El diputado Roberto González (ANR), titular de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay, encabezó la mesa técnica que tuvo como objetivo dar análisis y trámite a una solicitud de la Municipalidad de Asunción, consistente en trasladar el monumento ecuestre del Mariscal López hasta la Costanera de Asunción, en su intersección con la Avda. General Santos.

El congresista celebró la presencia de todos los representantes que integran dicho bloque, teniendo en cuenta la importancia y el gran desafío de trabajar en la proyección de nuevas estrategias que revitalicen y promocionen los patrimonios y sitios históricos del Paraguay.

“Hemos analizado un pedido de la Municipalidad de Asunción, que en junio de este año ha solicitado la posibilidad, al Congreso y a la comisión nacional, de trasladar la estatua ecuestre del Mariscal Francisco Solano López, que está aquí en frente, en una plaza, sin visibilidad, donde muy poca gente lo puede apreciar”, apuntó.

Seguidamente, agregó que buscarán acceder a dictámenes y recomendaciones de paisajistas, expertos en vialidad y urbanismo, entre otros profesionales, antes de dar a conocer la postura oficial del estamento.

Dijo que son varias las aristas que deben ser estudiadas y consideradas, como por ejemplo, lo referente a la logística, en un traslado tan significativo e importante.

La Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay fue creada por Ley N° 5.893/18, con la finalidad del rescate; restauración; mantenimiento; y puesta en valor de edificios y construcciones patrimoniales, mediante acciones y tareas específicas que viabilicen y fomenten la protección; conservación; resguardo; conocimiento; y valorización de la historia a través de sus bienes históricos y culturales.

Además del diputado Roberto González, integran la comisión nacional, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el ministro – presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortíz; la titular de la Secretaría Nacional de Turismo; Angie Duarte; el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez; y el senador nacional, Sergio Rojas (PLRA).

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El Directorio del BCP, a través de la resolución Resolución N° 2, Acta N° 12, aprobó la actualización del Reglamento General del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) con algunos cambios introducidos.

La nueva reglamentación establece un nuevo monto máximo por operación, se eleva de Gs. 5.000.000 a Gs. 10.000.000.

Esto permitirá a los usuarios realizar transferencias instantáneas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por montos de hasta Gs. 10 millones.

A partir de ahora, las entidades financieras deberán adecuar sus canales electrónicos para que sus clientes puedan realizar transferencias inmediatas con el nuevo monto límite.

En el medio del crecimiento de los pagos realizados vía transferencia, esta actualización brinda mayor flexibilidad a los usuarios del sistema financiero, facilitando las transferencias de manera rápida, segura y oportuna.

La cartera laboral recordó que el sistema de mediación constituye un mecanismo institucional destinado a facilitar la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores, garantizando un espacio de diálogo accesible y sin costo para las partes.

En este sentido, el MTESS enfatizó que los trabajadores no necesitan contar con un representante legal para participar en los procesos de mediación laboral, ya que este servicio es brindado directamente por la institución. Por lo tanto, no es obligatorio contratar abogados ni pagar honorarios para acceder a la mediación o para cobrar indemnizaciones o montos acordados entre las partes.

Asimismo, la institución informó que se ha tomado conocimiento de la presencia de personas que, en la puerta del organismo, ofrecen servicios profesionales a trabajadores que muchas veces desconocen el funcionamiento del proceso de mediación y son inducidos a contratar asesoramiento legal innecesario para un servicio que es gratuito.

El Ministerio advirtió que no tolerará prácticas abusivas ni maniobras que busquen aprovecharse de la necesidad o del desconocimiento de los trabajadores, e instó a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier intento de presión, condicionamiento o cobro relacionado con estos servicios gratuitos que ofrece el Ministerio.

Finalmente, el MTESS reiteró que la gratuidad del servicio de mediación y el acceso efectivo a los mecanismos de resolución de conflictos laborales forman parte de las garantías que el Estado pone a disposición de los trabajadores para la protección de sus derechos.

Padres y madres de alumnos de la Escuela “Reino Unido y Gran Bretaña”, ubicada en la colonia Thompson de Ypané, acudieron a la Policía Nacional para formalizar una denuncia por un supuesto robo de dinero.

La acusación menciona la desaparición de G. 16.000.000, suma de dinero recaudada por la cooperadora escolar con el objetivo de adquirir nuevos aires acondicionados para la institución.

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El dinero se encontraba en poder de la tesorera de la ACE, de nombre Jazmín Milagros Delgado Valiente. La misma alegó haber sido víctima de un hurto el pasado viernes mientras se desplazaba en un ómnibus del transporte público.

“Al llegar a la ciudad, en un camino vecinal y estando el colectivo en movimiento, una persona saltó por la mochila que tenía en su regazo”, mencionó al canal Trece la Crio. Sonia Pavón, jefa de la Comisaría 40 Central.

En ese momento, la tesorera no dio aviso de lo ocurrido al chofer ni tampoco a los demás pasajeros, aguardando hasta salir a la ruta para descender del bus y allí comunicarse de manera telefónica con uno de los miembros de la ACE, quien fue a su encuentro y la acompañó a realizar la denuncia.

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Ese viernes coincidentemente debía realizarse la rendición del millonario monto para concretar la compra de los acondicionadores de aire, confirmó la jefa policial. Ya el día anterior al hecho, Delgado habría presentado excusas para no hacer entrega del dinero, según señalaron los denunciantes.

Los padres de familia se muestran escépticos en relación a la veracidad de la denuncia de robo y apuntan sus sospechas contra la tesorera, motivo por el que exigen la intervención de las autoridades.