“Se recomienda el autoexamen, ante cualquier cambio de tamaño o consistencia de los testículos”, explicó el Dr. Daniel Romero, jefe del servicio de urología del HEQ del IPS-INGAVI.

En ese contexto, mencionó que Abril es un mes de concienciación sobre el cáncer de testículo, el más común en hombres de 20 a 35 años. Por tal sentido, recomienda el autoexamen testicular entre los 15 y 30 años, en realidad es más frecuente pero puede aparecer en cualquier momento de la vida.

Con el objetivo de informar acerca del diagnóstico, tratamientos y la implementación de medidas de prevención de este tumor masculino, el IPS y el Comité de Urooncologia celebraron una jornada Multidisciplinaria de cáncer testicular, llevada a cabo este último viernes 26 y sábado 27 de abril.

El cáncer de testículo es una enfermedad en la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de uno o ambos testículos. Los antecedentes de salud pueden afectar el riesgo de cáncer de testículo.

Los signos y síntomas del cáncer de testículo incluyen hinchazón o molestias en el escroto; asimismo, el paciente si se percata de la presencia de una masa testicular, no dolorosa, la cual se descubre, la mayoría de las veces, como hallazgo incidental en una ecografía como prueba de rutina”.

En cuanto a las pruebas que existen para confirmar la enfermedad, el primer paso comienza con una adecuada exploración “con el fin de detectar la presencia de una probable protuberancia en el testículo, su tamaño y localización. También deberá examinar detenidamente el abdomen y los ganglios a nivel supraclavicular, en busca de cualquier posible signo de que el probable tumor se haya propagado.

Una vez el patólogo examine el tumor, que serán cruciales para determinar el pronóstico de la enfermedad y los eventuales tratamientos oncológicos como quimioterapia o mediante estudios de imagen seriales (TAC tórax abdomen y pelvis), RMN, radiografías de tórax, así como los marcadores tumorales en sangre”.

“Se curan en un 95% de los casos, incluso si ya tienen metástasis”, mencionó el profesional. La mayoría de los casos se pueden tratar con éxito, incluso si se diagnostican tarde. Sin embargo, para lograr los mejores resultados, es importante estar informado y hacerse chequeos de salud con regularidad.

“Solo que cuando son estadios iniciales basta con la cirugía, en caso de diseminación se requiere a parte de la cirugía quimioterapia o radioterapia” explica el Dr. Romero.

El Servicio de Urología del IPS tiene como objetivo fomentar el trabajo en equipo, promoviendo la participación activa de profesionales dentro de la red de médicos a nivel país, con enfoque más planificado para el tratamiento efectivo y personalizado en pacientes que enfrentan esta enfermedad

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.