El fiscal Elvio Aguilera inició un proceso en contra de Vidal Eusebio Pino Bareiro, enfermero de profesión, por la supuesta comisión del hecho punible de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. El mismo se encuentra privado de libertad, a disposición del Juzgado de Garantías.

Pino Bareiro fue detenido el 19 de noviembre pasado, durante el allanamiento de su vivienda, ubicada en el asentamiento 1 de Junio del kilómetro 10 Acaray de Ciudad del Este.

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En la oportunidad, una comitiva de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agentes del Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional incautó del lugar 7,2 gramos de cocaína, distribuidos en varias dosis.

El sospechoso al percatarse de la presencia de los investigadores se dio a la fuga hacia la parte posterior de la vivienda y durante su huida arrojó un frasco de plástico que contenía 46 dosis de la droga. Seguidamente fue acorralado y reducido.

Posteriormente, durante la revisión de la casa, los intervinientes hallaron 1,4 gramos de cocaína en un pequeño envoltorio oculto en el ropero. Igualmente, incautaron del lugar billetes de baja denominación, consistentes en G. 196.000, que serían producto de la venta a menudeo de las sustancias estupefacientes.

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El fiscal Aguilera solicitó la prisión preventiva del sindicado, quien se encuentra recluido en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición de la Justicia. Asimismo, el representante público solicitó 4 meses de plazo para la investigación del caso.

Se trata del proyecto de Ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La normativa establece actualmente un máximo de 8 años de medida privativa de libertad para adolescentes infractores. Sin embargo, la iniciativa aprobada en el Senado plantea elevar el máximo a 15 años.

La propuesta busca aumentar la duración de la medida privativa de libertad en casos en los que el hecho cometido por el adolescente sea considerado crimen según el derecho penal ordinario.

El proyectista, Javier Zacarías Irún, argumentó que esta modificación responde al crecimiento sostenido de casos de adolescentes infractores, según lo evidencian las estadísticas judiciales, lo cual también derivó en situaciones que generaron conmoción social, como los recientes casos de María Fernanda y el joven repartidor (delivery) asesinado.

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El senador Javier Zacarías aseguró que el proyecto no vulnera preceptos constitucionales ni compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo. “Existen antecedentes en países como Argentina o Costa Rica, donde las penas para adolescentes alcanzan hasta 20 años. En nuestro caso, se propone llevar la sanción a 15 años, cuando el máximo para adultos es de 30 años según el Código Penal”, acotó.

Para la elaboración del proyecto se mantuvieron reuniones con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con quienes se evaluaron alternativas para endurecer las penas y abordar integralmente la problemática.

La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Las acciones jurídicas lograron obtener la declaración de caducidad en una demanda caratulada “José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte c/ Alfredo Ramón López Ruggeri, Luis Alberto Ferriol, Rolando Isaac López y Entidad Binacional Yacyretá, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual”.

El expediente fue tramitado en el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno, Asunción. Por parte de la EBY, intervinieron los abogados Alfredo González y Marcelo Codas Fontanilla, bajo la coordinación del Dr. Silvino Benítez.

Según los datos, el 19 de abril de 2022, José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte, iniciaron un juicio contra la EBY, reclamando indemnización por un supuesto ataque perpetrado por parte de guardias de seguridad de la empresa, cuando los mismos se encontraban pescando en el río Paraná.

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Posteriormente, la EBY solicitó la intervención y contestó la demanda. Tras eso, se admitieron las pruebas, sin embargo, esta providencia fue recurrida por Yacyretá por considerar que las pruebas ofrecidas por la parte actora fueron realizadas en forma extemporánea.

El pasado 5 de mayo de 2025, el juzgado declaró la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la parte actora. La sentencia se encuentra firme.

Don Leo fue hallado en zona de Marina de Asunción, entre unas barcazas en el río Paraguay.

Su familia recibió información de que una persona con las características del hombre ingresó al parque Carlos Antonio López, y de allí a la Marina, donde se habría lanzado al río.

Estaba desaparecido desde el domingo, Día del Padre, cuando salió de su vivienda ubicada en el Barrio Obrero.

Su familia inició una búsqueda desesperada debido a que el hombre de 73 años padecía Alzheimer, diabetes e hipertensión.

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