Este miércoles, la Cámara de Diputados se encuentra analizando la derogación del convenio de financiación de la Unión Europea para el sistema educativo de nuestro país.

En entrevista con la prensa, Silvio Ovelar dijo que el Poder Ejecutivo presentará una adenda al proyecto de ley que plantea derogar el acuerdo sobre la Transformación Educativa. Esta medida se estaría realizando por vía de la Cancillería.

El legislador colorado dijo que con la adenda se tratará de poner el convenio conforme a los intereses de todas las partes. “Será llevar adelante las modificaciones al proyecto original que permitiría que con el mismo financiamiento, tener los recursos, pero modificando el texto del acuerdo”, explicó.

El congresista aseguró que la prioridad son los niños, y en este sentido se ve como una alternativa la posibilidad de modificar el acuerdo. “Todos los aspectos que puedan generar polémica van a ser excluidos para facilitar una nueva redacción que no dé margen a dudas en cuanto a lo que plantea el gobierno como eje discursivo en cuanto a la educación”, puntualizó.

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Agentes de Investigaciones de Delitos realizaron todos los análisis en la mañana de este jueves en el barrio San Antonio de Presidente Franco, en el marco de la investigación de un asalto domiciliario ocurrido en diciembre en el barrio La Blanca de Ciudad del Este.

Las víctimas, recién llegadas a España, fueron despojadas de dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Sin embargo, los asaltantes no lograron llevar las imágenes de circuito cerrado, lo que permitió su identificación y posterior captura.

Los operativos, dirigidos por el fiscal Luis Trinidad desde las 06:20, resultaron en la detención de Alex Osmar Cabral González, de 25 años, quien contaba con orden de captura por robo agravado y antecedentes por reducción (2021), robo agravado (2023) y hurto agravado (2024).

También fueron aprehendidos sus hermanos Víctor Miguel Cabral González (20), Kevin Daniel Cabral González (28) y Junior Miguel Cabral González (29).

Durante los allanamientos, se incautaron armas, cartuchos, teléfonos celulares, motocicletas, una camioneta, dinero en efectivo y otros objetos presuntamente robados. El mandamiento de allanamiento fue firmado por la jueza Alba Meza.

El agente fiscal de turno de Encarnación, Meiji Udagawa, solicitó el prisión domiciliaria de una mujer residente en el distrito de Jesús de Tavarangüé, departamento de Itapúa, donde fue imputada por la supuesta comisión de homicidio doloso.

La imputación surge tras la muerte de Narciso Morais Cabral, de 53 años, quien recibió un disparo de un rifle de aire comprimido.

La mujer, identificada como Claudelina Aquino Centurión, alegó que actuó en defensa propia, debido a las constantes amenazas y acechos por parte del fallecido, quien, según su versión, exigía dinero a los habitantes del lugar y amenazaba a las mujeres con palos y cuchillos.

Aquino Centurión explicó que disparó al hombre, quien la estaba acosando, para proteger a su hijo de 2 años, ya que su esposo, camionero de profesión, no siempre estaba en casa debido a sus viajes.

La imputada relató que, en medio de la situación de violencia, el hombre golpeó varias partes de su casa, lo que la llevó a derramar agua sobre él, provocando una reacción aún más violenta. Ante el temor de que el agresor ingresara a su domicilio, Aquino Centurión disparó desde dentro de su vivienda, hiriendo al hombre.

Según el reporte brindado por el policía Arnaldo Núñez al canal GEN, la mujer, identificada como Mirian Graciela Vera (48) , se encontraba en la zona junto a sus dos hijas cuando ambas menores fueron arrastradas por la corriente. En un intento desesperado por rescatarlas, la madre logró salvar a una de ellas (una niña de 9 años), pero terminó perdiendo la vida en el intento de rescatar a la otra menor, de 8 años, que todavía permanece desaparecida. Se aguarda la llegada de la Armada Naval para continuar con la búsqueda.

El lamentable hecho ocurrió en un sector de un loteamiento privado que fue acondicionado con parrillas, sombrillas y espacios recreativos, pero que no cuenta con habilitación para bañistas ni presencia de guardavidas. Si bien existe un cartel de advertencia en la entrada del predio indicando la prohibición de ingresar al agua, este se encuentra alejado de la playa, lo que podría contribuir a que los visitantes ignoren el peligro.

La zona presenta una caída profunda del agua apenas unos metros después de la orilla, lo que representa un alto riesgo para quienes ingresan sin conocer las condiciones del lugar.

Las autoridades locales, incluyendo personal policial, la fiscal de turno y el médico forense, ya se encuentran en el lugar para llevar a cabo los procedimientos de rigor.