El doctor Rubén Medina, director de la XIII Región Sanitaria de Amambay, manifestó a la R800 AM que vía laboratorio han sido confirmados un total de 43 casos, pero con certeza clínica ya suman aproximadamente 200 casos.

El mismo confirmó que ya desde el mes de febrero se venían registrando varios casos febriles, pero debido a una demora para recibir la confirmación de datos clínicos recién ahora tienen certeza de la situación que se vive en dicho departamento.

Medina se mostró preocupado por el brote de chikungunya debido a que, de no tomarse las medidas necesarias, podría extenderse al resto del país. “Cuando se desata la epidemia es incontrolable, más todavía si tenemos proliferación de larvas que están creciendo y después se convierten en mosquitos adultos”, indicó a radio La Unión.

Sobre este mismo punto, recordó que el virus no se mueve a través del mosquito, sino directamente a través de las personas, por lo que alguien que ahora esté trabajando en Pedro Juan Caballero mañana podría, por cuestiones laborales, tener que viajar a otras ciudades, dispersando así la enfermedad.

El médico sostuvo que a inicios de año habían solicitado a las autoridades realizar mingas ambientales para contrarrestar la presencia de criaderos de mosquito, pero lamentó que no hubo acompañamiento a dicha propuesta debido a que enero y febrero fueron meses electorales y “la gente que tenía que colaborar en la parte de salud estaba en otra cosa”.

En relación a las zonas con mayor cantidad de casos confirmados, el director de XIII Región Sanitaria confirmó que el 95% corresponde a la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.

Respecto a los pacientes que han sido afectados con la enfermedad, el doctor Medina detalló que algunos han quedado con secuelas como dolores articulares, pero existe la sospecha de que dos ciudadanos brasileños mayores de 70 años han tenido un “proceso neurológico grave” y, por lo tanto, debieron ser transferidos a la ciudad de El Dorado, Brasil, para recibir un mejor tratamiento.

“Esto se veía venir, por eso en febrero presionamos para que todos los casos sean investigados a fondo, ahí comenzó a surgir la certeza de que teníamos circulando no sólo dengue, sino también chikungunya y probablemente zika”, expresó.

Finalmente, alertó a la población para tomar todos los recaudos necesarios e instó a consultar ante cualquier sospecha, esto debido a que no todos los casos vienen con fiebre alta sino que “se disfrazan” con dolores articulares muy fuertes, resultando ser chikungunya.

El agente fiscal Elvio Aguilera imputó a un hombre por los supuestos hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes. Se trata de Pedro Cristhian Solís, encargado de un prostíbulo en la localidad de Naranjal que fue allanado por las autoridades antidrogas.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de mayo, alrededor de las 18:30 horas, por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agentes de la Policía Nacional. Del poder del encargado del lugar, los intervinientes incautaron 6,2 gramos de cocaína en cápsulas y 1,3 gramos de marihuana.

Además de dinero en efectivo (269.000 guaraníes), en billetes de distintas denominaciones, presumiblemente producto de la venta de las sustancias prohibidas. Las drogas estaban distribuidas en distintas partes del local nocturno, que era utilizado como fachada para la venta y comercialización al menudeo de las sustancias estupefacientes.

Una vez reunidos los elementos de sospecha, el fiscal Aguilera abrió el proceso contra Pedro Solís y solicitó al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva, atendiendo a la gravedad de los hechos presuntamente perpetrados.

Tres niños de 3, 4 y 11 años de edad, respectivamente, acabaron siendo hospitalizados luego de sufrir una grave intoxicación en la zona de Alto Paraná.

Reportes de medios locales indican que los niños consumieron un producto elaborado a base de cannabis, lo cual finalmente provocó reacciones adversas en su organismo.

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Los menores fueron llevados primeramente al Hospital Regional de Ciudad del Este y luego se dispuso su traslado al Hospital Pediátrico “Acosta Ñu” de San Lorenzo, a fin de recibir atención especializada.

Los menores de 3 y 4 años son los que se encuentran en más grave estado, ya que debieron ser intubados e internados en terapia intensiva, de acuerdo al informe divulgado por el Ministerio de Salud. Por su parte, el niño de 11 años recibió un lavado gástrico y se encuentra en evolución.

“El hecho ocurrió en Minga Guazú. El niño de 3 y 11 ingresaron a este hospital. Al niño de 3 años se le tuvo de intubar. El paciente de 11 años presentó vómitos, estaba desorientado. Ambos fueron trasladados al Hospital del Acosta Ñu”, reportó el Dr. Federico Schrodel, director del Hospital Regional de CDE, en charla con radio Monumental.

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La madre de los afectados también llegó a consumir el producto, por lo que -al igual que ellos- presentó complicaciones de salud y tuvo que ser asistida por los profesionales del centro asistencial.

Los estudios laboratoriales dieron positivo a THC (componente psicoactivo de la marihuana), el cual sería uno de los ingredientes de los caramelos de goma que aparentemente consumieron los pacientes.

“Toda la familia estaba en el hospital. Les acompañó una vecina que comentó que consumieron una gelatina. En los análisis salieron positivo a marihuana”, dijo el médico.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.