Desde este martes, la Policía Nacional está en alerta luego de que se viralizara, a través de las redes sociales, un audio de supuesta amenaza contra dos colegios de Horqueta y tres de la ciudad de Concepción.

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El audio corresponde a conductores de un programa radial, quienes leyeron la amenaza que les había llegado y donde se cita a las instituciones involucradas.

Además del audio viralizado por whatsapp, se encontró en la sala de clases del séptimo grado del colegio de Horqueta, un escrito donde se menciona “No vengan a clases el 24 de agosto, porque habrá balacera en el colegio”, según consta en el informe policial.

“Desde la fecha estamos vigilando las entradas y salidas de los colegios Don Bosco y María Auxiliadora. Vamos a dialogar con los padres como docentes para verificar las mochilas de los alumnos, porque la policía no puede hacer eso al tratarse de menores”, expresó el comisario Ángel Cantero, jefe de seguridad ciudadana de la policía de Concepción.

Autoridades están en alerta y las clases presenciales fueron suspendidas en estas instituciones. Los respectivos directores presentaron la denuncia formal y desconocen si los alumnos o padres tienen algún problema con los colegios.

“Tenemos disponible personal táctico y expertos en explosivos que están atentos para cualquier situación”, agregó el comisario.

En una entrevista con el canal Gen-Nación Media, el procurador González expuso didácticamente los artículos de la ley de Superintendencia de Jubilaciones y despejó las dudas al respecto.

El artículo 5, sobre las Atribuciones Normativas, que señala que: la Superintendencia tendrá atribuciones de regular la Caja de Jubilaciones Pensiones considerando parámetros de razonabilidad, dictando normas de carácter general. Con el inciso E sobre las inversiones, muchos arguyen que van a entrar a regular las cajas.

“Solamente se van a establecer criterios de administración, en el sentido de cuáles son los límites, topes, conflictos de interés y responsabilidades de administradores que hoy no existen y que es lo único que se proyecta con el proyecto de ley”, respondió.

Algunos hablan del temor hacia las líneas que dicen que Superintendencia va a poder determinar reglas de gobierno corporativo y creen que con eso van a sustituir las administraciones.  “Eso no es cierto, no implica ni crear ni suprimir ninguna estructura orgánica de las entidades de jubilaciones y pensiones”, indicó.

Recalcó que, nadie más que las cajas van a poder determinar el destino de los fondos de inversiones, pues, la Superintendencia no podrá obligar ni indicar de manera alguna en qué instrumentos invertir los fondos, sino, solamente, señalar cuáles son los límites por cada tipo de instrumento financiero para que una caja no tenga todos sus activos en un solo instrumento y se puedan diversificar los riesgos.

“Si querés invertir en esto, tenés hasta el 10 o 15 % de tus activos para invertir en esto que te interesa, si querés hacerlo en otro, podés hacerlo, pero hasta tanto por ciento para que todos los riesgos no estén asumidos en un solo tipo de instrumento financiero”, afirmó.

#ArribaHoy ☀

Semana clave para la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones: "Se establecen criterios de administración en el tema de límites.

📞Marco Aurelio González, procurador general.

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— GEN (@SomosGEN) December 5, 2023

Artículo 11. – Régimen de inversiones

Las EJP deberán cumplirán sus funciones de gestión de inversiones, utilizando conceptos de manejo de riesgos basadas en la diversificación y la gestión de activos tal que satisfaga las obligaciones derivadas del pasivo, protegiendo los intereses de los afiliados. Solo podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos en varios incisos, entre ellos, el B, sobre Bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay, registrados en la superintendencia de Valores.

Sobre el punto, el procurador informó que, hoy día, IPS ya tiene por su reglamento interno la autorización de comprar bonos del tesoro, pero solo a través de los bancos, es decir, no en iguales condiciones que si lo pudiera comprar directamente. Actualmente, teniendo esa autorización, no tiene comprado ningún bono del tesoro. “Eso hay que aclarar porque dicen, pretenden abrir la canilla para cobrar”, resaltó.

El artículo 43, de las Derogaciones, donde, actualmente se establece que, los recursos financieros del IPS no podrán sufrir ningún tipo de restricción respecto a su administración, inversión o colocación en el sistema financiero y bancario. Este párrafo queda derogado, pero se mantiene el tercero, que dice: el Instituto no concederá préstamo al Estado ni a los entes descentralizados ni a las municipalidades.

“La prohibición de prestar al Estado seguirá vigente y no se será derogado con este proyecto”, indicó.

Artículo 12: Inmuebles. Los inmuebles que formen parte del patrimonio de una EJP podrán ser enajenados mediante mecanismos de subasta pública, que serán reglamentados por la Superintendencia.

“Este artículo pone reglas claras para dar liquidez a esos activos, para que no permita una mala gestión.

Artículo 31, sobre la protección legal en la adecuación e intervención, que actualmente señala que: ni los funcionarios de la Superintendencia ni los interventores podrán ser sometidos a juicio por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones legales. Estas acciones podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de dichas funciones, por la eventual omisión o desviación en el cumplimiento de las mismas.

“Solamente 12 meses puede durar una intervención y la intervención sustituye a la administración y la norma es similar a la intervención que se da en bancos para darle una protección al que va a intervenir, porque durante la intervención tiene que adoptar actos de administración, imagínate que te recurran la decisión de intervención y te solicita una medida cautelar, ¿cómo durante esos 12 meses vas a adoptar alguna decisión? Por eso se precautela esa gestión durante ese periodo, pero después de esos 12 meses va a tener que rendir cuentas y ser responsable, entonces, no existe posibilidad de prescripción para esos funcionarios”, concluyó.

En el marco de las diligencias realizadas dentro de la “Operación Dakovo”, la agente fiscal Belinda Bobadilla encabezó el allanamiento en el que fue detenida la capitana Josefina Cuevas Galeano, del Comando del Ejército (adjunto del primer departamento de personal del Ejército).

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre las calles Brasil casi Independencia Nacional de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Acompañaron el procedimiento agentes especiales de la SENAD y personal de apoyo de las Fuerzas Especiales (FFEE).

En la ocasión, se incautaron un celular de la marca Samsung, modelo S21 de color negro, y una computadora de la marca HP, color gris, con cargador.

La orden de allanamiento fue firmada por el juez penal especializado en Crimen Organizado, Segundo Turno Abg. Gustavo Amarilla Arnica.

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El fiscal Ysrael Villalba Ramírez ordenó la destrucción de un importante lote de productos falsificados de la marca Hugo Boss. El mandamiento judicial para la inutilización de las mercaderías fue firmado por el Juzgado de Garantías número 8.

Los artículos falsificados fueron incautados el 8 de junio de 2023 durante varios allanamientos llevados a cabo en dos locales comerciales de “Valencia & Co”, ubicados en la galería Barcelona, en la avenida Carlos Antonio López casi Monseñor Rodríguez y Adrián Jara del microcentro de Ciudad del Este.

De ambos comercios, pertenecientes al comerciante de origen libanés, Mohamad Kamel El Daoud Abbas, fueron incautados los productos ilegales, consistentes en remeras, short, joegger, bolsas plásticas, entre otros, por un valor estimativo de 26 mil dólares americanos.

El procedimiento se realizó tras una denuncia presentada por Hugo Berkemeyer, bajo patrocinio de los abogados Federico Huttemann y Enrique Guerrero, en representación de “Hugo Boss” y “Hugo Boss y Etiquetas”.

En el marco de la investigación del caso, el fiscal Ysrael Villalba imputó en su momento al dueño del negocio por el supuesto hecho punible contra la propiedad marcaria. Finalmente requirió la destrucción de los productos falsificados, que fue ordenada por la Justicia y ejecutada en el predio de la Bóveda del Ministerio Público.