El profesional en el derecho Guillermo Duarte Cacavelos es un especialista en enredar los procesos penales donde sus clientes son investigados por hechos de corrupción pública y no existe juez que se anime a sancionarlo por litigar de mala fe.

Un ejemplo de eso fue cuando el Tribunal de Apelación integrado por Arnulfo Arias, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón Fernández, al resolver una de las tantas chicanas que presentó Duarte Cacavelos en el expediente donde su cliente el diputado Miguel Cuevas está procesado por enriquecimiento ilícito, al momento de rechazar el incidente en la misma resolución los camaristas solicitaron al juez penal de garantías Yoan Paul López, que sancione al abogado por litigante de mala fe, debido a que iba presentando una serie de chicanas que no llevaban a nada, solo a tratar de enredar la marcha del expediente.

Sin embargo, el magistrado López hizo caso omiso a lo dispuesto por la Cámara y nunca le impuso la sanción al abogado del diputado Cuevas, que lejos de dejar de presentar incidentes, el letrado al tener el OK del juez siguió chicaneando el proceso.

¿Dónde radica el poder del abogado Guillermo Duarte Cacavelos? Primero el profesional es representante del Partido Liberal Radical Auténtico, todo político liberal que tenga problemas judiciales es representado por Duarte Cacavelos, ahora los colorados también vieron los buenos resultados que obtiene el letrado y también lo contratan.

De esta manera al estar codeado con políticos de los dos partidos políticos más grandes, Guillermo Duarte Cacavelos y todos los que trabajan en su estudio jurídico obtiene un alto grado de impunidad en sus actos jurídicos que rayan con la mala fe, tal como lo distinguió perfectamente la Cámara de Apelación que pidió en vano su sanción.

Por mucho menores incidente de los que presenta este abogado en los diferentes casos ya se sancionó a otros profesionales del derecho, basados en la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 961/15 establece sanciones para los abogados y procesados que hacen uso abusivo de las chicanas y en muchos casos ya se aplicaron estas penas.

En el artículo 4°, la acordada señala: “Deber de sancionar y comunicar. Los jueces o tribunales deberán aplicar sanciones disciplinarias a un auxiliar de justicia, cuando realizare actos de violencia, amenazas, injurias o maltrato a Magistrados o Funcionarios, cuando lo declare litigante de mala fe, o declare que ha ejercido abusivamente el derecho o que ha litigado con temeridad, y deberán comunicarla a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de su anotación en el legajo o ficha del auxiliar de justicia”.

Sin embargo esta disposición de la máxima instancia judicial parece no estar vigente para abogados como Guillermo Duarte Cacavelos, quien al momento de ejercer el rol de querellante varias veces se mostró a favor de sancionar a sus colegas que fungen de defensores y que presentan incidentes tras incidentes para no dejar progresar un caso, un ejemplo de ello se dio en el caso de la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, donde Duarte Cacavelos en muchas ocasiones se mostró en contra de las chicanas que presentaba su contraparte para no dejar que el proceso avance y pidió que sus colegas sean sancionados para que dejen que avancen las pesquisas.

Su más reciente logro fue el blanqueo del exministro del Interior, Rafael Filizzola, y de esta manera quedó impune un daño patrimonial de G. 1.200 millones que nunca se va a esclarecer.

El fiscal Néstor Coronel y su colega Natalia Fúster ya presentaron una apelación general contra la resolución de la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo, quien el pasado 4 de febrero declaró la prescripción de la causa de lesión de confianza contra el exministro por el caso de la licitación para reparar Comisarías que causó un daño patrimonial de G. 1.200 millones.

En la audiencia preliminar que se realizó la defensa de Filizzola presentó un pedido de prescripción de la causa alegando que transcurrió el doble del plazo de la pena prevista para el hecho punible de lesión de confianza que es de 5 años y ya se llevaban 10 años de investigación.

La jueza Pedrozo confirmó este hecho y sobreseyó definitivamente a Rafael Filizzola, Alejandro Candia Giménez, dueño de la empresa Todo Verde, que ganó la licitación, Juan Diego Fernández, administrador de la empresa, Aníbal Gerardo Muñoz y Fernando Ángel Sakoda, empleados.

Lo que la magistrada no tomó en cuenta es que el ex ministro Rafael Filizzola en el 2016 presentó una acción de inconstitucionalidad y con ayuda de la Corte Suprema de Justicia que cajoneó el caso por más de cinco años, ayudó a que se congele el caso.

Los representantes del Ministerio Público señalan que la jueza no tuvo en cuenta la teoría de los plazos muertos, que no es otra cosa que ir restando los días que el expediente no está en el juzgado, criterio que es utilizado por la Corte en algunos casos y llamativamente en otros no.

Este proceso se inició en el año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, que fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato. El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.