Durante su recorrido por las instalaciones del Hospital Regional de Villarrica IPS, el mandatario Mario Abdo Benítez fue consultado si promulgaría la ley que exime de declaraciones juradas a los proveedores de Petropar y que exceptúa a la estatal de la ley de Contrataciones Públicas.

“Sí, yo normalmente no utilizo la herramienta del veto cuando hay una mayoría que se construye desde el Congreso, yo respeto el consenso, entonces, seguramente  vamos a evaluar desde el Ejecutivo, pero la herramienta del veto trato de usar de una forma muy extrema”, contestó el presidente de la República.

El senador Enrique Salyn Buzarquis defendió el cambio incorporado en la ley de Petropar, donde se saca del medio a Contrataciones Públicas, pero en compensación se exige la publicación mensual de la estructura de costos. Aseguró que su intención era buena.

El proyecto que se socializa bajo el rótulo de “eliminación de intermediarios” fue aprobado en el Senado con las modificaciones planteadas vía secretaría por el senador Enrique Salyn Buzarquis. El texto quedó así:

Artículo 1: Exceptúase a toda persona jurídica del exterior así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos con debida experiencia probada, que participe de procesos de contrataciones  o que de algún modo  contrate con Petropar para la provisión de los combustibles derivados del petróleo y biocombusibles, de la aplicación de la ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y  6355 /2019 que modifica los artículos 1,3,4,7,13 y 21 de la ley que Reglamenta el artículo 104 de la CN, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los funcionarios públicos y amplía las disposiciones de la ley 2051/03 y sus modificaciones y normas respaldatorias

Asimismo, Petropar queda exceptuada de las obligaciones de la ley 6355/2019, respecto a los proveedores que contrate con esta, en relación al párrafo precedente

Artículo 2: Petropar deberá transparentar la estructura de costos de los productos combustibles derivados del petróleo y bicombustibles que adquiera en el marco de la presente ley, debiendo publicar los datos y contratos en su página web institucional, además de remitir al Congreso Nacional mensualmente la rendición de cuentas de las compras realizadas con la documentación que respalde cada operación.

Para las 16:30 hs de este miércoles fue convocada una manifestación pacífica en la rotonda de la ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú.

Dicha convocatoria es realizada por un grupo de mujeres que exige la pronta detención de el o los autores de las últimas violaciones en serie que se registraron en dicha localidad.

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“Queremos que estos cobardes sepan que no estamos solas”, afirmó Johana Varela en entrevista con el canal C9N, solidarizándose con las pobladores que han sido víctimas de abuso sexual.

La misma dijo estar segura, al igual que sus demás congéneres, que hay más de un violador serial atacando en la capital departamental. Las autoridades sospechan que podrían ser hasta tres hombres, inclusive.

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Las pobladoras locales afirman que, luego de los últimos episodios, ya no se sienten seguras tanto en la vía pública como así también en sus propios hogares. “Tenemos que estar con miedo y encerradas”.

Las organizadoras instaron a la ciudadanía ovetense en general a que pueda solidarizarse con esta causa y apoyar la movilización de hoy, al tiempo de asegurar que no descansarán hasta que se logre la captura de los agresores sexuales.

Miguel Ángel Cáceres López, 19 años, un nini (ni estudia ni trabaja) que se especializó en asaltar tiendas de la capital, fue detenido por la Policía.

Lo agarraron en el barrio Tablada de Asunción, siguiendo una pista de varios atracos en los que, se sabía, era parte del grupo de delincuentes que realizaban golpes a mano armada.

El joven tenía una particularidad que le delataba en las imágenes de circuito cerrado de locales en donde realizaban sus fechorías. Actuaba con una zapatilla muy llamativa (bastante cara en el mercado), y dejaba ver un tatuaje que tenía en la zona inferior de la pierna.

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El sujeto no opuso mayor resistencia cuando los agentes se presentaron el sitio donde se encontraba, y le recordaron sus derechos como “flamante detenido” por robos agravados.

El comisario Sebastián Cristaldo explicó que, tras el seguimiento de los atracos en los que participó el individuo, se logró ubicar los lugares que frecuentaba.

“El mismo tiene antecedentes de asaltos en 8 locales de Biggie, solamente en Asunción. Ahora ya está a disposición del Ministerio Público”, manifestó el jefe policial a la emisora Ñanduti AM.

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La iniciativa legislativa fue presentada por los senadores Hermelinda Ortega, Esperanza Martínez, Antonio Barrios, Noelia Cabrera y Silvio Ovelar. El proyecto de Ley quedó modificado y se remite a la Cámara de Diputados, para su posterior análisis.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, expuso que el objetivo del proyecto es establecer la obligatoriedad de la competencia lingüística en cualquiera de los idiomas oficiales de la República del Paraguay, referente al español y al guaraní.

Asimismo, comentó que la demanda de estudiantes extranjeros y en virtud a nuestra soberanía lingüística artículo 140 “El Paraguay es constitucionalmente bilingüe”. Citó, además, el artículo 29 de la Ley 4251 que establece que las lenguas oficiales son instrumentos didácticos para medio de enseñanza en la educación superior.

En ese contexto, dijo que el manejo del idioma es condicionante para el proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a las prácticas, pasantías, investigaciones y extensiones. En tal sentido, la senadora indicó que la Comisión solicitó el parecer a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y al Consejo Nacional de Educación Superior, quienes tomaron con beneplácito la iniciativa y recomendaron algunas sugerencias.

“Este proyecto es muy importante y espero que se apruebe para que hagamos respetar nuestros idiomas oficiales”, remarcó por su parte, el senador proyectista Silvio Ovelar.

Otra modificación que planteó y fue aprobado por el Pleno es que el certificado de competencia no sea necesario en caso de que el curso se dicte en otra lengua. También propone que el Consejo Nacional de Educación Superior, será la autoridad de aplicación de la presente Ley.

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