Juan Vicente Talavera, secretario de Sedeco, señaló a la 970 AM que de oficio tomarán acciones contra la empresa, luego de que se haya divulgado un audio donde una empleada maltrataba y extorsionaba a un cliente.

“Hubo una violación de los derechos humanos de la persona, porque se estuvo soslayando la dignidad de la misma que está consagrado en la Constitución Nacional. De ninguna manera esto puede ser un método eficaz para reclamar un derecho, el buen trato es un derecho inherente”, manifestó.

Pese a que la telefonista haya sido desvinculada de la empresa, los encargados serán sancionados en caso de que se encuentren evidencias suficientes. E indicó también que no tienen potestad para actuar contra la mujer que realizó las agresiones.

Talavera dijo que desconocen datos del cliente en cuestión, por lo que iniciaron las respectivas diligencias previas.

“Este tipo extorsivo, agresivo e ilegal de reclamar los derechos debe ser desterrado”, sostuvo el funcionario, por lo que sugirió que las personas que sufren estos escarnios, den a conocer sus casos para sancionar a los responsables.

ASÍ FUE LA EXTORSIÓN Y EL MALTRATO

En el audio en cuestión se oye a una mujer identificarse como Carolina González, quien reclama a un cliente por qué no pasaba a cancelar su cuenta, que ronda los G. 2.200.000. El hombre le señala que días antes logró un préstamo de un banco de 2.500.000, pero que tuvo que abonar la factura de la ANDE y que usó el dinero para pagar otras cuentas.

“A mí no me interesa un carajo tu cuenta (de la ANDE). Tenés que pagar tu cuenta en Inverfin. Ya me tenés podrida porque priorizás otras cuentas. La empresa te está ayudando bastante”, dice de manera sulfurada.

Al indicarle a la operadora que solamente tenía consigo la suma de 200.000 guaraníes, la respuesta de la mujer fue: “Señor, ¿usted quiere ir en demanda judicial? Hacémelo fácil, decime: me voy a demanda. Entonces te mando embargar tu salario completo, más accesorios judiciales, más mis honorarios: 3.800.000 te voy a recargar sobre tu cuenta”, dijo.

“Tenías un compromiso, señor. ¿Cuál es tu problema? No me interesa tu monto de préstamo, porque lo que te daban era para pagar a Inverfin. Te desubicás, señor, sos un desubicado. Tenés una demanda de por medio. ¿No entendés eso? Firmaste un documento y desde el mes pasado que te estoy esperando. Como sea vas a cancelar tu cuenta, vas a robar un banco, de lo contrario yo te voy a meter preso por estafador porque tenemos mensajes de que te dimos los medios para pagar”, comentó la mujer, quien no permitía que el ciudadano dé a conocer su punto de vista en este caso.

La ciudadanía le indica que su “luz” no le daba de comer y que si se embargaba, hasta podría perder su trabajo. Además le señala que vaya a otro banco a sacar al menos 1.000.000 de guaraníes para que abone a la empresa.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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