En entrevista con GEN/Nación Media, Preda habló sobre la cancelación de las cuentas de Tabesa en el Banco Nacional de Fomento (BNF), información que fue divulgada públicamente por el presidente Mario Abdo Benítez, y mencionó que las actividades financieras de cualquier persona física o jurídica están protegidas por el secreto bancario, contemplado en el Art. 84 de la Ley de Bancos.

En esta misma ley se establece que ninguna persona que acceda a esta información puede compartirla, salvo que exista una autorización del titular del derecho, en este caso, el cliente de la entidad, explicó.

Si bien se contemplan algunas excepciones a la regla dentro de la Ley de Bancos, incluyendo al Ministerio Público, autoridades judiciales o la Contraloría General de la República para determinadas circunstancias, en esta oportunidad no se aplica tal situación. “Fuera de eso, ningún funcionario de una entidad debería dar datos sobre clientes o transacciones a otras personas”, añadió Preda.

“No veo en qué contexto el presidente de la República pueda tener un dato del Banco Nacional de Fomento. No hay que confundir, no porque sea del Estado le puede dar información”, aseguró el profesional del derecho.

Preda aseguró que el mandatario no tiene una posición jerárquica dentro de la estructura del BNF ni forma parte del directorio para recibir información sobre clientes o cuentas bancarias de los mismos, como sucedió en este caso. “El presidente es un ciudadano más”.

También señaló que una publicación realizada en medios puede ser considerada como una “información negativa” para la entidad bancaria como el BNF, aunque eso no la faculta a cerrar directamente las cuentas del cliente como ocurrió en este caso con Tabesa luego de la filtración del informe de Seprelad.

A su criterio, fue una decisión unilateral del banco la de cerrar la cuenta perteneciente a la tabacalera.

Ante el pedido del gremio de postergar la reunión tripartita prevista para esta mañana, el viceministro Fernández se presentó de todas formas en el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (MTESS) a fin de interiorizarse respecto a los elementos legales que amparan dicha reprogramación.

“Sin dudas era importante constituirnos en el Viceministerio de Trabajo para conocer los elementos legales que están en la Constitución Nacional y en el código laboral. El viceministro de Trabajo, César Segovia, nos explicó que esto forma parte de un proceso legal, y que en ese aspecto es que se atendió el pedido del gremio”, expresó a los medios de prensa.

Enfatizó que sus esfuerzos están enfocados en desactivar el paro de buses previsto a partir del lunes 20 de mayo en la reunión tripartita de este viernes y apela, una vez más, al diálogo como el camino para encontrar soluciones.

“Queremos avanzar en todas las mesas institucionalizadas que tenemos, porque nuestro compromiso es con los ciudadanos. Nuestro objetivo es levantar el paro a través del diálogo”, agregó.

Mañana viernes a las 15:00, en la sede del Ministerio del Trabajo se llevará a cabo el encuentro entre representantes de Cetrapam, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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