En el material audiovisual, Teófilo Urbieta muestra todo lo que tuvo que pasar para subir a un colectivo. De dieciséis buses solo uno tenía habilitado el servicio. Se evidenció que varias unidades del transporte público no cuentan con la rampa de acceso, mientras que, otras no tienen configurado el sistema y no lo usan.

“¿Anda tu rampa?”, pregunta Urbieta a uno de los choferes que paró. “Está viniendo el que te puede alzar”, le responde el conductor. Otro chofer baja de su vehículo y le confiesa a Teo: “Nuestra puerta no anda todavía, no está todavía configurada, por eso nomás. El de atrás, 15-3, ya anda” y vuelve a subir a su rodado.

Después de mucho batallar y recorrer varias paradas logró abordar un bus de la línea 23 y 24 TTT S.A. Una vez en el interior, el conductor comenta que son pocas las personas que usan la rampa. “Es la primera vez que me pasa”, reconoce el trabajador.

“El transporte en Paraguay es un derecho de todas las personas. Creemos que todos los esfuerzos que se hacen en torno a la inclusión no serán suficientes si es que la persona no logra llegar a lugar que desea”, señala Urbieta en la parte final del video.

Desde el año pasado se incluyeron al sistema buses con accesibilidad para personas con discapacidad, en el área metropolitana de Asunción. De unos 2094 colectivos registrados, 184 tienen rampa (8,7%). El presidente del Cetrapam, César Ruiz Díaz, reconoció errores y habló de sanciones para los choferes que se nieguen al servicio.

“No todas las empresas todavía tienen las rampas hidráulicas. La exigencia es que el 15% de las flotas deben tener y eso se va a ir aumentando gradualmente”, sostuvo a La Nación. En tanto que, el viceministro de Transporte, Agustín Encina, anunció que abrirán un sumario administrativo a las empresas que no cumplen con la utilización de las rampas.

Las denuncias pueden ser hechas al teléfono 440 855/6, en la cuenta de Twitter @busesMOPC o en la página oficial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

<p>

La agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, presentó la acusación contra personas privadas de libertad sindicadas como responsables de fraudes informáticos.

Los implicados, liderados por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el hombre de las mil voces y condenado por el mismo hecho, habrían falsificado 133 documentos de identidad y utilizado 20 líneas telefónicas en 107 dispositivos móviles.

Mediante la adulteración de datos personales y fotografías, lograron que el sistema de autenticación biométrica “FaceTec” validara accesos no autorizados, permitiéndoles vincular múltiples identidades falsas a una sola billetera electrónica y realizar transferencias fraudulentas.

Los acusados enfrentan cargos por fraude informático, adulteración de documentos y lavado de activos provenientes de sistemas informáticos. El Ministerio Público ha solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.

Se trata de Germán Sergio Benítez Atienza, alias “Anteojito”, quien fue detenido en la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, tras haber permanecido prófugo de la justicia argentina.

De acuerdo a los datos, Benítez Atienza, de 38 años, es acusado de asesinar a una niña de 13 años en un trágico incidente ocurrido en Argentina el 18 de enero de 2024.

El delincuente, considerado peligroso, fue capturado por agentes del Departamento de Inteligencia Policial de Itapúa, gracias a un trabajo conjunto con las autoridades argentinas. Benítez Atienza está imputado por los delitos de homicidio agravado y robo agravado con el uso de un arma de fuego.

El crimen y la fuga

El crimen ocurrió cuando Benítez Atienza, junto a otros dos delincuentes, irrumpió en una vivienda en Argentina. Durante el asalto, dispararon contra la hija de los dueños de casa, una niña de 13 años, quien murió debido al impacto de bala. Tras el asesinato, el acusado huyó, ya pesar de contar con documentos tanto paraguayos como argentinos, logró evadir la captura durante varios meses.

La detención de Benítez Atienza fue posible gracias a la cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Con su arresto, las autoridades avanzan en el proceso judicial en busca de justicia para la familia de la víctima.

El Tribunal integrado por Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, condenó a Walter Bower a 15 años de cárcel por el hecho punible de tortura contra policías.

Te puede interesar: Intervienen cerro Akangue y destruyen tres hectáreas de marihuana

Merardo Palacios y Osvaldo Vera también fueron condenado a 12 y 6 años de cárcel, respectivamente, por el mismo hecho.

Los tres condenados serán remitidos a la cárcel de Viñas.

Walter Bower, y los expolicías, Osvaldo Vera y Merardo Palacios, fueron declarados culpables por torturar a uniformados en mayo del 2000 en la Marina y en la Comisaría 11.

Para el Tribunal de Sentencia quedó comprobado que estas personas participaron en los hechos de maltrato, por lo que, dictaron sentencia contra los mismos.