Lo que el Estado recauda a través de los impuestos, única vía para generar recursos; es fundamental para hacer frente a los planes de Gobierno en áreas indispensables como salud, seguridad, educación y en todas las gestiones pertinentes.

Desde la Dirección de Ingresos Tributarios, institución conformada por Tributación y Aduanas, anunció ayer que, desde el 15 de agosto al cierre del 29 de abril, la recaudación llegó a 457 millones de dólares, un monto que supera la meta de los 400 que se tenía como pronóstico de esta fusión y que, se estimaba alcanzar recién en el 2025.

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Para el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, recaudar esta suma, “da un poco más de tranquilidad”, no solamente para los planes de convergencia fiscal, sino para la inversión en sectores necesitados y prioritarios.

Este primer logro, sin embargo, poco o nada servirá, si no va de la mano con medidas de austeridad en la administración del dinero público.

“Estamos saliendo de una situación donde hay muchos ejemplos de malgasto, pero el hecho es ir mejorando de a poco, cerrando las diferentes válvulas de escape de mal gasto, ir mejorando en el tiempo”, opinó en una entrevista con el canal Gen-Nación Media, Fernández Valdovinos, quien no cree que los casos de nepotismo se acaben en un corto plazo.

No obstante, citó algunos ejemplos de ahorros registrados en los últimos meses, pero que no cobraron notoriedad.

Mediante la fusión de Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación y Secretaría de la Función Pública, se eliminaron más de 80 cargos innecesarios y un gasto de nueve millones de dólares en salarios. Con esta unión, lo que antes eran tres departamentos de recursos humanos, tres de contabilidad y de todo por cada institución, ahora pasó a uno solo por los tres.

Además, a través de la ley de compras públicas, las licitaciones se realizarán de manera mucho más eficiente y con menos costos. Los responsables de obtener buenos resultados serán la Contraloría, el BCP y Economía.

“Se acabará la época cuando un mismo vaso se compraba de forma separada y costaba 10 en Salud, pero 125 si compraba la UNA para Clínicas”, comentó el ministro, a modo de graficar el nuevo escenario.

En otro orden de cosas, una de las promesas de campaña del actual Gobierno fue la creación de 500.000 empleos en cinco años. La generación estará en manos del sector privado, pero el Estado se encargará de dar las condiciones, precisó Valdovinos.

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La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.