La seguridad está en terapia intensiva y este Gobierno todavía no ha hecho nada en contra del EPP, según la diputada liberal Celeste Amarilla quien espera ver al menos el plan que tiene Mario Abdo Benítez para contrarrestar este problema.

“Esto le parece mucho a lo de Choré, puede ser que el EPP esté de vuelta juntando dinero, creo francamente que puede ser eso como ya ocurrió una vez”, comentó la diputada Amarilla en entrevista con la 650 AM.

En cuanto a la posibilidad de cambiar las autoridades encargadas de la seguridad, Amarilla consideró que sacar al ministro Juan Ernesto Villamayor no representaría una solución y que antes bien se debería mostrar una hoja de ruta sobre lo que se pretende hacer contra la delincuencia.

“Lo que quiero escuchar es un plan de Gobierno del presidente y de cómo va a responder a corto, mediano y largo plazo”, afirmó la legisladora del PLRA.

En 1997 delincuentes que pertenecían al partido Patria Libre intentaron llevarse un botín de 600 millones de guaraníes de la sucursal de Choré del Banco Nacional de Fomento (BNF). Sus integrantes Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, entre otros, eran los mismos que en el 2008 pasaron a autodenominarse EPP.

Ellos y otros integrantes habían alquilado una vivienda frente al BNF, en donde posteriormente hallaron pistolas, escopetas, extractores de aire, luces a batería, entre otras cosas.

El ingeniero Roberto Salinas, extitular de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), señaló al canal GEN que el costo inicial estimado en 2015-2017 era de 350 millones de dólares, mientras que ahora asciende a 600 millones. Este aumento plantea dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto, especialmente en términos de mantener tarifas razonables para los usuarios.

El modelo actual contempla que el Estado asuma todo el riesgo, garantizando a los inversionistas privados la totalidad de la inversión mediante el Tesoro Nacional. Salinas considera que este esquema es innecesario, ya que parte del proyecto es rentable y podría transferirse al sector privado.

“No tenemos por qué cargarle al gobierno costos que pueden ser compartidos. Antes se planteaba que el privado absorbiera el 70% del riesgo, pero ahora el Estado asume todo, lo que implica subsidios excesivos”, afirmó.

La ley anterior establecía una franja de 14 metros para el tren, pero la nueva propuesta la amplía a 28 metros, generando sobrecostos significativos en indemnizaciones. Para Salinas, esta ampliación es “innecesaria” y no tiene justificación técnica clara.

Además, advirtió que este modelo de financiamiento podría condicionar negativamente el desarrollo de un sistema ferroviario sostenible en el país. “Si en el primer proyecto importante el Estado asume todo el riesgo, se desincentiva la participación del sector privado en futuros desarrollos ferroviarios”, expuso.

El esquema propuesto, según Salinas, réplica del modelo de la Ruta 2, donde el Estado también garantizó la totalidad de los riesgos al concesionario privado. Aunque esto puede ser útil en casos específicos, señaló que en un sector con tanto potencial para el capital privado, como el ferroviario, es crucial buscar un equilibrio que promueva la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Junior Ramón Delvalle Almeida (38), de profesión barbero, es el sospechoso de ser el cabecilla de la banda que ayer intentó un atraco, cuya ‘expectativa de botín’ era de US$ 6 millones.

El hombre fue identificado gracias a una serie de errores que cometieron los delincuentes, por un lado, y la rápida y efectiva acción de los investigadores, por el otro.

Una falla cometida por los mismos, es el hecho de desestimar que el inmueble que alquilaron como PC (en Capiatá), tenía una cámara de circuito cerrado, que brindó en bandeja, evidencias de valor. Otro error fue que el supuesto cabecilla, incurrió en acciones harto sospechosas que realizò en presencia de su pareja, a la que aparentemente mintió, para guardar una de las camionetas usadas en el asalto, además de albergar a hombres vestidos de ‘parapara’I’, utilizados por uniformados de la milicia.

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Los policías llegaron a identificar a la novia de Delvalle Almeida, la interrogaron, y obtuvieron información de mucha utilidad para desvelar a los implicados en el intento de vacìar la bòveda de la empresa Britimp.

En la mañana de este martes, una comitiva policial-fiscal inició una serie de allanamientos en la ciudad de Caacupé, en donde estaría otra célula de la agrupación delincuencial.

Delvalle Almeida tiene antecedentes por asalto, uno de los cuales cometió en el año 2018, en la localidad de Loma Grande.

Sobre la optimización de recursos entre la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio del Interior, el congresista Aguilera señaló a la radio Universo 970 AM que no hay problemas en la reestructuración.

Según el legislador, este cambio busca garantizar resultados más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. “La cooperación internacional siempre es importante, pero cuando deja de ser cooperación, el convenio pierde sentido. La Policía Nacional debe ser el órgano central en la seguridad interna, con apoyo de los organismos internacionales bajo un marco claro”, afirmó.

Aguilera destacó los resultados alcanzados por la administración actual en la lucha contra el narcotráfico, evidenciados por importantes decomisos y operativos. “Los números son contundentes y muestran que se está actuando con firmeza. No se puede afirmar que se deja el campo libre al narcotráfico, cuando precisamente lo contrario está ocurriendo”, añadió.

Registro Único Nacional y catastro: un paso hacia la formalización

Otro tema de debate es el proyecto para la creación del Registro Único Nacional, una iniciativa que busca mejorar la formalización de la tierra y garantizar la seguridad jurídica a los inversores. Aguilera valoró el proyecto como un paso esencial para enfrentar problemas históricos del país, como la falta de orden en los registros públicos.

“El Registro Público ha sido un cuello de botella para cualquier trámite de propiedad. Este gobierno está encarando un problema que ningún otro había priorizado. La oposición critica, pero no ofrece soluciones concretas”, dijo.

Sin embargo, el legislador reconoció dos desafíos importantes: La necesidad de renovar liderazgos: Aguilera se enfatizó que no se puede transformar una institución con las mismas personas responsables de los problemas actuales. El desarrollo de un catastro nacional: Subrayó la importancia de establecer un registro claro y confiable de propiedades, ya que actualmente hay terrenos con dobles y triples titulaciones, lo que genera conflictos y desorden.