Santiago Bertoni, quien selecciona a las empresas que importaran semilla de cáñamo, sostuvo que la comisión interinstitucional continúa reuniéndose para las evaluaciones correspondientes, de modo a concretar las habilitaciones a aquellas empresas que la solicitaron. “Nos reunimos a través de videoconferencias debido a las medidas sanitarias vigentes, en la próxima reunión que posiblemente sea la semana que viene, estaríamos habilitando a 4 empresas más para las importaciones y pruebas correspondientes”, adelantó.

Las empresas habilitadas hasta ahora son dos, EVONA y HEALTHY GRAINS, en la reunión de la próxima semana estaríamos habilitando a MARKET y otras tres, de las cuales dos son empresas nacionales y una americana, cuyas gestiones pararon a consecuencia del coronavirus.

Explicó que los trabajos cobraron menor ritmo y celeridad debido a las medidas sanitarias por el COVID-19, “estamos trabajando más lento porque no contamos con el personal suficiente, las gestiones burocráticas internas que deben hacerse en forma personal, están paradas de momento pero vamos avanzando. Los tramites de presentación de documentos son presenciales y son las que están pendientes”.

El MAG había autorizado a dos empresas para iniciar la experimentación agronómica del cáñamo, con miras a la aprobación comercial. El rubro fue introducido dentro del Programa de Agricultura Familiar y anunciado que en marzo de este año comenzarían la siembra en fincas de hasta 2 hectáreas por familia y abarcaría a unas 25 mil familias. Sin embargo eso no ocurrió y la misma se concretaría entre los meses de setiembre y octubre, próximos.

El Ministerio de Justicia puso en marcha una transformación radical en el sistema penitenciario con la eliminación total de la circulación de dinero en efectivo dentro de los nuevos centros de reclusión del país. En su lugar, las personas privadas de libertad (PPL) operan mediante billeteras electrónicas virtuales que se activan de forma exclusiva a través de un lector de huellas dactilares.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó a radio Ñanduti que esta tecnología ya se encuentra plenamente activa en el Centro de Reinserción Social de Emboscada (Comple), comenzó a ejecutarse en la penitenciaría de Minga Guazú y su próxima parada de implementación será el penal Martín Mendoza.

Para evitar riesgos de seguridad, los internos no tienen acceso a teléfonos celulares, tarjetas ni a ningún dispositivo físico de pago, elementos que están estrictamente prohibidos en los regímenes de máxima seguridad.

El funcionamiento es 100% biométrico y a cada recluso se le habilita una cuenta virtual a la que se le asigna un crédito. Al momento de adquirir productos en las cantinas de las penitenciarías, el interno solo debe asentar su dedo en el lector de huellas para verificar su saldo disponible y autorizar los descuentos de su compra.

De acuerdo con el viceministro, este sistema corta de raíz los esquemas convencionales de corrupción que históricamente azotaron a las cárceles.

“Esto garantiza no solo transparencia y trazabilidad, evita también situaciones de coacción por parte de algún funcionario hacia la persona privada de libertad, como también a la inversa cualquier intento de soborno. Nos da bastante control porque podemos saber qué producto compra y con qué frecuencia”, detalló Maciel.

Asimismo, al ser consultado sobre el peligro de que estas billeteras sean utilizadas para recepcionar dinero proveniente de las conocidas estafas telefónicas desde las cárceles, el alto funcionario respondió que sería una torpeza absoluta de parte del interno que haga eso. Explicó que el monitoreo es en tiempo real y el sistema registra con precisión el nombre y los datos de cada persona que realiza una transferencia, facilitando el trabajo del Ministerio Público ante cualquier sospecha.

La plataforma no permite el libre flujo de capitales. El Ministerio de Justicia estableció límites estrictos al dinero que puede ser depositado en las cuentas de los reclusos, y existe una lista rigurosa de familiares autorizados para realizar dichas transferencias. “No es que se va a poder depositar 10 millones, existen límites”, acotó.

La autoridad contó que además de la ayuda familiar, la billetera electrónica se convirtió en la vía legal para que los internos bancarizados perciban sus “recompensas pecuniarias”. Esto corresponde al salario que reciben por parte de empresas privadas que aliadas a los programas de reinserción laboral de las penitenciarías.

Jaime Bestard, ministro del TSJE, explicó que el cronograma electoral fue elaborado con mucha anticipación y se cumplió de manera puntillosa desde el inicio hasta hoy con todas las fuerzas políticas.

Las auditorías se calendarizaron y ejecutaron del 1 al 27 de febrero. “Durante todo el mes estuvieron acá en la Justicia Electoral muchísimos representantes técnicos de las fuerzas políticas y se desarrolló incluso con la presencia de funcionarios técnicos, extranjeros, gente de la OEA, de CAPEL, absolutamente en forma normal”, comentó Bestar, en un contacto con el canal Gen.

Sin embargo, recientemente se instaló la idea de que pueden haber dudas y se vuelve a exigir la auditoría, fuera de los plazos estipulados.

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Pese a ello, el ministro Bestard confirmó que, en señal de apertura, el TSJE recibirá a los representantes técnicos de cada partido que estén interesados en aclarar dudas.

“Nosotros estamos dispuestos a hacer las reuniones la semana que viene, preparando nuestra gente para que brinden todas las explicaciones que hagan falta, manteniendo la fecha de las internas”, aclaró Bestard.

Señaló que, evidentemente, no se podrá dedicar todo un mes de auditoría nuevamente como sucedió en febrero, pero que sí podrán hacer hasta dos días de jornadas exclusivas para aclarar las dudas.

El ministro enfatizó que no será modificado el cronograma, es decir, las internas se realizarán el 7 de junio y las municipales el 4 de octubre.

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La emblemática vivienda de Serafina Dávalos, ubicada en pleno centro de Asunción (sobre la calle Luis Alberto de Herrera casi Estados Unidos), se encuentra en un avanzado estado de deterioro y abandono que amenaza con su derrumbe definitivo.

Ante la inacción de las autoridades, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) junto con otras 13 organizaciones de la sociedad civil se movilizaron este martes para exigir respuestas urgentes al Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que posee el título de propiedad del inmueble.

Las representantes de estas organizaciones, acompañados por Gabriela Dávalos, sobrina-nieta de la prócer civil, acudieron a la sede central de la previsional para entregar una nota formal y un dossier de firmas ciudadanas al presidente del IPS.

Aunque tras la reciente presión mediática el IPS realizó una limpieza superficial de la fachada, el interior de la casona está en ruinas. El inmueble fue declarado Bien de Valor Patrimonial Cultural Nacional por la Secretaría Nacional de Cultura en 2021, pero la falta de seguridad lo convirtió en blanco de delincuentes.

“Se cae a pedazos. Sacaron todos los detalles de hierro. Serafina era muy aficionada a la arquitectura y la casa estaba llena de riquísimos detalles con metal, moldería, madera y vidrio. Hoy queda poco y nada porque se roban el hierro para vender”, lamentó Gabriela Dávalos en entrevista con GEN.

El proyecto plantea que la restauración sea una responsabilidad compartida. Debido a la envergadura de la obra, proponen que el IPS delegue y coordine acciones con la Oficina de la Primera Dama (que lidera la puesta en valor de sitios históricos), la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y el Ministerio de la Mujer. El objetivo final es transformar el lugar en un espacio seguro de arte, cultura, biblioteca y contención para todas las mujeres del país.

RESPALDO DEL CONGRESO

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que declara de interés nacional la recuperación, preservación y puesta en valor de la casona histórica, metiendo presión a la previsional para que preserve su propio activo.

Serafina Dávalos rompió los paradigmas de su época al convertirse en la primera mujer abogada del país y se consagró como una de las pioneras absolutas en la lucha por los derechos civiles, políticos y la participación de las mujeres en la vida pública nacional.