El proyecto busca garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o discapacidad, puedan acceder a servicios sanitarios adecuados.

La iniciativa indica que se entiende por baño familiar a un espacio unisex destinado al uso santiario, dotado de las instalaciones y servicios necesarios para garantizar su “accesibilidad, privacidad, seguridad y comodidad para todas las personas”, sin importar su género, edad o discapacidad.

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Se pretende además que los baños familiares ofrezcan un espacio privado y seguro para familias con niños, personas con discapacidad y sus cuidadores que podrían sentirse incómodas o en riesgo en baños separados por género.

De acuerdo a los proyectistas, la propuesta de baños familiares nace de la necesidad de contar con espacios donde una madre pueda ingresar con su hijo varón o un padre pueda acompañar a su hija mujer en un baño público, teniendo en cuenta, sobre todo, a menores de 13 años de edad, que requieren de una asistencia especial.

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El proyecto establece un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para adecuar sus instalaciones y garantizar la disponibilidad de baños familiares.

Los operativos fueron encabezados por la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, a cargo del comisario Ronaldo Benítez, en conjunto con el Ministerio Público, Aduana, Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN.

Uno de los operativos fue realizado en el supermercado “El Ahorrrazo” en Capiatá, de donde se incautaron: 29 cajas de tomates (483 kilos), 16 bolsas de zanahoria (318 kilos), 13 bolsas de zapallo (391 kilos), 54 bolsas de cebolla (938 kilos), 16 cajas de manzana roja (292 kilos) y 37 packs de 12 unidades de aceite.

La pérdida estimada es de G. 60.000.000, según el reporte de la intervención.

El otro operativo anticontrabando se desplegó en el supermercado Colón, ubicado en la ciudad de Guarambaré, de donde también se incautaron mercaderías sin documentaciones pertinentes.

Lo incautado fue lo siguiente: 33 cajas de aceite Vicentin de 12/u de 1.5 litros, 45 cajas aceite Olemix de 4/ u de 4,5 litros, 2 fardos de Nescafé de 12/u de 170 gm, 34 bolsas de cebollas de 20 kg, 28 bolsas de papas de 20 kg/u, 154 panes de quesos de 4kg c/u, 64 unidades de aceite Vicentin de 1.5 litros, 6 unidades de aceite Vicentin de 900 ml y 74 unidades de aceite Solmne de 1.5 litros

En este caso, la pérdida estimada es de G. 100.000.000.

Por disposición del fiscal interviniente, todos los incautados fueron trasladados hasta el depósito de la Aduana, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

De varias localidades del departamento de Canindeyú, los productores se unieron y se congregaron desde temprano para cerrar la ruta principal de Yasy Kañy como medida de protesta.

Desde hace semanas exigen mejores precios de sus productos que, según indican, se les paga entre 380 a 400 guaraníes el kilogramo. Piden que se reajuste a 1000 guaraníes.

Refieren que los precios bajaron mucho en finca y eso genera pérdidas económicas a los productores. Esperan que las autoridades intervengan para mejorar la situación.

Desde ayer, los labriegos endurecieron la medida y comenzaron a retener los vehículos cargados con el producto

La Comisión de Legislación del Senado recomendó la aprobación con modificaciones del citado proyecto dirigido a todas las personas con discapacidad, ya sea, físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada.

Una de las modificaciones propuestas es quelas personas con discapacidad recibirán una pensión mensual de hasta el 25% del salario mínimo legal vigente. Para ser beneficiario según lo planteado en el proyecto se debe tener nacionalidad paraguaya natural, contar con un grado de discapacidad moderada o grave.

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Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconsejó aprobar con modificaciones, de tal modo, a volver más clara la situación con relación a la población objetiva y hacerlo de manera gradual.

Sin embargo, se expuso otro dictamen por el rechazo que se fundamenta debido a la dificultad financiera que representa la aprobación del proyecto.

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Durante el desarrollo de este tema, varios legisladores manifestaron su conformidad con el proyecto. En tanto que, el senador Basilio Núñez, señaló que la iniciativa no tiene la certeza de cuántas personas están con cierto grado de discapacidad y planteó la posibilidad de trabajar en un proyecto de Ley que beneficie a personas con discapacidad severa.

El proyecto fue rechazado y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.