Uno de los cuestionamientos al programa Hambre Cero en las Escuelas es la falta de debate y predisposición de escuchar a médicos, científicos, docentes y padres para introducir mejoras en el proyecto, pese a la cantidad de audiencias públicas al respecto.

Sin embargo, muestra de que la propuesta fue discutida y de que, se oyeron las inquietudes son los cambios aplicados antes de su entrada a la Cámara y durante su tratamiento en Diputados.

La decisión de no incluir los royalties como fuente de financiamiento y de mantener esos recursos a favor de las municipalidades y gobernaciones fue una de las primeras modificaciones.

La preocupación por conservar el Arancel Cero en las universidades fue personalmente conversada por el presidente Santiago Peña con las autoridades universitarias, a quienes se garantizó la cobertura de la legislación.

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A esto se suma el articulado añadido en la Cámara de Diputados, donde se establece taxativamente el blindaje a los fondos del Arancel Cero.

Otra confusión, difundida como información veraz, pese a su falsedad, fue la eliminación del desayuno y de la merienda escolar.

Al respecto, tanto el MEC como el Ejecutivo desmintieron que se pretenda eliminar algunas de las comidas. Santiago Peña dijo anoche que el programa es de alimentación escolar y que, mal podrían suprimir lo que se tiene.

La premisa es de crecimiento, no de retroceso de ninguna de las conquistas vigentes, entre ellas, el arancel cero en las universidades.

Otra de las críticas va dirigida al rol del Ministerio de Desarrollo Social y a su capacidad de administrar y distribuir los alimentos en Asunción, Central y Presidente Hayes.

Sin embargo, esta cartera estatal, por su rol social, dispone de una base de datos de la población en relación niveles de pobreza, además de liderar programas de combate a la pobreza.

En cuanto a la transparencia, se establece un sistema de control y que, quien llegara a incurrir en actos de corrupción responderá con su propio patrimonio, según explicó el ministro de Educación, Luis Ramírez.

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La decisión fue tomada luego del violento y millonario atraco a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Natalio el sábado pasado, donde delincuentes se llevaron unos G. 1.000 millones.

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La declaración de emergencia regirá hasta tanto se dote de mayor cantidad de efectivos policiales para las distintas unidades policiales zonales. Además, instan a las autoridades a ejecutar acciones y programas innovadores de seguridad pública en este departamento.

El robo en Natalio se suma a lo ocurrido a la sede del BNV en Yatytay años atrás, además, el atraco al Banco Regional en Pirapó, todos con las mismas características.

Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, mencionó a los medios de prensa que destinará todos los recursos necesarios para resguardar la zona.

Asimismo, la Comandancia de la Policía Nacional dispuso el envío de unos 100 efectivos adicionales al departamento de Itapúa para reforzar a las comisarías, según informó el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Oscar Pereira.

Se trata de una amplia gama de productos agrícolas frescos y de calidad, directamente de los productores de varios puntos del país a los consumidores.

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Se llevará a cabo este martes 30 de abril en el Paseo 1811 ubicado sobre la ruta Mariscal Estigarribia, en la Dirección de Comercialización del MAG en San Lorenzo y en la explanada del Palacio del Congreso Nacional.

Los productores ofrecerán una variedad de productos frescos, desde frutas y verduras hasta productos lácteos y carnes. En ferias anteriores, los productos más demandados incluyeron queso; carne de cerdo, cabra, oveja, gallina y pato; harina de maíz; huevos; entre otros.

Esta actividad se realiza constantemente y tiene como objetivo promover la agricultura familiar, apoyar a los agricultores y ganaderos, y fortalecer la economía rural del país.

El MAG invita a todos los ciudadanos a participar en estas ferias de 7:00 hs hasta agotar stock, y disfrutar de los productos frescos y de alta calidad que ofrecen los productores locales.

El intendente fue imputado por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo. El proceso contra Carlos Echevería es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles 24 de abril por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Una de las mujeres murió por ahogamiento, en tanto la otra, como consecuencia de un severo trauma de cráneo.

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Según el acta de imputación, existen suficientes elementos que evidencian las deficiencias en el sistema de seguridad vial (nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos, además de carencias de barreras de protección eficaz ante raudales).

Los fiscales del caso indican además que el intendente es la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad, por lo que no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular y peatonal.

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Cabe mencionar que este lunes, una comitiva de la Unidad Penal n.º 2, de la Fiscalía de Luque, supervisada por el agente fiscal Jorge Escobar, allanó la sede de la Municipalidad de Luque, de donde recabó varias documentaciones (notas, aprobaciones, resoluciones) en dos cajas y lacradas que estarán sujetas a una pericia.