El magistrado Otazú dispuso la aplicación de medidas cautelares contra los 13 imputados en esta nueva carpeta fiscal abierta. El juzgado interviniente ordenó el embargo preventivo de los bienes de los imputados, además de la inhibición general de vender y gravar sus bienes. Entre ellos figura el intendente esteño Miguel Prieto.

El juez fijó para el 17 de abril, a las 09:00, la audiencia de imposición de medidas cautelares para el jefe comunal.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, la semana pasada, imputaron a Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de administración y finanzas de la comuna esteña, y a otras 11 personas en la carpeta fiscal abierta.

Las pesquisas sostienen que presuntamente estas personas integraban un esquema liderado por el jefe comunal esteño y que desviaba dinero de la comuna a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando un perjuicio patrimonial de G. 306 milllones al municipio de la ciudad fronteriza durante la pandemia.

La institución informó que el objetivo de la intervención es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos esenciales y brindando una respuesta oportuna a las necesidades detectadas en estas comunidades.

En total, fueron distribuidos 130 kits de alimentos en la comunidad Jotoicha, 110 en San Miguel, 66 en Nasuc y 75 en San Ramón.

Asimismo, la SEN entregó 21 kits a Primavera 1, 22 a Primavera 2, 42 a San Pío, 35 a Trinidad, 30 a la comunidad San Pedro y 16 kits de alimentos a San Antonio.

Desde la institución señalaron que estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que se realizan en el Chaco para asistir a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acompañamiento estatal ante las necesidades alimentarias.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA

El fiscal Aldo Cantero informó que Bustos incumplió una orden emitida por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, en el contexto de un complejo litigio transfronterizo que busca el retorno de su hija menor a su país de origen.

E litigio tiene su punto de partida en Chile, donde se inició el reclamo de restitución debido a que la niña permaneció en territorio paraguayo más tiempo de lo establecido en una autorización vacacional que venció en enero pasado.

El fiscal aclaró que el cumplimiento de las medidas vigentes corresponden por jurisdicción a los magistrados locales, razón por la cual el desvío del procedimiento legal por parte de Bustos activó de inmediato la intervención de la justicia ordinaria en el ámbito penal.

En cuanto a Patricia Nieto, abuela de la menor, continuará sujeta al desarrollo de las indagaciones en calidad de investigada. Tras comparecer ante las autoridades, se dispuso que la mujer establezca su residencia temporal en la sede de la Embajada de Chile en Paraguay.

La niña de 2 años de edad, fue localizada este viernes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, luego de que se activaran los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda.