Un equipo técnico del Programa PAINI (Programa de Atención Integral a la Niñez Indígena) del MINNA, acompañado por funcionarios del INDI, realizó una visita a la Comunidad Indígena Maka.

El encuentro contó con la presencia de líderes y promotores de la citada comunidad ubicada en Mariano Roque Alonso, quienes estarán acompañando todo el trabajo de ambas instituciones gubernamentales en el apoyo, contención, derivación y seguimiento a las niñas, niños y adolescentes en situación de abuso sexual y consumo de drogas.

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El MINNA articulará el ingreso de los menores que se encuentren en situación de consumo en el 

Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (CENPTRA), dependiente del Ministerio de Salud Pública, a fin de garantizar el tratamiento de desintoxicación.

Por su parte, el INDI acompañará la misma acción con los adultos de la comunidad Maka que se encuentran con la misma problemática, de manera tal a que también puedan dejar de lado el consumo de estupefacientes y con ello acceder a una mejor calidad de vida.

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Para el martes 22 de noviembre se prevé la próxima reunión con padres y referentes de la comunidad para elaborar un protocolo de trabajo respecto a las derivaciones y seguimiento de casos.

Una conversación entre el Gobierno y los transportistas el viernes último, logró abortar la “amenaza” del paro del servicio, ante una deuda de 7 millones de dólares, correspondiente a un atraso de tres meses.

Óscar Stark, viceministro de Transporte, explicó que, el subsidio se paga con base a la tarifa técnica, la cual, nace a partir de un estudio. Sobre el punto, reconoció que existen investigaciones en curso sobre validaciones irregulares.

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“Cuando hay sospechas, se apartan y no se pagan. Sobre esto salió una resolución que dice que solamente se pagan las que no tienen sospechas”, comentó Stark, en una entrevista con la emisora 730 AM.

Reveló que unas seis empresas son las que concentran las validaciones en volúmenes muy grandes. Al respecto, la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para la investigación. “Hasta ahora no sabemos quiénes son los bandidos”, resaltó.

Recortó que, la mitad del pasaje de todos los usuarios del transporte público del área metropolitana es absorbida por el subsidio, cubierto con los impuestos de los contribuyentes.

En tal sentido, el viceministro de Transporte indicó que la cartera estatal atraviesa problemas presupuestarios y que, la deuda es de unos 60.000 millones de guaraníes por unos 90 días de atraso.

En entrevista con la radio Universo, el economista Manuel Ferreira dijo que considera “ridículo” pelearse en este momento de transición, ya que se podría acordar importantes acuerdos en pos de beneficiar al país.

Recordó que fue el ministro de Hacienda en la era Franco y que llegó a trabajar junto con Germán Rojas y Benigno López, quienes representaban al equipo de transición del Gobierno entrante de Horacio Cartes. Cuando eso, al haber consenso entre ambos equipos, se logró pagar importantes deudas que tenía el Estado paraguayo.

Paraguay tenía tres importantes deudas en ese entonces: con Gramont Berres, con Société Générale de Surveillance SA (SGS) y con Bureau Veritas (Bivac). Durante el traspaso de mando se logró pagar las deudas con las dos últimas citadas. “Se acordó negociar públicamente, con representantes de ambos equipos (el saliente y el entrante), e incluso se invitó a periodistas a participar de la negociación. Se llegó a un acuerdo: el Gobierno saliente metió una ley al Parlamento y el entrante luego lo hizo aprobar. Esto posibilitó evitar que haya embargos a futuro y controversias con esa ley, que no sufrió ningún cambio porque fue acordado entre ambos equipos”, rememoró.

Ferreira destacó que esta jugada política posibilitó pagar una deuda muy vieja. Hay que recordar que las empresas SGS y Bivac fueron contratadas durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) para verificar el origen de las mercaderías importadas. Sin embargo, con la llegada de Raúl Cubas a la Presidencia, este decidió dejar sin efecto el contrato, quedando facturas pendientes de pago, con SGS fue de USD 41 millones y con Bivac, USD 21 millones.

“A mí me gustaría ver que se haga estas cosas, ya terminaron las elecciones y no hace falta seguir en esta situación de enfrentamiento, y debemos buscar soluciones que nos beneficien a todos”, insistió el economista.

Al parecer del entrevistado, a Santiago Peña le conviene que se hagan los acuerdos, y resaltó que si él fuera del equipo de transición, lo que haría es tratar de ver cuál es la deuda puntual que tiene el Estado, sacar el número en limpio, pedir al Parlamento una ley que permita hacer una emisión de bonos para cancelar la deuda y reponerla a nivel de costos de Estado, que son más bajos que otra vías que se podrían adoptar.

“Santi debe iniciar su gobierno diciendo que ‘esto no volverá a pasar y lo que tendremos ahora es una coordinación’, y prometer que no haya carga financiera extraordinaria por supuestos atrasos. Se puede coordinar mucho con el equipo saliente, ya que no tiene ningún impacto de imagen al estar de salida. Se puede aprovechar esto”, subrayó.

CONTROVERSIA POR EL DÉFICIT FISCAL

Por otro lado, el exministro se refirió a la controversia generada entre el expresidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, y el Ministerio de Hacienda, referente a su planteamiento de exponer la situación real del déficit fiscal, ya que Fernández Valdovinos consideró que el dato de un 3% del déficit publicado el año pasado por el Gobierno, es un número mentiroso al no sumar otras deudas que tiene el Estado paraguayo, y que en la realidad estaría trepando al 5%.

Al respecto, Ferreira resaltó que Fernández Valdovinos suma las deudas con las empresas vialeras, los proveedores de los medicamentos y con los transportistas, para sacar el número del 5%.

A eso, el economista ahondó que a su parecer también hay llamados a licitación en las entidades públicas en función de su límite presupuestario y no en el tope impuesto a través del plan financiero. “Lo que está ocurriendo es que se hacen llamados, se adjudican y cuando hay que pagar recurren a Hacienda y en Hacienda no tiene registrado esos números. Hacienda va registrando todos los valores que tiene dentro de su plan financiero y ahí hay una diferencia entre el número global y el que tiene el Ministerio de Hacienda”, dijo.

Por ejemplo, recordó que cuando asumió Lea Giménez en Hacienda se “desayunó” una importante deuda en el Ministerio de Salud.

“Un ministerio cualquiera tiene un presupuesto de 1.000 y el plan financiero es de 900, que no tiene fecha, el que tiene fecha es el plan de caja, el cual es menor, como 800, que es la disponibilidad real de lo que tiene Hacienda mediante el cobro de impuestos y otros ingresos. Entonces se hicieron llamados hasta llegar a 1000, y hay unos 200 que quedaron en el limbo, está autorizado legalmente, pero Hacienda no tiene disponible porque no figura en su plan financiero ni de caja”, ejemplificó además.

Lejos de entrar en una discusión con Hacienda, Ferreira insistió en que ahora se debe analizar qué hacer con esta situación de descoordinación que hay y cuesta plata, ver cómo están estipulados los contratos con las empresas (si tienen intereses por mora en el pago), si se pagan sobrecostos, etc.

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Un Estado opacado por ruinas que fue­ron empeorando en rubros esenciales es la oscura herencia del Gobierno saliente y sin piedad en el uso de los fondos a medida que se avecina el traspaso de mando que las autoridades entrantes posiblemente se encontrarán con más infortunio. No se avanzó en salir de la precarie­dad escolar; en salud, se gastó mucho y se sigue sufriendo, un seguro social casi obso­leto para las necesidades de sus asegurados.

El exgerente de Prestacio­nes del Instituto de Previsión Social (IPS) Pedro Halley refi­rió “lo que este gobierno hizo con el IPS es quitarle credibi­lidad con la gente”. Dicho por un conocedor de la institución no pudo irle peor a la entidad financiada por la clase traba­jadora y la patronal ya que el problema no solo se traduce en falta de insumos y mal servicio, sino que ha tocado fondo con una desmoralización a cues­tas, sin precedentes.

Según Halley, este descré­dito popular se dio princi­palmente debido a la pésima atención médica, servicio en el que durante los últimos años tuvieron casos extre­madamente lamentables, como lo que le pasó al señor Ramón Samudio, beneficia­rio del IPS, a quien amputa­ron ambas piernas, presunta­mente por “equivocación”, el cual generó todo un escándalo mediático en el 2022.

El estado financiero de la pre­visional es alarmante, ya que tal como mencionó Halley, durante este periodo el insti­tuto comprometió por 8 años el fondo destinado para la aten­ción de los asegurados con un préstamo de USD 250 millo­nes. Esto a raíz de las deudas que se dispararon con las far­macéuticas y remataron por la plata de los asegurados con esta obligación.

Sobre la infraestructura de la previsional, el exgerente sos­tuvo que actualmente hay “mucho gasto, poca infraes­tructura útil y construcciones vacías de personal”. Subrayó la falta de planificación de man­tenimiento para sus distintas sedes, y el deplorable estado del Hospital Central al que consi­dera “una bomba de tiempo” ya que no cuenta con mitigación de riesgos.

En materia de educación, el presidente del Sindicato de Nacional de Directores (Sinadi), profesor Miguel Marecos, señaló que, durante los últimos 4 años, el sector educativo experimentó un retroceso.

“Dos años y medio perdimos con Eduardo Petta, una per­sona que no sabía absoluta­mente nada de educación hizo que nos retrasemos muchí­simo en aspectos fundamen­tales como la capacitación y formación docente”, enfatizó Marecos.

El mismo señaló que entre los principales desafíos del futuro Gobierno en materia educativa se pueden citar la reducción de los índices de embarazos ado­lescentes, consumo de dro­gas y la tenencia de armas de fuego, que fueron en aumento durante el actual período.

Por otro lado, Marecos agregó que actualmente tienen un aproximado de 4.500 escue­las que requieren de “mucha intervención” en cuanto a reparación de techos, pare­des, baños, conexiones eléctri­cas, entre otros. Vale recordar que 823 instituciones educa­tivas están bajo peligro de derrumbe, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) publicados por Nación Media en diciem­bre del año pasado.

“Es sabido que hay dos empresas grandes que gana­ron serie de licitaciones en muchas escuelas y no se ejecutaron ni a la mitad”, recordó el profesor refirién­dose a las empresas Estruc­tura Ingeniería SA (EISA), y Engineering SAECA.

En cuanto a conectividad en las escuelas, que requirió una inversión en el 2020 de USD 62,1 millones del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y que abarcaría a 1.538 institu­ciones públicas, sin embargo, según datos oficiales, apenas 119 establecimientos educa­tivos lograron completar el esquema de conexión.

Sobre la formación de los docentes, el presidente de Sinadi sostuvo que “se intentó hacer capacitación docente, pero no en la medida que se necesita”, y explicó que para un profesor es crucial el actua­lizarle no solamente dentro de su área de competencia, sino que también se tiene que tra­bajar sobre liderazgo, rela­ciones humanas y trabajo en equipo para que el docente sea un líder dentro de su clase.

Otro clavo de parte del actual gobierno para el siguiente es el préstamo de USD 1.990 millones contraídos mediante la Ley de Emergen­cia por la pandemia del covid-19, se habla de una ejecución del 97 %, pero el impacto es poco claro debido a que segui­mos viendo gente mendi­gando atención en los pasillos de los hospitales. La reciente epidemia del chikungunya nos hizo ver de vuelta gente que en vez de cama se inter­naba en sillones.

De la pandemia también quedó el saldo de un anticipo que se había pagado por el meca­nismo Covax en concepto de 4.279.800 vacunas anticovid, de las cuales tan solo llegaron 1.093.200 biológicos, y quedó pendiente de recuperación USD 5,6 millones, de los que a la fecha no se saben.