En el marco de la operación binacional Nueva Alianza 43, las fuerzas operativas de la SENAD con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal del Brasil y bajo la coordinación del Ministerio Público, completaron los primeros cinco días de incursiones en zonas boscosas del departamento de Amambay con el objetivo de erradicar cultivos ilícitos y debilitar logística y financieramente al crimen organizado.

Durante estas jornadas detectaron centros de producción de cannabis en zonas como Jaguarundi, San Luís, Trabuco y La Esperanza, ubicados en la zona fronteriza. En total fueron destruidas 137 hectáreas de cultivos de marihuana distribuidas en parcelas dispersas en los montes.

Así también, fueron desmantelados 39 campamentos narcos donde localizaron 30 mil 730 kilogramos de marihuana lista, además de semillas y elementos utilizados para el procesamiento de la droga.

Teniendo en cuenta el potencial de producción final de la superficie de cultivos erradicada, además de la droga lista detectada, se estima que hasta el momento fueron sacadas de circulación aproximadamente 441 toneladas de marihuana, que representan un lucro cesante para las estructuras del narcotráfico de 13,2 millones de dólares.

La operación es considerada como el mayor operativo contra el narcotráfico en el mundo, además de ser un ejemplo de cooperación internacional que tiene como eje la “responsabilidad compartida” entre Paraguay y Brasil. Las intervenciones seguirán de manera permanente por varios días más en el Departamento de Amambay.

Cira Novara, de la coordinadora de las Ollas Populares, argumentó que el monto fijado no contempla el costo real de vida, obligando a los trabajadores a prescindir de necesidades básicas.

“El salario mínimo realmente no alcanza. Ahora entre pasaje y comida ya se va todo. Ahí no puede incluirse alquiler, vestimenta, medicamentos y otros gastos. Hablamos de una burla porque las autoridades no pueden decir que con ese monto se puede vivir dignamente”, aseveró a la 730 AM.

La situación es crítica para las cocineras comunitarias, quienes en su mayoría son trabajadoras cuentapropistas con ingresos que no rozan el sueldo básico.

Novara detalló que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) solo les provee insumos secos para cubrir seis días al mes. El resto del tiempo deben hacer magia con ferias y colectas.

“Una familia que está al frente de un comedor tiene que juntar al mes G. 200.000 por día para cocinar para 100 personas, y claro que esos 200 van a dispararse a G. 300.000 para poder comprar carnes, verduras, huevos y queso que el Estado no entrega en cantidad suficiente”, comentó.

Las autoridades afirman que los carritos de comida ubicados en la zona del Panteón, fueron notificados hace tres meses de que debían tener sus papeles al día. Al no pagar impuestos, no tienen permisos para aprovechar esta zona. También advirtieron que los carritos operaban sin ningún control sanitario, ni de seguridad y con conexiones clandestinas.

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El director de Vigilancia de la Municipalidad, Miguel Stampf, explicó que el retiro de carritos gastronómicos responde a una falta administrativa relacionada con la ausencia de autorización municipal.

Autoridades retiran carritos gastronómicos del Centro de Asunción. Vía: GENTILEZA

La Policía Nacional ya retiró algunos carros y fueron llevados al corralón. Las autoridades lamentaron que no se hayan hecho los procedimientos adecuados, ya que los trámites para los permisos son gratuitos.

Si querés la habilitación, primero tenés que entregar tus antecedentes judiciales y policiales, los certificados médicos y aclarar bien qué vas a vender. Después, te queda esperar la inspección de la Municipalidad, que revisa la seguridad y la higiene para darte el visto bueno para vender comida en la vía pública.

El artículo 1 del decreto establece un incremento del 5 % en relación al salario mínimo actual. El artículo 2 estipula que a partir del 1 de julio del 2026, el nuevo salario será de G. 3.044.000 y el jornal mínimo, G. 117.077,

En el considerando, el documento menciona el acta final de Consam, que habla de elementos que justificarían un ajuste superior al resultante de la variación del IPC, debido a factores como:

Costo de vida, evolución económica y otros indicadores considerados relevantes por el sector. Incluso habla de la posibilidad de que los pagos podrían ser fraccionados o por etapas.

“Las evidencias analizadas reflejan un comportamiento desigual en la evolución de los ingresos reales entre los distintos sectores económicos, así como una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben”, expresa el acta.

Con esto, queda desechada la esperanza que guardaban hasta anoche los industriales, quienes esperaban que el anuncio no fuera la última palabra y que tuvieran una posibilidad de discusión.