Paraguay y Brasil siguen sin definir el presupuesto de Itaipú para este 2024, sin contar con el pendiente más grande que es el Anexo C, cuya revisión está habilitada desde el 12 de agosto del 2023, al cumplirse los 50 años de la firma del tratado.

“Itaipú trabajó por 13 años con una tarifa de US$ 22.60 kW/mes que permitió invertir en programas sociales con alto impacto. En el 2022 se terminó de pagar la deuda por la construcción de la represa, que dejó un excedente de cerca de US$ 2.000 millones”, recordó Peña.

Explicó que, con la posibilidad de volver a ese nivel a estas alturas, con las deudas ya cubiertas, ambos países podrían disponer de 100.000 millones de dólares para los próximos 50 años para inversión.

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Según Peña, dicha tarifa puede colocar a Brasil y Paraguay como “los más desarrollados y con mayor auge económico para los próximos 20 a 30 años”. Lo dijo en una entrevista con la Megacadena.

Desde aquel 2021, último año en que se pagó 22.60 Kw/mes, el primer descenso se dio en el 2022, primeramente, de manera unilateral en Brasil, donde bajaron automáticamente la tarifa para su mercado hasta oficializar el acuerdo que fue de USD 20,60 Kw/mes.

Posteriormente, con la cancelación total de la deuda en el 2023, la tarifa fue fijada en 16,71 Kw/mes. Cada disminución implicó la pérdida de posibilidades para inversiones en infraestructura eléctrica que el Paraguay necesita.

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En charla con la radio La Tribu AM, el profesional chileno reveló que su cliente tomó la decisión de salir ilegalmente de Paraguay tras recibir amenazas de muerte en su teléfono celular.

Manríquez recordó que la causa judicial se originó en Viña del Mar, Chile. Explicó que la madre de la niña, de nacionalidad paraguaya, incumplió de buena fe una autorización judicial de salida temporal y retuvo a la menor en Paraguay a finales del año pasado, debiendo haber regresado el 5 de enero.

Esta acción obligó a Bustos a activar la Convención Internacional sobre Restitución de Menores Ilícitamente Retenidos en el Extranjero. La justicia paraguaya falló de manera provisoria a favor del padre, y le otorgó un régimen de convivencia. Sin embargo, todo dio un vuelco drástico la semana pasada.

Según relató el abogado, mientras Francisco Bustos se encontraba en Paraguay y ante la inminencia de resoluciones que modificarían su estatus para relacionarse de forma permanente con su hija, la situación se tornó peligrosa.

“En el minuto en que se va enterando de que resoluciones provisionales le podrían ser desfavorables, en Paraguay recibe amenazas que están acreditadas y amedrentamientos graves. Él, su madre y otros se desesperan, y él, en definitiva, toma esta decisión que hoy día todos estamos cuestionando. Recibió amenazas de muerte por escrito en su WhatsApp a finales del jueves de la semana pasada”, reveló el letrado.

Al ser consultado sobre el origen de los mensajes, el jurista prefirió mantener la cautela procesal. “Yo no puedo decir ahora si vienen del lado de la madre, de su familia o su entorno. Uno puede hacer una derivada lógica, pero a veces personas ajenas a los procesos se involucran en el debate público y se convierte esto en una hoguera digital. Nosotros no sabemos todavía de quién proviene, pero las pruebas ya están oficialmente incorporadas en el procedimiento y en manos de las autoridades”, sentenció.

Las denuncias no se realizaron en Paraguay cuando el hombre recibió las amenazas, sino que fueron entregadas recién al ponerse a disposición de la justicia argentina.

SITUACIÓN ACTUAL

El juez penal de garantías Marcelo Saldívar declaró al ciudadano chileno en rebeldía, ordenó su captura internacional, por desacato a una orden judicial y violación del deber del cuidado. La Fiscalía paraguaya solicitó además su prisión preventiva por falta de arraigo en el país y peligro de fuga.

Actualmente, tras la intervención de las fuerzas de seguridad en Resistencia, Argentina, la niña ya fue restituida. “La niña fue entregada por la justicia de garantía de Argentina a su madre y ella está, entendemos nosotros, en Paraguay en este minuto. Deberá quedar sujeta a la jurisdicción de protección de la niñez y al resto de los procedimientos locales”, puntualizó Manríquez.

Por su parte, Francisco Bustos permanece demorado e imputado en territorio argentino bajo retención provisional, a la espera de que el Estado paraguayo remita formalmente el pedido de extradición.

En el transcurso de este lunes se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa del barrio Chaipé de Encarnación, en el departamento de Itapúa.

Un poblador de la zona que se encontraba en busca de remedios yuyos se topó con el cadáver durante su recorrido, dando aviso a la Policía Nacional.

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Posteriormente, se pudo confirmar plenamente la identidad de la persona fallecida. Se trata de María Araujo Ruiz Díaz, de 23 años, quien residía a unas cuatro cuadras del lugar del hallazgo.

Esta joven se encontraba con paradero desconocido desde el pasado martes, día en que fue vista por última vez con vida. Al perder todo contacto con ella, sus padres formalizaron la denuncia ante la Comisaría 114ª.

La inspección por parte del médico forense determinó que no existen rastros de violencia en el cuerpo. La causa de muerte sería una asfixia por ahorcamiento, de acuerdo al informe.

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La Fiscalía ya abrió una investigación por este caso, a cargo del agente fiscal Ever Williams, con el fin de determinar las circunstancias del deceso de la joven.

Como una de las primeras diligencias, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la pareja sentimental de Araujo. Allí se incautaron una serie de elementos que serán sometidos a pericia.

“La cesión es el único método que tenemos para bajar la deuda”, afirmó a ABC TV Édgar Villalba, presidente de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA).

La deuda que arrastra el Ministerio de Salud asciende a USD 1.000 millones. Mediante la cesión de derechos de cobro, se podrán financiar USD 360 millones, a tres años de plazo, lo cual amortiguará en cierta medida la cifra total.

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Al aceptar el denominado “factoraje” propuesto por el gobierno, las farmacéuticas indefectiblemente deberán asumir también los intereses acumulados, indicó Villalba, ya que no tienen otra alternativa en estos momentos.

“El único problema de la cesión es que solamente entra el objeto 350 que son medicamentos. No entran diálisis, recursos de amparo o servicios”, lamentó.

A raíz de esta limitación, varias firmas proveedoras quedarían fuera del mecanismo ofrecido por el gobierno para zanjar las deudas acumuladas, según el titular de CRIPFA.

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Para finales de año, la deuda podría quedar en alrededor de USD 500 millones, correspondiente al período 2025, siempre y cuando el plan de pagos se cumpla a cabalidad.

Si bien el Estado desembolsa USD 40 millones de forma mensual para pagar a las farmacéuticas, ello sigue siendo insuficiente, admitió. “Están cumpliendo en cierta forma, pero no alcanza por la deuda total”.