La Cámara de Senadores incluyó entre los puntos del orden del día de su sesión de este jueves el proyecto de ley de “Protección a denunciantes y testigos de casos de corrupción” y otro proyecto “Que establece el programa de protección a testigos, víctimas, colaboradores de justicia y otros sujetos intervinientes en el proceso penal”.

Ambas propuestas legislativas tienen enfoques similares, pues contemplan la creación de programas de protección de testigos para diversos casos que requieran la comparecencia para declarar ante los órganos de justicia, como la Fiscalía o la Policía Nacional.

PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE CASOS DE CORRUPCIÓN

La argumentación del primer proyecto de ley habla sobre la necesidad de brindar garantías suficientes y protección a los funcionarios y ciudadanos en general que tengan conocimiento de un hecho de corrupción en la Administración Pública, de manera a que tengan el incentivo necesario para realizar sus denuncias ante los órganos pertinentes.

En ese sentido, se establece que la identidad de los testigos y/o denunciantes se mantenga en absoluta reserva, siendo el órgano de aplicación la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. Para el efecto, se creará un código de identificación especial.

También se contempla la recepción de denuncias en caso de que los testigos o denunciantes sean víctimas de actos de hostilidad, como el despido arbitrario, la disminución del salario, traslado intempestivo a otro lugar de trabajo o cambios injustificados en la naturaleza de su tarea.

En otro apartado, el proyecto prevé la posibilidad de otorgar beneficios económicos a favor de los denunciantes o testigos de actos de corrupción cuando, como producto de la información proporcionada, se haya permitido la recuperación del monto del perjuicio ocasionado al ente en cuestión. El monto de la recompensa equivaldrá al 30% del valor de lo recuperado, conforme a la tasación que sea realizada por las autoridades.

Se excluye de esta ley a quienes sean autores o cómplices de los delitos de corrupción que sean denunciados, ya sea por ellos mismos o por terceras personas, aunque de igual manera se valorará el grado de colaboración de los mismos para los procesos penales en los que pudieran verse involucrados.

PROTECCIÓN A TESTIGOS, VÍCTIMAS, COLABORADORES DE JUSTICIA Y OTROS

El segundo proyecto de ley, si bien es similar al anterior, tiene un enfoque más amplio ya que pretende ampliar el marco de protección a testigos, víctimas, colaboradores de justicia y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, a fin de salvaguardar la vida, la integridad física y psicológica, la libertad y la seguridad de quienes se encuentran en situación en riesgo o peligro por su participación en el proceso penal.

Las medidas de protección se establecerán según cada caso y deberán responder al nivel de riesgo o peligro contra los testigos, víctimas o colaboradores de justicia. Los destinatarios deberán manifestar su conformidad de ingresar al programa por escrito.

El proyecto contempla que las medidas de protección se mantengan vigentes mientras existan los factores o causales que las motivaron o, hasta que las condiciones del caso y los medios disponibles del programa así lo justifiquen.

Las medidas de protección previstas en este programa se dividen en dos clases: asistencia (buscando atender, contener y asistir a los beneficiarios mediante diversos medios) y seguridad (a ser ejecutada mediante un Grupo Especial de Protección (GEP) u otros organismos que tengan capacidad operativa para tal fin).

Dentro de las medidas de seguridad se incluye el mecanismo de traslado de los beneficiarios, la custodia permanente en el domicilio, la confidencialidad sobre sus datos personales, brindar la opción de cambio de residencia si la situación así lo amerita, otorgar una identidad supletoria a quienes sean testigos, víctimas o colaboradores para evitar su identificación, entre otros aspectos.

Las medidas de protección podrán solicitadas tanto por los destinatarios finales como por el fiscal, juez o tribunal a cargo del proceso penal y serán resueltas por el director del programa que será creado a través de la citada ley.

Esta mañana se llevó a cabo un acto oficial en conmemoración por los 100 años de creación de la emblemática Escuela “Solar de Artigas” de Asunción, instalada al costado del Jardín Botánico de Asunción.

El evento tuvo como principales protagonistas a la comitiva de jinetes de la Unión Aparcerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay, quienes realizaron una extensa travesía de más de 1.000 kilómetros desde la ciudad de Montevideo.

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Del acto participaron el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, concejales municipales y autoridades educativas, junto con los estudiantes de la mencionada institución capitalina ubicada sobre la avenida Primer Presidente.

El grupo de jinetes uruguayos realizó un recorrido por el llamado “camino de Artigas”, rememorando el viaje a caballo realizado en su momento por el General José Gervasio Artigas, cuyo nombre lleva la centenaria escuela asuncena.

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Se trata de la única institución educativa dependiente del Ministerio de Educación del Uruguay que se encuentra en territorio extranjero. Por ende, la misma se rige bajo el sistema educativo uruguayo.

Para este domingo 28 de abril se prevé otro acto oficial, considerando que es la fecha en que fue fundada la Escuela Artigas.

A través de un comunicado, el INAN solicitó a la empresa Carlos Gabriel Céspedes Becker (R.E. N.º 26854716/1) el retiro preventivo del mercado nacional del edulcorante de mesa a base de glicósidos de esteviol, de marca KA’A VITAL lotes N° 0133 y № 0146, con fecha de vencimiento 07/12/2024 у 03/04/2025 respectivamente.

La medida fue adoptada debido a que, según resultados de análisis preliminares de muestras de los productos, los mismos sugieren la presencia de contaminación por hongos filamentosos o mohos.

Por lo expuesto, el INAN recomienda a los consumidores que hayan adquirido o tengan en su poder el producto del lote mencionado que se abstengan de consumirlo.

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Luego de varias jornadas de capacitación a directores y docentes de unos 17 centros educativos de la ciudad de Capiatá, con el fin de que los mismos sean verdaderos espacios de prevención escolar, la Dirección de Prevención Integral de la SENAD entregó certificados a los directores que asumen de esta forma el compromiso de elaborar una política preventiva institucional y sostener una estrategia preventiva con la comunidad escolar.

La actividad se desarrolló en la Supervisión Técnica Pedagógica, área educativa 11-01, a la cual pertenecen los centros educativos en cuestión.

Las escuelas y colegios constituyen uno de los ámbitos más estratégicos para la prevención del consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes por lo que la SENAD apuesta al establecimiento de la cultura preventiva.