presbítero Rubén Darío Ojeda.

Durante el espacio, representantes de la Gobernación de Cordillera, la Policía Nacional y la Fiscalía expusieron sus primeras propuestas y planes de acción en un ambiente de cooperación y responsabilidad compartida.

Las instituciones participantes evaluaron experiencias previas e intercambiaron ideas para articular un plan integral que responda a la multitudinarias movilizaciones del próximo año.

Se acordó continuar con las mesas de trabajo interinstitucionales en dos próximas reuniones agendadas para el jueves 1 de octubre y el viernes 30 de octubre, ambas a las 9:00 horas, donde se concretarán los detalles logísticos y operativos finales.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.